Condena por la muerte de una anciana en una residencia de Mojados: «Lo que hicieron fue un asesinato»

Finalmente, la Audiencia Provincial de Valladolid ratifica lo ya fallado por el Juzgado de Primera Instancia nº2 de Valladolid y ha dado la razón a la familia confirmando la condena a la empresa CLECE S.A. (gestora en aquel momento de la residencia) como responsable de la deficiente atención prestada a la anciana y ha fijado una indemnización de 80.116 euros en favor de sus tres hijos.

«Mi madre entró en la residencia caminando y bien alimentada y al mes y medio salió en camilla, con una infección severa y con desnutrición», relata María Luisa Suárez.

La mujer internó a principios del mes de abril y tras varias semanas adptándose a la residencia comenzó a ver deteriorado su estado de salud. El 30 de abril de 2016 fue trasladada al Clínico, donde falleció seis días después. «En las primeras visitas no notamos nada y todo comenzó con el dolor en la zona sacra, donde se le formó una úlcera sobreinfectada de grado IV que en diez días le provocó la muerte. Una muerte que se pudo evitar y que se dio porque no la movieron, no la cambiaron de postura en los días que estuvo en cama en ningún momento y eso es algo que todas las residencias tienen establecido».

De hecho, el informe pericial de la demandante refleja que la evolución de la infección que causó la muerte sólo puede explicarse por una falta de una adecuada atención. La sentencia insiste en lo que de manera «detallada y pormenorizada se explica en la resolución del juzgado», donde «se constata una más que suficiente justificación probatoria que corrobora la decisión en la resolución recurrida». No obstante, para dar respuesta al recurso de apelación de los demandados, abunda en que tales pruebas estaban basadas en cuatro puntos: Por un lado, en que la residencia no acredita la realización de los cambios posturales prescritos (que deben realizarse cada dos horas, así como el levantamiento diario de la cama): «La parte demandada no ha aportado el libro o estadillo de movilizaciones, que es el que debe recoger específicamente la realización de todas y cada una de dichas movilizaciones. Y aporta como prueba de tal realización el libro de incidencias, que aunque en alguna de sus entradas sí recoge la realización de alguna movilización, no constituye una prueba suficiente de que la residencia demandada haya cumplido adecuadamente las movilizaciones ordenadas por el médico», dicta la sentencia.

En segundo lugar, la Audiencia incide en que se desatendió a la víctima durante al menos cinco días (del 15 al 20 de abril de 2016), «pese a advertirse ya el día 14 el riesgo de úlcera, tras de los cuales aparece en el libro de incidencias la primera referencia a la existencia de una úlcera por presión».

Tampoco ejecutó, según recoge el auto, la derivación a geriatría ordenada por el médico del centro geriátrico, por lo que la mujer ingresó además con desnutrición y un fecaloma (posible obstrucción intestinal). Finalmente, y ante el informe pericial aportado por la parte demandante que sostiene que la úlcera era de grado IV cuando se produce el ingreso hospitalario, señala que «la evolución en el corto periodo de diez días a úlcera de grado IV que motiva su ingreso hospitalario solo puede explicarse por una falta de una adecuada atención a dicha patología por parte de la residencia».

«Nos dimos cuenta que aquello era un descontrol absoluto, pero ya no pudimos evitar el final», admite Suárez, quien habla de la «necesidad de un cambio en el sistema de atención a los mayores y en el correcto funcionamiento de la sanidad pública. No queremos que esto le pase a nadie más porque destroza a una familia. La dejaron morir e intentaron ocultarlo todo».

Silencio durante años

Asegura María Luisa Suárez, en nombre de la familia, que pusieron más de 14 reclamaciones al servicio de Atención al Paciente del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. «No nos daban respuesta alguna de dónde estaban los informes sobre su muerte, fue una sensación de abandono e impotencia brutal», señala la hija.

Todo ello contribuyó «al alargamiento del dolor de la familia durante años porque esos informes eran esenciales para esclarecer definitivamente la causa del fallecimiento, así como una vulneración de su derecho a recibir información clínica esencial», asegura el especialista en Derecho sanitario y adscrito a los Servicios Jurídicos del Defensor del Paciente, Santiago Díez, quien ha llevado el caso.

Los hechos ocurrieron hace más de nueve años en la Residencia de la Tercera Edad San Ramón y San Luis de Mojados donde apenas unos meses después del fallecimiento de María Álamo cambió de empresa gestora de CLECE S.A. a CK Senior. «Llevamos desde 2017 pero no sabíamos nada de lo sucedido y en su día ni siquiera nos trasladaron la muerte de una residente. Nos desvinculamos totalmente de aquello y lamentamos lo ocurrido», exponen desde CK Senior, que «ya no trabaja con las mismas personas». Asimismo, este periódico ha intentado sin éxito contactar con la empresa gestora que ha sido condenada, sin obtener respuesta por parte de CLECE.

Desde la Asociación El Defensor del Paciente explican que este caso refleja la doble victimización que sufren muchas familias. «Primero por la negligencia asistencial y después por la opacidad de la Administración. Nuestros mayores no son ciudadanos de segunda, las residencias cobran elevadas cantidades y están obligadas a garantizar cuidados básicos, que una anciana muera en estas condiciones y que su familia deba esperar años para conocer la verdad es algo cruel e inhumano que la sociedad no puede tolerar».