La urbanización Santa Ana se convertirá en barrio

Una de las aceras de las calles de Santa Ana, levantadas por las raíces de los árboles./A. S.
Una de las aceras de las calles de Santa Ana, levantadas por las raíces de los árboles. / A. S.

El acuerdo, que ya revisa la Intervención municipal, conllevará el arreglo de calles, redes de agua, zonas verdes y alumbrado

J. Asua
J. ASUAValladolid

Fin a un contencioso que se arrastra desde hace más de una década, y principio de la puesta a punto de una zona en avanzado estado de deterioro. Los vecinos de la urbanización Santa Ana han aprobado por unanimidad, en una asamblea celebrada el pasado 14 de noviembre – en la que se registraron 296 votos a favor y dos abstenciones– el convenio negociado con el Ayuntamiento de Valladolid para que este amplio desarrollo residencial, formado por más de 450 chalés, situados en el Camino Viejo de Simancas, pase a considerarse como un barrio más de la ciudad y, así, el Consistorio se haga cargo del mantenimiento y conservación de sus calles y zonas verdes, que pasarán a ser de titularidad pública.

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La Asesoría Jurídica Municipal y el Servicio de Intervención analizan el acuerdo diseñado entre la Concejalía de Urbanismo y los representantes de los residentes para dar el visto bueno definitivo. El convenio contempla que los propietarios aportarán 300.000 euros en dos años para acometer las reparaciones de viales, alumbrado, redes subterráneas y parques, mientras que las arcas municipales contribuirán con otros 400.000 con la misma finalidad. El objetivo es dejar el área en perfecto estado de revista –la estimación de su puesta a punto completa asciende a 873.562 euros– antes de que Santa Ana sea considerada, a todos los efectos, como un enclave más del municipio. Una vez se rubrique el convenio, cada vecino tendrá que abonar, además, la tasa de vado anual por la entrada a sus garajes, que a día de hoy se calcula en 67,88 euros.

Santa Ana se promovió en 1994 cuando gobernaba la ciudad el socialista Tomás Rodríguez Bolaños. Se levantó bajo la figura urbanística del PAU, un modelo que se planteó para barrios periféricos, que obligaba a que los propietarios de las viviendas asumieran los costes de mantenimiento a través de la denominada entidad urbanística de conservación para mantenerla. En este caso, no se constituyó, lo que derivó en la desatención de las zonas comunes y calles. Con la extensión de la ciudad hacia el sur, la urbanización ya está plenamente integrada en la trama.

El anterior equipo de gobierno, en 2013, tiró de los argumentos de una sentencia para responsabilizar a la bodega Vega Sicilia, adjudicataria de los terrenos en 1991, de los arreglos. Tres años después, en 2016, el actual ejecutivo revocó aquella solución basándose en la debilidad de los argumentos que manejó el PP. Según consideró el Consistorio, endosarle a la empresa la responsabilidad no se ajustaba a derecho al haberse constituido, posteriormente, una junta de compensación, lo que suponía una subrogación real de la zona.

Desde entonces, Ayuntamiento y vecinos han negociado para llegar a un acuerdo, que llega después de dos años y numerosos procedimientos judiciales promovidos por los vecinos. «La zona va a quedar bien y se va a poner fin a un conflicto que se arrastra desde hace más de una década. Es un área de la ciudad que debería considerarse como un ámbito normal, no como algo raro», explica el edil de Urbanismo, Manuel Saravia, quien recuerda que en este asunto, «como en otros más, el Ayuntamiento está haciendo frente a una situación que no ha creado, pero que no quiere dejar sin resolver, a pesar de los costes de todo orden que le pueden suponer».

El máximo responsable del área acota que la Administración Local no renunciará a reclamar a los que fueran promotores del desarrollo su aportación a la regularización de la urbanización, aunque considera que es hora de arreglar un problema que no puede aplazarse ‘sine die’.

Respecto a las obras que se abordarán en los próximos dos años, Saravia matiza que la inversión municipal de 400.000 euros supone el arreglo de dos calles en cualquier otra zona de la ciudad y confía en las bajas que pueden registrarse en los procesos de licitación de los trabajos, que, en algunos casos, se acometerán con personal municipal, lo que podría rebajar la partida que aporta el Consistorio. El Ayuntamiento estima que, finalmente, la contribución de los propietarios y del municipio será pareja.

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