Estafan 4.000 kilos de caracoles valorados en 33.882 euros a una cultivadora de Zamora
Tribunales ·
La sentencia impone dos años de prisión al acusado, que no irá a la cárcel por «enfermedad grave»La Audiencia de Zamora ha impuesto dos años de prisión a un empresario de Guadalajara por una estafa en una compraventa de caracoles. El ... acusado, a quien el tribunal le ha suspendido la condena de cárcel «por causa de enfermedad grave» y a condición de no volver a delinquir en dos años, tendrá que pagar a la perjudicada, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización de 33.882 euros.
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El supuesto empresario, que ya había sido condenado en 2018 en Reus a seis meses de prisión por un delito de estafa, explica la sentencia, «con ánimo de obtener ilícito beneficio» había operado en el sector de la helicicultura (caracoles para alimentación) con diferentes nombres comerciales y se amparó en «empresas inexistentes» como Torres Borgas, La Caracolera, Sociedad Cooperativa, Asociación La Caracolera, Sociedad Agraria de Transformación Caracol Col y Sociedad Agraria de Transformación Productores de Caracol Ibérico «que en ningún momento llegaron a constituirse legalmente».
Puntualiza el juzgador que el acusado actuaba al amparo de estas sociedades «como si se encontraran a pleno funcionamiento y rendimiento, anunciándose como un referente a nivel nacional e internacional» y sostenía la existencia de canales de comercialización de los caracoles por tener contactos en Horeca (Hotel, Restaurante y Catering). A través de estas empresas, el encausado «creó un entramado aparentemente real con el objetivo de atraer socios, previo pago de cuotas de admisión, e intermediar de forma ficticia en la producción y compraventa de caracoles, apropiándose de las producciones anuales».
Asociación La Caracolera
El 18 de abril de 2018, una criadora de caracoles de Zamora vio el anuncio que el acusado tenía en la página web Milanuncios.com relativo a la compraventa de caracoles y, a través de su novio, entró en contacto con el empresario. Tras intercambiarse varios correos electrónicos, el acusado remitió a la criadora unos pretendidos estatutos constitutivos de esas sociedades y la mujer decididó formar parte de la Asociación La Caracolera y pagó al acusado 120 euros como cuota anual. Acordaron entablar relaciones comericales y el acusado se comprometió a recoger la cosecha de caracoles de la explotación de la productora zamorana.
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El 18 de diciembre de ese mismo año se recogieron en la explotación cuatro palés de caracoles con un peso total de 1.390 kilos valorados en 11.798 euros (más otros 1.179 euros de IVA, declarados en Hacienda por la productora). El 29 de octubre de 2019 se retiraron de la explotación, ubicada en una localidad zamorana, 1.485 kilos de caracoles y al día siguiente, una segunda partida de 1.650 kilogramos valorados en total en 18.785 euros (más 1.878 euros del IVA). En total, el perjuicio asciende a 33.882 euros, correspondientes a las valoraciones de las producciones de caracoles de 2018 y 2019, el IVA y el importe de las cuotas anuales de la asociación de esos años, 120 euros por anualidad, que no ha sido abonado por el acusado, indica la sentencia.
El juicio por estos hechos estaba programado para el pasado 29 de noviembre pero no llegó a celebrarse porque el procesado, natural de Zaragoza pero con domicilio en Guadalajara, y con antecedentes penales a efectos de reincidencia, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular, reconoció los hechos y se conformó con la pena.
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Primera necesidad
El ministerio público había solicitado inicialmente que se le pusiera una condena de dos años y seis meses de prisión, además de una indemnización a la perjudicada de 32.206 euros. Por su parte, la propietaria de la granja de caracoles denunciante había solicitado ocho años de prisión y multa de 24 meses por delito de estafa agravada por recaer sobre cosas de primera necesidad y abuso de su credibilidad empresarial, aunque contemplaba, subsidiariamente, por un delito de estafa, tres años y otros tres por un delito de falsedad en documento mercantil. Finalmente, las partes han llegado a un acuerdo por una condena de dos años por la estafa y la Audiencia de Zamora ha dictado sentencia de conformidad.
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