Made no acude a la reunión de la Fundación Anclaje y la Junta busca frenar el ERE extintivo

Ningún representante de la dirección de la empresa Isowat-Made se ha presentado hoy en la reunión de la Fundación Anclaje, a la que sí han asistido los sindicatos y la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, cuya estrategia inmediata es frenar la presentación del anunciado ERE extintivo.

Fuentes sindicales han explicado a Efe que valoran la disposición del Ejecutivo autonómico a echar una mano a la empresa para que pueda mantenerse la actividad industrial, aunque todo ha quedado supeditado a que finalmente la dirección de la compañía radicada en Medina del Campo no presente el Expediente de Regulación de Empleo extintivo para el centenar de dicho centro productivo.

La línea de trabajo que mantiene la Junta es ayudar inicialmente a la empresa a seguir su actividad, aunque si mantiene su idea de cesar en la actividad optará por buscar algún potencial comprador que quiera asumir la producción, ya que los sindicatos aseguran que hay carga de trabajo, y la propia plantilla, a la que la empresa debe las dos últimas nóminas.

Los representantes sindicales han salido de la reunión con la sensación de que se pueden hacer cosas, siempre que la empresa ponga de su parte, especialmente en la próxima semana, ya que está previsto que la compañía entre en concurso de acreedores entre el 26 y el 28 de febrero, lo que complicaría los procedimientos para la resolución de esta situación.

El representante de la UGT en esta negociación, Juan Carlos López, ha hecho un llamamiento a la empresa para que la empresa piense en los trabajadores «que en los últimos 40 años han tenido una actitud intachable para intentar explorar otras alternativas al cierre».

La compañía, perteneciente al grupo empresarial español Invertaresa, se dedica con carácter internacional a diseñar soluciones para subestaciones eléctricas y redes de distribución, y la planta de Medina del Campo se centra principalmente en elementos para torres y herrajes.

La empresa, con filiales en Marruecos y Sudáfrica, mantiene una deuda de unos 70 millones de euros con dos proveedores y sus trabajadores ya estaban afectados por un expediente de regulación de empleo.