Tribunales

Piden anular actuaciones policiales de la operación 'Almendro', que destapó una organización criminal ramificada en Valladolid

En el banquillo finalmente se han sentado ocho de los diez acusados por la Fiscalía, que pide en su conjunto penas de 82 años de prisión por dos delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas, en distintos grados de participación. Entre ellos están Támara G. T. y Verónica C. G. I, las dos vallisoletanas cuyas vigilancias llevaron a los investigadores a conocer la existencia de la red, con sede en Madrid, pero que también llegó hasta Zamora.

Concretamente a Morales de Toro, donde pudieron constatar durante las vigilancias la vinculación de ambas con un tercer acusado, Enrique S. S., que ha reconocido los hechos en aras de alcanzar un pacto con la Fiscalía que finalmente no ha llegado a término. El tribunal ha rechazado dictar sentencia por la conformidad en una decisión pocas veces vista, al considerar, en aplicación de doctrina del Supremo, que ese reconocimiento podría perjudicar a otros de los encausados. Sí accedía la sala a «tener en cuenta» los términos pactados con el Ministerio Público y el letrado, que por su parte, ha renunciado a plantear cuestiones durante la fase de juicio oral.

Distinta ha sido la estrategia de la defensa de Támara G. T., que ha llegado engrilletada desde la prisión de Villanubla. El Fiscal le atribuye los contactos con Madrid y el papel principal para la distribucción de la droga de la organización en la provincia -se enfrenta a nueve años y nueve meses por los tres ilícitos por los que acusa-. Unas penas que podrían quedar sin efecto de acordarse la nulidad solicitada por su letrado de varias diligencias policiales fundamentales en el desenlace de la investigación, al no existir «indicios suficientes» para autorizar medidas tan lesivas con los derechos de su representada. Se trata de balizamientos e intervenciones varias de líneas telefónicas, como el pinchazo al citado Enrique S. S., motivado por una conversación en la que hablaban de «llevar algo» o «dejar algo». «No había nada más», ha asegurado el abogado, citando otras sentencias de la misma sala para apuntalar la petición.

Otra cuestión clave han sido los registro del domicilio de su defendida en Madrid -residía a caballo entre ambas ciudades- y de un trastero en Laguna de Duero del que compartía llave con la otra investigada, que tuvieron lugar simultáneamente el 24 de mayo, tras 'explotar' la operación. En ambos los investigadores encontraron cantidades varias de distintos estupefacientes con un valor en el mercado ilícito de más de 2.000 euros, restos de recortes circulares empleados habitualmente en el menudeo de las sustancias, básculas de precisión. Así como una pistola taser en el recinto de Laguna.

A este respecto el letrado ha solicitado dos cuestiones. Que se declare nula la entrada por la ausencia de la moradora - su defendida- y de otros vecinos que actuaran en calidad de testigos, puesto que «solo había Policía». Pero también del auto de apertura de juicio oral en lo relativo a la imputación del delito de tenencia de armas, motivado por el hallazgo de la taser, ya que durante la instrucción, ha asegurado la defensa, «jamás se le ha preguntado sobre las circunstancias de la presencia» del arma. Cuestiones todas ellas a las que se ha adherido también el letrado de José Ignacio S. C., presunto integrante de la banda en Madrid para el que el fiscal pide la mayor de las penas -10 años y tres meses- al tener antecedentes por otro delito de tráfico de drogas. Los magistrados han acordado resolver todas ellas tras la práctica de las pruebas.

En la mañana del miércoles han comparecido también varios de los investigadores actuantes del cuerpo en Madrid y Valladolid, que han defendido la pertinencia de las diligencias cuestionadas por los hallazgos obtenidos «en pruebas anteriores». También la legalidad de los registros, manifestando que se llevaron a cabo con la presencia de la letrada de la Administración de Justicia, que acompañaba a los agentes a las distintas estancias.

El primero de ellos, el instructor jefe de las diligencias en la provincia, ha establecido, a preguntas del fiscal, el papel de varios de los investigados en el presunto entramado criminal. Siendo Javier M. D. -conocido como 'Mota'- el lider de la banda; y el ausente Martín I. G., en búsqueda y captura, el «brazo duro» que se encargaba de ejecutar «las acciones violentas». Según las pesquisas policiales, los cinco miembros del grupo afincados en Madrid realizaban 'misiones' en un chalet de Estremera, en la sierra madrileña, tales como «extorsiones, detenciones ilegales» y «secuestros», llegando a retener a un individuo varios días. Tamara, la lider en Valladolid, a la que también sitúan en Madrid durante algunas vigilancias con parte del grupo, decía de si misma que se encargaba «de conducir» para portar la droga.

La red cayó en mayo de 2024, desmantelada por el grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional, tras los primeros hallazgos de una operación antidroga en Valladolid. La investigación se inició en febrero de ese mismi año sobre las dos vallisoletanas. En las primeras diligencias practicadas se pudo comprobar la estrecha colaboración de el tercer residente en Zamora, que distribuía la droga en su localidad según las pesquisas policiales que se han llevado a juicio. Entre los tres formaban un grupo muy unido, hasta el punto de compartir un trastero para guardar las sustancias.

Seguidamente, se logró localizar un domicilio en Madrid capital, propiedad de una de las acusadas, y se investigó a un grupo de cinco personas con los que la mujer mantenía una fluida relación, consiguiendo más tarde identificar al individuo, líder operativo del grupo, que abastecía de 'speed' a la joven y que esta luego distribuía por Madrid, Valladolid y Zamora. Era el conocido como 'Nolo', uno de los cabecillas de todo el entramado. La Policía Nacional de Madrid y de Valladolid, en una operación conjunta tras meses de seguimientos, practicaron las detenciones de ocho de los investigados en mayo de 2024.