Los letrados de Justicia empiezan a avisar de los juicios que se suspenden
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Los LAJ de los juzgados de primera instancia y mercantil son los primeros en advertir a los abogados de que siguen en huelga indefinida
Los letrados de la Administración Justicia que trabajan en los juzgados de primera instancia y mercantiles de Valladolid han sido los primeros en avisar con anticipación de las vistas y actos programados se suspenden porque continúan con la huelga indefinida. Según el escrito que han hecho llegar a los operadores jurídicos a través del Colegio de Abogados de Valladolid, los funcionarios aluden a la «infructuosa» reunión mantenida con representantes del Ministerio de Justicia el jueves pasado, 16 de febrero, y piden disculpas de antemano por «los perjuicios ocasionados a los profesionales del derecho, a los ciudadanos y al resto de operadores jurídicos» derivados de la huelga indefinida que iniciaron el 24 de enero. De esta forma, encaran la quinta semana de protesta con una paralización en la actividad que supone que los juicios que estaban programados tengan que aplazarse, al menos, con ocho meses vista.
En esta carta expresan su intención de seguir secundando la huelga indefinida, «por lo que se suspenderán todas las actuaciones judiciales y procesales que no estén incluidas dentro de los servicios esenciales». Estos servicios son los que están incluidos en la resolución del secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia del 19 de enero de 2023 por el que se fijan los servicios mínimos.
En la resolución firmada por Manuel Olmedo Palacios, se especifica que son «esenciales» aquellos servicios que ineludiblemente deben estar en funcionamiento en cualquier situación para garantizar el servicio público. Así, especifica, debe entenderse como servicio esencial todas aquellas actuaciones que afecten o puedan afectar a la libertad de las personas, como sucede con las causas con preso; las actuaciones sometidas a plazo que puedan causar una pérdida o perjuicio de derechos de carácter irreparable, medidas cautelares o provisionales; y las actuaciones de Registro Civil, con prioridad aquellas de naturaleza registral. De igual manera, «las especiales circunstancias» que puedan concurrir en los juzgados en servicio de guardia «hacen necesario que los mismos se consideren servicios esenciales».
Del mismo modo, se considera imprescindible atender los procedimientos para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas referidos en la jurisdicción social y la Jurisdicción contencioso-administrativa, así como las funciones de los secretarios de gobierno y coordinación provincial vinculadas al seguimiento de la incidencia de la huelga, concesión de licencias y permisos y solicitud y resolución de suplencias y sustituciones de los letrados judiciales en sus territorios.
Menores de edad
Para la protección de los derechos de personas especialmente vulnerables, se considera también servicio esencial la atención a las actuaciones procesales en que deba intervenir un menor de edad o una persona con la capacidad modificada judicialmente.
Así que contarán con letrados los juzgados de guardia en atención a los asuntos que tramitan y la urgencia en su resolución, los asuntos en los que deban tomarse medidas cautelares o provisionales «debido a la afectación de derechos fundamentales y la necesidad de su pronta resolución» y los juicios orales de orden penal «o cualquier otro acto o comparecencia en causas con preso para no demorar la resolución de situaciones de privación de libertad.
Las actuaciones de Registro Civil de cumplimiento prioritario e inexcusable de naturaleza registral (nacimientos, defunciones, matrimonios), las relativas a la violencia de género en los juzgados de violencia sobre la mujer también son consideradas esenciales y estos juzgados «deberán contar con adecuados efectivos para garantizar cualquier atención indispensable de las víctimas».
Hasta el momento, la huelga entre el colectivo de 52 letrados vallisoletanos está siendo seguida por cerca de un 75%, lo que ha supuesto la práctica paralización de los actos judiciales. El comité de huelga insiste en que tiene que ser la ministra de Justicia, Pilar Llop, la que retome la negociación encallada el pasado jueves y que dé cumplimiento a los acuerdos retributivos y laborales alcanzados en abril.
Mientras, los convocantes han propuesto a los letrados que, aunque no estén dentro de los servicios mínimos, gestionen el pago de las pensiones de los menores de edad y la bodas (en Valladolid no se ha suspendido ninguna). También han aceptado avisar al resto de profesionales de las suspensiones de actos procesales y juicios, aunque ello va en contra del derecho fundamental de huelga «porque los ciudadanos se están viendo muy perjudicados por la actitud negligente del Ministerio, que es incapaz de sentarse a negociar», sostienen.
