Penas de dos años de prisión para cada uno de los dos empresarios del Centro Segoviano

Según refieren los hechos probados de la sentencia, los acusados Francisco Javier y Miguel Ángel Martínez Beltrán, que se dedican a la hostelería desde febrero de 2010 y de forma complementaria, a la publicidad, «puestos de común acuerdo y con la finalidad de defraudar a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de sus trabajadores, idearon un plan consistente en la creación de forma sucesiva de una serie de empresas con distintas denominaciones pero con similar objeto social, misma plantilla y actividades». Así, cuando la empresa acumulaba deudas con la Seguridad Social y eran requeridos para el pago, disolvían la entidad y creaban de inmediato una nueva empresa «ocultando este dato a la Seguridad Social, trasvasan a los trabajadores a la nueva empresa y con la que continúan realizando las mismas actividades pero sin la deuda acumulada anterior». Por este sistema, desde el 19 de febrero de 2010 constituyeron, sucesivamente, Marbel Castilla y León SL; JMYMM Producciones y Gestión de Eventos Castilla y León SL, en 2013; Asociación de Alimentos de Valladolid, Degusta Valladolid, en 2015; Degusta Valladolid con Sabores SL en 2017. Con esta mecánica, indica el fallo, los acusados consiguieron eludir el pago a la Seguridad Social de las cuotas correspondientes a esas empresas por una cuantía superior a 50.000 euros durante cuatro años naturales, unas cuantías que no pudieron ser cobradas por la Tesorería General de la Seguridad Social. En concreto, Marbel Castilla y León mantiene una deuda de 33.109 euros; JMYMM Producciones debe 56.665 euros; Asociación de Alimentos de Valladolid, 77.251 euros; y Degusta Valladolid con Sabores, a fecha de marzo de 2017, mantenía una deuda con la Seguridad Social de 2.086 euros.

«El testimonio de descargo consistente en que los impagos fueron debidos a la imposibilidad de hacer frente a los pagos dada la precaria situación en que se encontraban que les llevó a perder sus viviendas y entregar los coches que tenían en renting», tal y como declararon los hermanos durante el juicio, «no viene avalado por prueba alguna», sostiene la juzgadora.

Por el contrario, la jueza considera que no quedó acreditado en el juicio que los hermanos se pusieran de acuerdo para idear un plan para defraudar prestaciones a las cuatro mutualidades personadas como acusación en el procedimiento.

Por otro lado, respecto del gestor de las empresas de los hermanos Martínez Beltrán desde mayo de 2015, también acusado en este procedimiento, Pablo Martínez Lobato, y quien se ocupaba de dar de alta por el sistema RED a los trabajadores entre otros trámites, la sentencia considera que «no consta que participara en la defraudación llevada a cabo por los hermanos a la Seguridad Social ni con las mutuas».

Por el contrario, sí se considera probado que el gestor se concertó con una de las trabajadoras de de Asociación de Alimentos Degusta Valladolid, la acusada María Leonor Moreno Miguel (que reconoció los hechos) para «de forma ficticia» darle de alta en el régimen general de la Seguridad Social para completar el periodo de cotización que le daba derecho a percibir la prestación por desempleo «que, de otra forma, no le correspondería». De este modo, «generaron un error en la entidad gestora sobre la base de entender que existe una situación de desempleo, reconoce a María Leonor una prestación contributiva de 1.290 euros que percibió durante 90 días, entre el 11 de noviembre de 2017 y el 10 de febrero de 2018».

Para justificar el alta en la Seguridad Social, Martínez Lobato entregó a Leonor un contrato de trabajo temporal ficticio simulando la contratación como camarera en la Asociación de Alimentos a tiempo completo para lo que se falsificó la firma del empresario Miguel Ángel. La trabajadora entregó varias nóminas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social durante una inspección de las empresas de los hermanos en 2018.

La sentencia condena a este acusado como autor de falsedad en documento oficial en concurso ideal medial con un fraude de prestaciones a la Seguridad Social a seis meses de prisión y seis de multa con cuota diaria de seis euros. El fallo contempla un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias impagadas y le impede obtener subvenciones o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante seis años.

Sin embargo, la sentencia considera que no se ha probado que el gestor y su ex esposa, Mercedes Carrasco Vidal (también acusada aunque se conformó antes del juicio con la pena pactada con la Fiscalía) se concertaran para, de forma ficticia, dar de alta a esta en la Seguridad Social en varias empresas para que esta pudiera cobrar el desempleo que no le correspondía. Se le absuelve a Lobato de los delitos de falsedad en documento oficial, fraude de prestaciones y estafa.

Una sexta acusada, Mariana Laurentiu Macovei, también llegó a un acuerdo con el fiscal. Trabajadora como camarera en la empresa Degusta Valladolid con Sabores desde el 2 de mayo hasta el 8 de diciembre de 2017, la sentencia establece que no consta que acordara con sus empleadores fingir un despido para poder cobrar el paro.

Según el fallo, estas tres acusadas han reparado el daño causado y repuesto las cuantías defraudadas. A Leonor Moreno se le condena por falsedad en documento oficial en concurso ideal medial con un delito de fraude de prestaciones a la Seguridad Social, con la atenuante de reparación del daño a seis meses y un día de prisión, seis meses y un día de multa a razón de tres euros al día con arresto subsidiario en caso de impago. Además de la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas e incentivos fiscales o de la Seguridad Socail durante tres años.

A Mercedes Carrasco Vidal se le impone por un delito continuado de falsedad en documento oficial con la atenuante de reparación del daño dos años de prisión, nueve meses y un día de multa a razón de cinco euros al día con arresto subsidario en caso de impago y cuatro años de pérdida de la posibilidad de subvenciones o beneficios fiscales o de la Seguridad Social. Se condena también a Mariana Lurentiu Macovei como autora de un delito de falsedad en documento oficial en concurso ideal con el de fraude de prestaciones a seis meses y 15 días de prisión y multa de seis meses y 15 días con cuota diaria de tres euros, además de una responsabilidad civil por la que tendrá que indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social con 6.733 euros más intereses.

La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Valladolid.