San Cristóbal y Argales contarán con un centro de residuos tras quince años de espera

Las compañías buscan contar con un espacio preparado para el almacenamiento de desechos, que les permita liberar superficie de sus naves de trabajo y les ofrezca mayor seguridad en las instalaciones, ya que la acumulación de residuos en espacios con actividad industrial puede generar riesgos.

El proceso para abordar su construcción ya está en marcha con la publicación de las bases de licitación. El Consistorio cederá una parcela de 4.315 metros cuadrados en el número 6 de la calle Nitrógeno, ubicada en la zona de El Carrascal, ampliación de San Cristóbal hacia la autovía de Segovia, para esta dotación, que se ejecutará en régimen de concesión. Así, la Administración local cede el suelo por el periodo que finalmente se estipule, una empresa privada construye y explota la instalación y a cambio paga un canon a las arcas municipales.

La empresa FCC Ámbito, especializada en el tratamiento de residuos y que ya se encarga de la recogida en ambas áreas industriales tras la entrada en vigor de la nueva ordenanza municipal que obliga a las industrias a contar con su propio gestor, presentó a finales de 2024 un estudio de viabilidad de este nuevo servicio. Este paso apunta al interés de la compañía por hacerse con la prestación, aunque hay que abrir un concurso público por si hubiera otros operadores interesados.

El informe estima en 6.000 toneladas anuales el volumen de residuos que tratará este centro para el que se prevé una inversión de 3,7 millones de euros y la contratación de doce personas para atender las funciones de recogida puerta a puerta y posterior tratamiento de la basura. El plan consiste en la recepción, transporte, tratamiento y almacenamiento de residuos no peligrosos y su posterior entrega a un gestor para valorización o eliminación. Los desechos están concentrados en tres grupos: cartón, film y residuos mezclados, a su vez compuestos por plásticos, metales, madera o brick.

El estudio, que hace sus cálculos sobre una concesión a 25 años, recoge una propuesta de precios para las compañías que estén interesadas en contar con este servicio. Así, establece una tarifa fija de 340 euros al año por empresa a la que se suma otra por el servicio de recogida y tratamiento de 145 euros por contenedor al año.

La superficie construida total prevista será de, al menos, 1.700 metros cuadrados, distribuidos en una zona de recepción de desperdicios, un espacio para su triaje (separación por elementos), un área de prensado y almacenamiento de los fardos, además de un pequeño edificio anexo de control y servicios de unos 50 metros cuadrados.

Antonio Rodríguez, presidente de los empresarios de San Cristóbal, se muestra satisfecho de que, por fin, se ponga en marcha esta iniciativa. «Para nosotros es importante desde dos puntos de vista. Primero, nos va a permitir liberar espacio de las naves que ahora se dedica al almacenamiento de residuos, con lo que habrá más superficie para trabajar, y esto además elimina el riesgo de incendios de este tipo de elementos», explica.

A ello se suman los ahorros que tendrán en transporte y gestión de esa basura no peligrosa. Rodríguez destaca que la presencia de este centro de transferencia cerca de la actividad que genera el residuo permitirá a los negocios que se adhieran llevarlos a las instalaciones cuando lo consideren necesario.

Desde el polígono de Argales, su máximo representante, Alfonso Pestaña, coincide con su homólogo en que la dotación mejorará la logística de los negocios a la hora de gestionar sus residuos. «Todo lo que sea favorecer la economía circular y facilitar el trabajo de las industrias es bienvenido», destaca.

Según apunta el Ayuntamiento, con la propuesta se conseguirá «disminuir la contaminación y se mejorarán las condiciones laborales y el entorno de trabajo de los polígonos». «La gestión de los residuos industriales fomenta el desarrollo y la economía local en cuanto que puede generar empleo y una mayor competitividad empresarial, promover la innovación y facilitar la economía circular, ya que la reutilización de materiales permite a las empresas reducir gastos en la adquisición de nuevas materias primas», sostiene el Consistorio.

El Ayuntamiento defiende el régimen de concesión para esta dotación porque, además de ahorrarse los costes de mantenimiento de la parcela ahora vacante, se optimizan los recursos municipales y se crea una nueva infraestructura y servicio urbano sin tener que realizar inversiones públicas, a la vez que se generan ingresos para las arcas municipales, lo que «contribuye al saneamiento financiero para lograr el escenario legalmente obligado de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria».

El estudio de FCC señala que el mercado potencial de la instalación está constituido por las empresas agrupadas en los polígonos de Valladolid y su término municipal y se considera que es factible la recogida de 6.000 toneladas de residuos asimilables a urbanos no peligrosos. «No obstante, podría recogerse residuo similar de usuarios que, aunque aislados, lo justifiquen por su volumen de producción», se apunta.