Diez claves sobre Muface, en pleno ojo del huracán sobre su supervivencia

Pero mientras el martes la ministra de Sanidad, Mónica García, aseguraba que la sanidad pública está capacitada para asumir a los empleados públicos procedentes del modelo Muface que en la actualidad reciben asistencia en la sanidad privada, un día despues, el miércoles, el Ministerio de Función Pública lanzaba una consulta al sector asegurador para que detalle a qué precio concertaría con la mutualidad de los funcionarios del Estado. El Sistema Nacional de Salud debería asumir un incremento del 2,12% en su población, de consumarse el fin de Muface.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) es el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria, farmacéutica y social al colectivo de funcionarios adscritos. Abarca también prestaciones como el subsidio por incapacidad temporal o por riesgo durante el embarazo y la prestación económica por gran invalidez, entre otras. Es un organismo autónomo creado en 1975 y hoy dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Se encarga, además, de la cobertura del Régimen de Clases Pasivas, que tiene las competencias para el reconocimiento y la concesión de las pensiones (jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares). Después, la gestión de la pensión compete al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Pertenecen a Muface los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado, no así los que están adscritos a otras Administraciones Públicas (Local, Autonómica, de la Seguridad Social, Administración militar o de Justicia, Organismos Autónomos y Universidades). Los mutualistas lo son con carácter obligatorio.

Pueden ser incluidos como personas beneficiarias los cónyuges, hijos, hermanos y ascendientes, siempre que convivan con la persona titular a sus expensas y no perciban ingresos superiores al doble del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).

En caso de fallecimiento del mutualista en alta (en activo o en situación de jubilación), solo pueden ser beneficiarios de Muface su viudo/a y los huérfanos menores de edad o mayores incapacitados.

Para cumplir con su función, Muface trabaja con «una pluralidad de actores, públicos y privados, que son los prestadores del servicio a los mutualistas», según explica el organismo. Los mutualistas pueden elegir la asistencia sanitaria prestada por los servicios autonómicos de salud gracias al convenio que tiene Muface con la Seguridad Social (con el INSS) o bien optar por alguna de las aseguradoras privadas con las que tiene concierto: Segurcaixa Adeslas, Asisa y DKV , las cuales tienen a su vez una red de proveedores de servicios sanitarios por toda España, entre otros, el Grupo Quirón Salud o el Grupo Recoletas.

Muface tiene en torno a 1,5 millones de mutualistas, de los cuales un millón han escogido recibir la asistencia sanitaria a través de las aseguradoras privadas. Es decir, un tercio de la población mutualista recibe asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud y dos tercios, en la sanidad privada.

El Estado paga a las aseguradoras privadas una cantidad fija por cada mutualista. El Consejo de Ministros autorizó un presupuesto de 1.337 millones de euros para 2025 y de 1.344 millones para 2026, con un incremento del 16% con respecto al concierto anterior. El concurso quedó desierto tras la negativa de las aseguradoras a concurrir.

Las empresas argumentan que las tarifas no cubren los costes por el envejecimiento de la población mutualista y el aumento de los precios en el sector sanitario. Tras el último concierto (2021-2024) alegaron unas pérdidas conjuntas de 600 millones de euros por la insuficiente aportación del Estado y reclamaron entonces una mejora de la dotación económica del 40%. En años anteriores, ya Mapfre, Caser y Sanitas optaron por excluirse del concierto.

Este miércoles, el Ministerio de Función Pública ha preguntado a las aseguradoras qué precio quieren para los próximos tres años mediante la publicación de una consulta en la que da dos semanas a las empresas para que argumenten el coste de prestar el servicio sanitario a ese millón de funcionarios a los que dan cobertura. Espera así recibir de las aseguradoras evidencias de la estructura de costes por grupos etarios, zonas geográficas u otros que sean determinantes y que justifiquen las primas que aspiran a cobrar por la prestación de ese servicio.

En Castilla y León hay un total de 110.136 funcionarios del Estado y parientes integrados en Muface, con datos de 2023. De ellos 33.454 eligen el INSS y los casi 76.682 restantes, las aseguradoras (39.911 de ellos Adeslas, 18.800 Asisa y 17.971 DKV). Según el informe 'Muface: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud', elaborado por el Ministerio de Sanidad, la incorporación de la totalidad de la población mutualista de Muface con aseguradora sanitaria privada supondría un incremento del 2,12% en el número de personas que recibirían prestación sanitaria pública. Tras las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la comunidad que mayor impacto sufriría es Castilla y León, con el 3,12%. Es decir, Sacyl estaría entre los sistemas públicos de salud que tendrían que incorporar a un mayor porcentaje de mutualistas que, además, son en un elevado número mayores de 65 años.