Medio centenar de móviles son incautados cada año en la cárcel de Valladolid

En Valladolid, esa labor de vigilancia por parte del personal que trabaja en la cárcel de Villanubla ha llevado en el último año a la incautación de un total de 67 terminales móviles y aunque se trate de una cifra inferior a los incautados el año pasado, cuando se detectó la presencia ilegal de un total de 84 dispositivos, esos 67 suponen la segunda cifra más alta desde 2020. En las ocho cárceles que permanecen en activo en la comunidad se hallaron el año pasado un total de 341 móviles que según el sindicado «son una amenaza latente para la seguridad penitenciaria porque son utilizados por internos peligrosos y condenados por diversos delitos como terrorismo, relacionados con casos de violencia de género o pertenecientes a bandas organizadas y evidentemente cuyas comunicaciones están restringidas por seguridad».

El acceso a estos móviles les permite continuar mantener un contacto incontrolado con su entorno y les da la posibilidad de continuar con su actividad delictiva, además de generar conflictos, deudas entre presos y episodios de violencia relacionados con su control y tenencia. La comunicación sin control median un teléfono en la cárcel resulta además fundamental para culminar fugas de forma exitosa como la que tuvo lugar el pasado 14 de febrero en el centro penitenciario de Valladolid, cuando el narcotraficante placentino Ángel Benito Moreno, del clan de los Hilarios, consiguió salir y permanecer a día de hoy en paradero desconocido.

Si bien se ha detectado un descenso considerable del número de terminales móviles en la cárcel ubicada en Villanubla, el problema está lejos de resolverse, ya que la media habitual anual en el caso del centro vallisoletano es de medio centenar de móviles confiscados al año. En 2022 fueron 38 dispositivos los encontrados e introducidos de forma ilegal en el penal, 42 un año antes y un total de 27 en 2020, cuando se detectó la cifra más baja durante la pandemia.

Preguntados por este asunto y su repercusión en el caso de la cárcel de Valladolid, desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se limitan a decir que «cualquier objeto no autorizado puede ser detectado tanto en el propio acceso de la prisión como durante los controles habituales que se realizan en el interior y que forman parte de los protocolos de seguridad».

El centro penitenciario de Valladolid es el cuarto de los ocho que hay en la comunidad en cantidad de población reclusa y alberga actualmente a 508 internos, por lo que no es de extrañar que sea el tercero en el que más dispositivos se incautaron en el último año. Solo le superaron en dispositivos confiscados el centro penitenciario de Dueñas (82) y el de Burgos (80). La cárcel situada desde hace cuatro décadas en Villanubla mantiene también el tercer puesto en el histórico que suma los móviles hallados en los últimos cinco años (258) en Valladolid, aunque a gran distancia de los 401 confiscados en Palencia y los 380 en Salamanca.

Con estas cifras sobre la mesa, desde Acaip explican que la forma en la que tratan de introducirlos es muy variada como por ejemplo, los internos que vuelven de permiso y los introducen en sus cavidades corporales. «Al ser teléfonos con pocos componentes metálicos el detector de metales no los detecta y solo pueden ser localizados con un registro personal con desnudo integral, que no se puede hacer de manera sistemática sino que debe llevar aparejada primero una sospecha fundada y previa autorización». Casos muy puntuales, al igual que el sistema de radiografía del interno, que apenas se utiliza para este tipo de controles.

Quizá por eso en los registros llevados a cabo en los 65 centros penitenciarios, los dos hospitales psiquiátricos y los 13 Centros de Inserción Social para el cumplimiento de penas, medidas de seguridad y para prisión preventiva que hay en toda España los funcionarios de prisiones detectaron la presencia ilegal en estas instalaciones de 2.884 dispositivos en 2024, una cifra similar a la de 2023 (2910) pero significativamente superior a la de 2020, cuando se decomisaron 744 menos, 2.140 en total.

Al igual que algunos presos los introducen, hay visitas que también lo hacen «saben que los cacheos en este caso son mucho más limitados». Camuflados en el interior de otros elementos metálicos previamente autorizados como radios o ventiladores, localizados en los sitios más insospechados como suelas de calzado deportivo, en artículos de higiene o en el dintel de las puertas y ventanas del centro penitenciario donde se logran introducir. «La mayoría de las incautaciones de los móviles se hacen al registrar las celdas durante las rondas al detectar que se hace uso de ellos o en las dependencias de uso común donde se camuflan.

El sindicato de prisiones se muestra preocupado por los medios limitados de los que disponen actualmente los funcionarios y que ha llevado a detectar en los últimos cinco años un total de 12.882 móviles en las cárceles de toda España. Desde ACAIP advierten además que la presencia de estos dispositivos en cualquier cárcel compromete el proceso de reeducación y reinserción social.