Zamora

Vecinos de las localidades afectadas piden no «despilfarrar» el dinero de las ayudas

Un recuento oficial que vino acompañado con el anuncio de las primeras ayudas para la reconstrucción de viviendas, 252.000 euros que iban a parar a Cubo de Benavente, una de las localidades más afectadas en la provincia de Zamora por el incendio originado en la vecina Molezuelas de la Carballeda. Allí fueron tres las casas alcanzadas por la lengua incandeste y una nave industrial con material de ferretería. Un negocio del que dependen más de una veintena de familias, incluida la de Raquel Trigo, la propietaria de la instalación, que tiene alquilada desde hace años a la empresa ferretera.

El regidor de Cubo, el popular Emiliamo Bresme, defiende que a nivel de municipio «no tienen queja» con respecto a la gestión de las ayudas. Les han concedido «unos 23.000 euros» para contratar a dos obreros a jornada completa durante seis meses para acometer labores de recuperación. También ha pasado por allí la máquina encargada de hacer el desescombro.

Trigo disiente y muestra su indignación por las ayudas anunciadas para su localidad, de las que, por el momento, le corresponden un total de 0 euros. «A mí no me ha llegado absolutamente nada y preveo que no me va a llegar», afirma con rotundidad. El esqueleto de cenizas de la que fuera su nave sigue aún en pie y desconoce si le corresponderá alguna ayuda. «El arquitecto que vino los primeros días me dijo que derribarían y se llevarían los escombros, pero de momento al orden de la Junta es no tocar. Es una nave que hacerla ahora mismo me costaría 200.000 euros», lamenta, ante la incertidumbre de no saber qué pasará con un negocio del que depende gran parte de su sustento, fuente principal de sus ingresos.

«Yo tengo un negocio en el pueblo. Las tiendas, los bares, la farmacia, la carpintería, somos los que lo mantenemos y a nosotros no nos van a dar ni un duro, mientras que a los propietarios de viviendas que vienen aquí una semana a hacer turismo les dan 200.000 euros», crítica. Aclara que el problema no lo tiene en lo que le den a los demás, sino en que nadie se haga cargo de su situación. «He ido a Vivienda y me han dicho que lo que han hecho con más celeridad es ayudar a las casas, que no saben si hay otras líneas en Industria. Lo que van a hacer es pasarse la pelota».

Un limbo que, de quedar así, no van a poder solventar con la indemnización que les corresponda del seguro, pues estiman que no cubrirá el coste total de su reconstrucción. En su día levantarla le costó 150.000 euros, bastante menos de la inversión que le supondría hacerlo ahora. «Se está tirando el dinero injustamente», sostiene, sobre la gestión del las ayudas y se muestra especialmente crítica con la subvención directa para realojados, una medida que tilda de «populista», con las elecciones a la vuelta de la esquina: «Por cada 500 euros un voto».

Coincide en la crítica Yolanda Clemente, vecina de Molezuelas. Su marido, apicultor, ha perdido cuatro de las 16 colmenas que mantiene como actividad secundaria, prácticamente por afición. Por cada una de ellas les corresponden 150 euros que aún no han llegado, sin que estén condicionados a una reposición de las colmenas. A mayores, explica que la Junta se ha puesto en contacto con él para saber qué daños ha tenido y si necesitan alimento. Así lo asegura también Teo Peral, vecino de Clemente y apicultor profesional. Ha tenido «suerte», frente a otros compañeros de la zona «mucho más afectados», ya que todas sus colmenas han quedado intactas. No así la flora de la que se alimentan, arrasada en unas proximidades de dos kilómetros.

Aunque su situación no es urgente, calcula que los incendios afectarán en torno a un 5% de su producción, solo en este año, por eso tilda de «limosna» la concesión por colmena. «Si estoy vendiendo núcleos a 100 euros, una colmena entera, más la producción del año que has perdido, más otro año que te hace falta para recuperar el ganado de esa colmena, te están pagando de alguna manera el cajón».

Clemente, con el miedo aún en el cuerpo tras «15 días sin ver el cielo» pone el foco en el «despilfarro», en alusión a la frase de Suárez-Quiñones, que supone dar ayudas sin ningún tipo de condición. «Menos ayudas y más prevención en incendios», pide, ya que en su opinión los 500 euros por cada familia desalojada -que en muchos casos les ha supuesto pasar la noche en un polideportivo aunque también hay quien ha acudido a hoteles- estarían mejor invertidos en una «planificación forestal que de trabajo». Y que evite fuegos futuros vista la ferocidad de unas llamas que han alcanzado el núcleo de muchas localidades.

Su visión la respaldan también otros vecinos, que están valorando con el Ayuntamiento la posibilidad de donar esos importes para el pueblo. Así lo asegura el regidor local de Molezuelas, Alexandre Bertín Satue (PSOE), a quien le gustaría que aumentaran las cuadrillas que le mandan para las tareas de desbroce y que su municipio, con un presupuesto anual de 100.000 euros que le da «poco más que para pagar la luz» no se puede permitir. Este año llegaron «a finales de junio» y estuvieron «cuatro días». «Para mí eso no es suficiente», esgrime. Y pide ayuda económica para poder acometer la repoblación de la masa vegetal perdida, con robles y encinas, para que puedan recuperar las aclamadas berreas del ciervo.

No todo son críticas. Fernando Alzola, también apicultor y propietario de la única bodega que quedaba en pie en el municipio, calcinada parcialmente, valora que se hayan «molestado» en llamar y estudiar los daños. Se han comprometido, explica, a rehabilitar el cabezal y la puerta de la bodega y aunque pide «que no quede en palabrería», entiende que «son cosas que van despacio», frente a otras prioridades, por la complicada situación de algunas explotaciones ganaderas y agrícolas.

Precisamente la consejería del ramo publicaba este martes el listado con los primeros beneficiarios de ayudas directas de 5.500 euros, cerca de medio millar que percibirán unas cuantías que suman unos 2,5 millones de euros. Insuficientes pasa Asaja Ávila, que ha pedido que se rectifiquen para no dejar fuera agricultores y ganaderos profesionales, tras identificar tres casos en los que se han producido exclusiones «meramente burocráticas».

En el paquete de 45 medidas se incluye también otra línea destinada a empresas o negocios de las localidades afectadas. Es el caso de Mina Fernández, que regenta apartamentos rurales en San Martín de Castañeda, desalojada por el incendio de Porto. Ni allí ni en la otra decena de pueblos de la zona de la Alta Sanabria que se vieron amenazados por ese foco llegaron a entrar las llamas. Pero sí han tambaleado la economía local, muy dependiente del turismo. «Nos han hundido», precisa Fernández, que está viendo cómo aún se siguen sucediendo las cancelaciones de reservas que estaban previstas ya para finales de septiembre.

«El negocio está muy afectado porque las noticias que salen tampoco son buenas», se queja, ante informaciones que apuntan a que se ha quemado todo el entorno del Lago de Sanabria, algo que niega. «El entorno del Lago no está quemado, tienes que subir a la sierra para ver calcinado». Tampoco ayuda que en Google Maps, la carretera de acceso a sus apartamentos aparezca cortada, pese a que solo lo está un tramo en los kilómetros siguientes, desde San Martín a Laguna de Peces. Aún están tramitando con el Ayuntamiento las ayudas que le correspondan, aunque avanza que los 5.500 euros anunciados son una «misería» frente a las cuantiosas pérdidas: «No tenemos ni para empezar»