Valladolid

Vivir después de la trata: «Muchas veces cuando se cierra un piso siguen ejerciendo»

Solo esta congregación religiosa, una de las cinco entidades del tercer sector que forman parte del programa Atrapadas de la Junta de Casilla y León, atendió el año pasado en Valladolid a nueve mujeres con la consideración oficial de víctimas de trata, para lo que es necesario que medie una denuncia, mientras que en otros 37 casos identificaron indicios. «Son mujeres que bien mediante engaños o por la necesidad de procurarse una vida mejor emprenden un viaje que muchas personas no se atreven y que las lleva a un lugar desconocido y potencialmente sin apoyos», explica Noemí Lara, trabajadora social del centro Albor, que rebaja el entusiasmo general cuando se habla de víctimas liberadas en el marco de una operación policial como la acontecida la semana pasada en Valladolid, con el desmantelamiento de un clan familiar de origen paraguayo que mantenía en situación de cuasiesclavitud a 13 víctimas sexuales.

«Hay que dejar constancia del significado que tiene la palabra liberadas cuando se habla de que tras una redada policial se cierra un piso. Porque muchas veces lo que hacen esas mujeres es cambiar en lugar en el que ejercen», apunta Lara ante en lo que muchas veces supone una evolución de la trata a la explotación sexual, empujadas por la necesidad de «seguir respondiendo a las necesidades familiares» en un contexto de desarraigo en el que no disponen de otra forma de ganarse la vida.

Fue el caso de Adriana, nombre ficticio, superviviente de una red de trata desmantelada en Valladolid. «Ella siguió siendo explotada en otro piso mientras nosotras la atendíamos desde el centro de día con las necesidades que nos iba demandando. Se le ofreció varias veces el recurso de acogida, pero lo rechazaba. Pasado un tiempo se volvió a poner en contacto con nosotras con un problema de salud mental bastante fuerte por el control que ejercían sobre ella en el piso, las presionaban para consumir», rememoran, sobre las dificultades que atravesó la que hoy es una superviviente de la trata, antes de poder retornar a su país, un proceso que implicó una coordinación con algunas administraciones, como el consulado de Brasil, hasta poder hacer el acompañamiento al aeropuerto.

El miedo a represalias contra sus familiares en sus países de origen al no poder pagar la deuda contraída con la organización criminal, hace que muchas veces rechacen colaborar con las autoridades, el camino más corto en lo administrativo para conseguir un permiso de residencia que les permita optar a otras fuentes de ingresos y ayudas ligadas a su condición de víctimas de trata, a lo que se suma la desconfianza frente a los cuerpos policiales: «Saben que a veces la persona que las ha traído tiene contactos con la Policía en los países de los que proceden y de alguna manera eso lo generalizan. Ellas no conocen España, no saben cómo funcionamos aquí».

Frente a esto, entidades como Albor, que entre otros recursos dispone de diez viviendas residenciales repartidas por toda España para cubrir la necesidad más básica, como lo es un techo donde vivir y recuperarse, se convierten en la única alternativa que tienen estas mujeres para dejar atrás la explotación sexual. «Independientemente de que haya puesto o no denuncia nuestra respuesta es la misma. Primero es saber qué es lo que ella quiere y tras una primera atención por la situación de shock en la que normalmente se encuentran, damos respuesta a las necesidades más básicas, porque salen sin ropa y sin comida, explican.

Los itinerarios de ayuda varían tanto como el número de víctimas que atienden, pero los recursos que ofrecen son los mismos para todas. «Les ofrecemos siempre los recursos residenciales de Oblatas, o incluso de otras entidades -gracias a la colaboración en red entre estas instituciones-. Otras muchas veces hemos tenido que pagar una pensión o darles alimentos hasta poderlas derivar a ese recurso residencial, pero siempre respetando lo que ellas quieren», enfatizan. El acceso a estas viviendas es además un punto clave en su recuperación, porque les permite «salir del contexto de miedo de que en cualquier momento alguien las reconozca», al facilitarles la posibilidad de empezar de cero en otros lugares. El centro de día que la asociación mantiene en la calle Santuario de Valladolid es otra de las piedras angulares del proyecto, donde cualquier mujer en situación de prostitución o en riesgo de caer en manos de una red de explotación sexual, puede acudir en busca de asesoramiento legal, terapia psicológica u orientación laboral.

Casi todas ellas tienen en común un perfil muy claro. «Mujeres, con cargas familiares, que viven en una situación precaria en su país de origen y se ven abocadas, porque no tienen otra salida y siempre creyendo que su vida va a mejorar, a ser trasladadas a España», apuntan desde la UCRIF. Aunque no en todos los casos es así. «Mi historia no es cómo la de miles de personas, no vengo de una situación de extrema pobreza, pero sí de una familia desestructurada, donde dentro de mi casa yo era invisible», explica Marcela, nombre ficticio, superviviente de la trata que hoy forma parte del equipo de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP).

Estudiante de derecho en Brasil, trabajaba en un bufete de abogados, pero debido a la crisis económica se quedó en paro, lo que la colocó en una situación de vulnerabilidad de la que se sentía culpable. «Cuando hablo o de vulnerabilidad es no tener trabajo y tener las ganas de demostrar a nuestros padres que podemos llegar a ser alguien en la vida sin la ayuda de ellos», rememora sobre una situación que 20 años atrás le hizo caer en manos de una red de explotación que se aprovechó de sus anhelos: «Cogen nuestros sueños, nuestros puntos más débiles. Nos engañan y nos traen aquí para explotarnos sexualmente adquiriendo una gran deuda».

Ahora es Marcela, como mediadora social y lingüística de la Unidad de Rescate en un equipo móvil con el que atienden a mujeres en situación de prostitución en Valladolid y distintos puntos de España, quién ayuda a salir a otras chicas que están pasando por lo mismo que ella vivió, gracias a la misma mano amiga que le permitió salir. «APRAM llegó a mí a través de la unidad móvil en un momento que yo no podía más con esta situación. Me brindaron asistencia psicológica, también pasé por talleres de formación y hoy estoy aquí», detalla Marcela, que trabaja «en primera línea, la más peligrosa» para ayudar a otras mujeres a empezar una nueva vida, con dos mensajes claros. «Les diría que no todo lo que reluce es oro, que no vengan porque serán explotadas, tanto laboral como sexualmente», asevera, sabedora de que no la creerían «porque todo el mundo quiere tener la oportunidad de vivir su sueño». Frente a esto «tienen que saber son víctimas de un delito y que tienen sus derechos. Denuncia, solo así podrás tener una nueva vida, no estás sola y aquí la ley funciona».

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