Los Morchón hacían regalos a empleados de residencias por derivar fallecidos a su funeraria

Al respecto de esta documentación, el letrado de la familia Morchón (cuyos integrantes declararán como investigados ante la jueza instructora el próximo 16 de septiembre) ha puntualizado sobre estas conversaciones relacionadas con las residencias que «no tienen nada que ver con este procedimiento» y, además, que de los «más de 30.000 correos analizados, apenas una treintena estarían relacionados con la investigación».

La información sobre los supuestos pagos a residencias aparece en dos dietarios localizados durante los registros del Tanatorio El Salvador y el domicilio de Ignacio Morchón Vaquero, actual director y gerente del grupo fundado por su padre, el veterano funerario que también figura como investigado en el marco de la Operación Ignis. Esta se destapó en 2017 tras el intento de chantaje a Morchón padre por parte de un trabajador ya jubilado de la empresa, Justo Martín. Sus libretas incriminatorias en las que detalla los supuestos 'cambiazos' de féretros con nombres y apellidos de los difuntos y fechas concretas son la base de la instrucción judicial que entra en su recta final, después de que la jueza descartara a finales de julio una nueva prórroga.

En los dos dietarios correspondientes a 2011 y 2015 se relacionan de forma manuscrita residencias de ancianos de la provincia y el nombre de los fallecidos en las mismas, con «numerosas anotaciones en las que aparece el término pagado junto con una fecha distinta a la de los óbitos«. En concreto, puntualiza la Policía Judicial, en el dietario correspondiente al ejercicio de 2011 aparece la referencia de »pagado« en 66 ocasiones, mientras que en el correspondiente a 2015 aparece la anotación en 41 registros. El montante del pago va de los 200 euros, en la mayoría de las ocasiones, a los 150 euros por fallecido. Según los investigadores, una vez cotejados estos apuntes con conversaciones de chat entre Ignacio Morchón Vaquero y el personal asociado a residencias de ancianos, «parece desprenderse que la Agencia Funeraria Castellana pudo colocarse en una situación privilegiada para acudir a prestar servicios funerarios a numerosas residencias de la tercera edad, en perjuicio del resto de operadores, utilizando para ello el pago en metálico y en especies a personas que estarían relacionadas con dichos centros, más de veinte residencias«.

Uno de estos dietarios, de color azul y fechado en 2015, que estaba en el domicilio de Morchón hijo, ocultaba en su interior un folio doblado con un texto fotografiado a su vez. En dicho texto, supuestos trabajadores anónimos conminaban al gerente a «poner al día los atrasos» de la próxima nómina, correspondiente a los tres últimos años, con la amenaza de que, si no lo hacia, «mandaremos una carta a todas las compañías de seguros y a la prensa contándoles todo lo que hacemos con las cajas y las flores de las incineraciones».

En las conclusiones de su último informe, la Policía Judicial considera que en la ingente documentación analizada hay base suficiente para «apuntalar» la acusación contra la familia Morchón de una práctica irregular que habría comenzado a raíz de las denuncias de los vecinos de la urbanización próxima al tanatorio El Salvador por los humos de las incineraciones, lo que habría decidido a la gerencia de la empresa a derivar las cremaciones al cementerio de Santovenia. Y hacen hincapié en la participación de la hija menor en las actividades supuestamente ilícitas, a pesar de las reiteradas manifestaciones exculpatorias del gerente hacia su hermana Laura y de que el letrado defensor, Guillermo Ruiz Blay, ha solicitado que se la excluya del procedimiento judicial. Para los investigadores, está acreditado tanto por los correos como del estudio de los discos duros y del servidor del Grupo El Salvador que la hija menor «no se limitaba a rellenar máquinas de tabaco de la cafetería o a efectuar compras en los supermercados», sino que «participaba en la dirección y toma de decisiones del nuevo tanatorio y, por lo tanto, no podía ser ajena al trasiego de cadáveres desde estas instalaciones hasta el cementerio de la misma empresa».

Un elemento clave es el ordenador existente en el puesto de recepción del nuevo tanatorio, desde donde los responsables controlan el proceso de incineración del horno crematorio y su funcionamiento, motivo por el que considera la Policía que «no pueden alegar desconocer el que incineraciones programadas no se iniciaran o que se produjera la interrupción del funcionamiento del horno pare extraer el féretro de su interior y su traslado al cementerio» de Santovenia. Más bien, concluyen en su informe, «supone una participación directa en los hechos investigados del personal de administración del nuevo tanatorio».

Además de las «continuadas irregularidades contables y fiscales, de la doble contabilidad», apostillan, «no se puede eludir la responsabilidad ni de los directivos del tanatorio ni de los empleados, cuando una incineración ha sido presenciada por familiares y posteriormente se ha comprobado que el cadáver fue incinerado en el cementerio».