Los sindicatos avisan de que un recorte en Correos afectaría al medio rural de Valladolid

La Airef es un organismo independiente de control fiscal creado en 2013 por el Gobierno español, por recomendación de la Unión Europea. Su objetivo es garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, así como la sostenibilidad financiera del país para evitar un desvío del gasto.

Este órgano plantea en su análisis sobre Correos ahorrar 248 millones de euros al dejar de enviar cartas de lunes a viernes para entregarlas solo tres días a la semana. Además sugiere que se reduciría el gasto del ente público si se reduce el número de buzones y oficinas.

Para Manuela Ferrer, coordinadora del sector Postal y Correos en Castilla y León de CC OO, «este informe es fruto de la presión que ejerce la patronal de logística. El pastel postal tiende a aumentar, y nosotros hemos denunciado periódicamente que este 'lobby' está presentando informes en Bruselas para que se multe a Correos por hacer supuestamente competencia desleal».

Los sindicatos UGT y CCOO han venido reclamando al Gobierno durante los últimos años un plan estratégico para este servicio público.

«Se ha intentado además desmontar la financiación de esta prestación que es básica para la vertebración territorial de la España vaciada», insiste Ferrer.

De aplicarse las indicaciones de la Airef, podrían conllevar un recorte en las plantillas de la provincia. Según Comisiones, el servicio se presta en Valladolid con oficinas abiertas de lunes a sábado (las principales y las situadas en centros comerciales que abren a primera hora y cierran entre las 20:30 y las 22 horas), y de lunes a sábado de 8:30 a 14:30 horas en localidades de la provincia como Peñafiel, Olmedo, La Cistérniga, Tudela de Duero, Medina del Campo o Laguna de Duero.

Otras, como las de Villalón, Simancas, Pedrajas de San Esteban, Nava del Rey, o Zaratán abren solo por las mañanas menos de cuatro horas. Este tipo de oficinas se denominan 'satélites' por cuanto no realizan servicio completo y se presta por personal fijo con contrato parcial que percibe menos de mil euros.

En el Centro de Tratamiento Automatizado (CTA), del polígono de San Cristóbal, donde se distribuyen las cartas para la zona noroeste, se trabaja de lunes a domingo.

Pero, ¿cómo afectaría esta reducción de llevarse a término?

«Si se recortase en dos tercios el presupuesto como se plantea en el informe, el actual reparto de cinco días a tres a la semana conllevaría que muchos ciudadanos de la provincia no recibirían sus cartas en 10 días», dice Ferrer. La medida se aplicaría a núcleos de población de menos de 5.000 habitantes, los que para la Airef, son más costosos para Correos.

En la provincia trabajan unos 900 empleados de los cuales alrededor de 150 son personal eventual.

Para Fuensanta Marugán (UGT), «la reducción de servicio puede afectar a las notificaciones diarias de juzgados, Tráfico o Hacienda, y también a los comunicaciones para citas sanitarias».

«El servicio de Correos es un servicio público para todo el territorio nacional y lo que está proponiendo la Airef es desmantelarlo en las zonas rurales, lo que contribuiría a más despoblación en regiones como Castilla y León. Los carteros son las únicas personas que se encargan de repartir diariamente la correspondencia y este servicio está declarado por la UE como básico», añade.

Las medidas planteadas por la Autoridad Fiscal de reducción del servicio postal se han llevado a cabo también en Italia. En el caso español, la Airef sostiene en su informe que mientras que los operadores privados han llevado a cabo una reducción de los costes del servicio para hacer frente a la caída del negocio postal, Correos solo ha reducido su plantilla en un 9% para acometer una caída del volumen del 31%.

Para Fuensanta Marugán (UGT), en la década de 2008 a 2018 se han perdido en la provincia vallisoletana 190 empleos (800 en Castilla yLeón, y 10.000 en toda España).

«Se han cerrado oficinas no solo en el medio rural, sino en la capital. Es el caso de las abiertas en los centros comerciales de El Cortes Inglés de calle Constitución y del Paseo de Zorrilla».

La justificación dada por Correos era la de optimizar recursos por cuanto estas sedes competían con las oficinas central de Plaza Rinconada y la de la calle Ultramar.

Manuela Ferrer insiste en que «los sindicatos estamos abiertos a dar viabilidad al servicio público de Correos, pero gestionando mejor para dar un buen servicio, no recortando para desmontarlo», ironiza.