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Rebeca Gómez Martín (Valladolid, 1979) está feliz porque puede «seguir celebrando la vida, seguir viva más tiempo». Esta maestra de Primaria especialista en Audición y ... Lenguaje, convaleciente de un cáncer, superó la oposición para convertirse en profesora en 2003 y desde entonces pertenece a Muface, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Es el organismo que gestiona su sanidad y la de más de 22.200 empleados públicos en la provincia (1,5 millones en España), en virtud de una ley que data del año 1975.
«Cuando apruebas te meten en Muface. Entras con esas condiciones, tanto farmacológicas como de atención. Por ejemplo, de las medicinas pagas un porcentaje, pero es que también lo pagas cuando estás jubilado, algo que en la Seguridad Social no es así porque baja a un mínimo que es muy poco», explica Rebeca. E insiste en que no son unos privilegiados, sino que «tener un concierto diferente no es algo que hayamos elegido nosotros, es un mutualismo administrativo que es así».
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De hecho, la adscripción a Muface es obligatoria para los funcionarios civiles desde hace medio siglo. Ocho de cada diez son docentes, pero también hay policías nacionales y personal de prisiones, de Hacienda, de Correos y de los ministerios, entre otros. Con este modelo tienen la posibilidad de escoger entre la asistencia médica pública que prestan las comunidades autónomas o la privada a través de una aseguradora contratada por el Estado. Esto último es lo que elige el 70% de ellos, aunque los que están en Sacyl son el doble que en 2010.
La profesora de Valladolid que nos ocupa optó en su día por Adeslas y está convencida de que esa decisión le salvó. «A partir de los 40 años me empezaron a hacer mamografías y a los 42 me diagnosticaron un cáncer de mama en una revisión rutinaria. Yo no tenía ningún tipo de síntoma, ni antecedentes familiares, ni nada», relata. Y sentencia que «si no llego a estar en Muface y me hubiera hecho las revisiones en la Seguridad Social desde los 45 años –es la edad a la que comienzan en Sacyl–, seguramente ya lo tendría extendido con metástasis y a lo mejor no estaría aquí».
Ocurrió hace casi tres años y aún se encuentra recuperándose de la enfermedad. «Fue muy rápido el diagnóstico y muy rápido el tratamiento. Era un cáncer muy agresivo. Aunque era muy pequeño estaba ya en los ganglios, por lo que tuvieron que extirparme todos los de la axila», detalla Rebeca Gómez. «Estuve con quimioterapia, me operaron, luego con radioterapia y en este momento estoy en remisión», añade.
Eso implica que aún no está recuperada completamente, sino que acude a «revisiones cada seis meses» y recibe «un tratamiento para que no vuelva a aparecer, tomo medicación diaria y luego tengo un inyectable mensual que además necesita un visado por parte de la Inspección». Por eso está viviendo «con mucha incertidumbre» la crisis en la que se encuentra inmersa la veterana mutualidad, después de que el Gobierno no haya conseguido renovar el convenio con ninguna de las tres aseguradoras (Adeslas, Asisa y DKV) que han prestado el servicio entre 2022 y 2024.
El concurso quedó desierto y eso dejó en el aire la asistencia de un millón largo de empleados públicos y sus familiares en el conjunto del país. Ahora el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública está intentando encontrar una solución de urgencia e incluso ha ampliado sine die el plazo –que vencía este lunes– que había dado a las entidades sanitarias privadas para que tomaran una determinación. La subida del 33,5% en las primas, que implica unos 1.000 millones de euros extra en tres años (2025-2027) respecto a lo presupuestado para los dos anteriores, de momento no les ha convencido.
Así las cosas, Rebeca Gómez está preparándose «por si acaso no estoy en más compañías». Por ejemplo, ha acudido al oncólogo «a por un informe actualizado» sobre su cáncer de mama que le permita «tener la medicación otro año más y no tener problemas para conseguirla». También ha adelantado aquellas citas que se podían anticipar. «Se supone que Adeslas tiene que atendernos hasta el 31 de marzo. Tengo el 6 de febrero el inyectable, pero no sé a dónde voy a tener que ir y no sé si cuando vaya me van a decir que tengo que pagar la consulta o a la enfermera, ni siquiera si voy a poder acceder al inyectable», lamenta.
Al hilo de esto, considera que si finalmente Muface desaparece «es algo que nos va a afectar a todos», porque a su juicio el sistema público «se va a colapsar y a saber cuándo voy a tener yo mis revisiones y si voy a poder tener el mismo tratamiento». «Y eso que al fin y al cabo yo ya estoy en un tratamiento, pero quien esté en mitad de una quimioterapia no me quiero ni imaginar lo que puede sentir, el decir '¿y si me cortan mi tratamiento y mi cáncer avanza?'. En estas enfermedades es tan importante el tiempo....», reflexiona la maestra vallisoletana.
Un pensamiento que deja paso a una pregunta: «¿Cómo es posible que vayan a dejar morir este sistema cuando la Seguridad Social ya está derivando cosas a la privada? Están derivando intervenciones quirúrgicas, resonancias y pruebas porque no dan abasto ¿y van a dejar morir esto?», interroga. En su opinión, «una incongruencia total» que confía en que no llegue a producirse por el bien de muchos pacientes en la misma situación ella.
Miguel Borra, el presidente nacional de la Central Sindical Independientes y de Funcionarios (CSIF), la más representativa en la Administración pública, estuvo en Valladolid este miércoles. Participó en el Consejo Autonómico Extraordinario de CSIF Castilla y León, pero además hizo un anuncio de calado: habrá huelga de funcionarios en la primera quincena de febrero en todo el país si el concurso convocado para garantizar la asistencia a través de Muface vuelve a quedar desierto. Benjamín Castro, el máximo responsable de CSIF en la región, recordó por su parte que la comunidad «sería la más afectada, solo por detrás de Ceuta y Melilla, si todos los mutualistas pasan a la Seguridad Social», hasta el punto de que Sacyl «requeriría la incorporación de más de 200 médicos de todas las especialidades y unas 2.500 enfermeras» para garantizar la asistencia.
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