La justicia exonera a dos deudores vallisoletanos de sobrevivir embargados de por vida

Miguel Ángel Rivera, que recurrió a la Justicia ante la grave situación de endeudamiento que tenía. /RODRIGO JIMÉNEZ
Miguel Ángel Rivera, que recurrió a la Justicia ante la grave situación de endeudamiento que tenía. / RODRIGO JIMÉNEZ

Tras intentar renegociar las cantidades de los préstamos sin solución, acudieron al procedimiento concursal para particulares

Jorge Moreno
JORGE MORENOVALLADOLID

Los tribunales de Valladolid han exonerado recientemente a dos deudores de tener que abonar las cantidades contraídas en los últimos ocho años con entidades financieras. En uno de los casos, por préstamos personales e inmobiliarios, y en el otro, por arrastrar el pasivo de su excónyuge, empresario de profesión, que había registrado a su mujer como avalista de los negocios.

Ellos son un ejemplo de lo que permite l ley Concursal para aquellas personas físicas, que no sean empresarios, pero que arrastran una carga económica con la que es imposible sobrevivir pese a tener empleos estables. Los dos coinciden, además, en que trataron de renegociar su pasivo con los bancos sin obtener respuesta sobre posibles quitas y plazos de pago.

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El primero de los casos, es un administrativo en un servicio público, de 59 años, con una deuda hipotecaria y por préstamos personales acumulados que ascendía a 143.166 euros, cuando sus retribuciones líquidas anuales eran de 15.941 euros.

Tal y como consta en el procedimiento efectuado por el Juzgado de Primera Instancia 15, este trabajador llevaba 34 años en el mercado laboral y su situación de insolvencia se remonta a 2010, año en el que con su anterior esposa decidieron liquidar la sociedad de gananciales.

Miguel Ángel Rivera obtuvo la guardia y custodia de sus dos hijos, y después de adjudicarse la vivienda como único bien de la pareja, tuvo que abonar 75.000 euros a su exmujer por dicho inmueble.

Para poder hacer frente a este pago, al de un seguro de vida de prima única, y a otro de protección de pagos, Miguel tuvo que solicitar un crédito hipotecario a Barclays por importe de 111.484 euros.

En 2011, este deudor procedió a vender su vivienda (por 140.000 euros), y con estos recursos canceló el préstamo con el que había comprado el 50% a su mujer, la vez que adquiere otra casa en una urbanización de las afueras de la capital. Para esta operación suscribió una nueva hipoteca por 114.072 euros.

«Es a partir de aquí cuando comienzan las dificultades económicas de Miguel, que no calibró de manera adecuada ni los gastos de adquisición de la vivienda, ni los de suministro –calefacción y comunidad de propietarios, principalmente–», se recoge en el procedimiento de concurso individual, en donde se señala que en ocasiones solo la factura de la electricidad llegó a alcanzar los 500 euros.

Las penurias de este trabajador, con dos hijos a su cargo y préstamos no le permitían llegar a fin de mes con los 1.100 euros que cobraba, prosiguieron hasta el punto que se vio obligado a solicitar un préstamo personal de 10.000 euros a Carrefour.

Corte de suministro eléctrico

Con advertencias de corte de suministro eléctrico, gastos trimestrales de 197 euros por la comunidad de vecinos y derramas, Miguel llegó a vender su coche y comenzó a pedir pequeños préstamos personales a tipos de intereses que hoy podrían ser considerados usuarios», relata su letrado Jesús Guinea, que ha llevado el procedimiento judicial para lograr la segunda oportunidad.

En 2013, el afectado intentó renegociar parte de sus deudas, una refinanciación que en el caso de los 10.000 euros se convirtieron en un plan de pagos de hasta 13.614.

En el relato de los hechos, que el juez de Primera Instancia 15 ha aceptado con documentos, figura que en abril de 2014 trató de refinanciar su préstamo hipotecario con Barclays, pero «telefónicamente le informan que no cumple los requisitos para acogerse al Código de Buenas Prácticas, por su nivel de ingresos». Y aunque llegó a tener una oferta de 80.000 euros para vender su casa, la entidad bancaria no la aceptó.

Paralelamente acudió a los Servicios Sociales municipales, donde pese a su elevado endeudamiento le dijeron que su nivel de ingresos no permitía considerarle que estuviera en riesgo de exclusión social.

Los impagos de la hipoteca determinaron que el banco instase a la ejecución, provocando el traslado de Miguel y sus hijos a una vivienda de alquiler. En esta circunstancia ahora sí el Ayuntamiento de Valladolid le propone acogerse al Mecanismo de Segunda Oportunidad para buscar una solución extrajudicialmente con una mediadora.

Pero ni siquiera en esta situación logró que todos los acreedores de sus préstamos acudieran a una reunión convocada (solo dos), por lo que se vio obligado finalmente a pedir el concurso judicial.

En un auto del pasado 14 de septiembre, el juez Ignacio Segoviano le concede el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho de todos los créditos pendientes a la fecha del concurso.

Cerca de medio millón de euros

El segundo auto de perdón de deudas corresponde a una sanitaria, J. M. de 49 años, con dos hijos y casada con un empresario. Aunque tenía separación de bienes, avaló a su marido en varios créditos, lo que le generó un endeudamiento 420.594 euros. Tal fue la situación que con su sueldo de unos 1.300 euros perdió la casa.

Todos los procedimientos ejecutivos generaron, además, el embargo durante 5 años de su nómina por Sacyl, y tener las cuentas intervenidas. «Fue una compañera la que le habló de la Segunda Oportunidad sin haber acudido al Ayuntamiento. Hasta entonces, su panorama era vivir el resto de su existencia embargada. Es el tipo de persona que los Servicios Sociales no detectan», apostilla Helena Sánchez-Reyes.

La letrada añade que la Unión Europea está analizando cómo mejorar la situación de estas personas, y para ello esta semana analizó una nueva directiva para exonerar de forma más favorable las deudas.

Uno de los objetivos que se pretende es evitar que los empresarios individuales cambien de domicilio a países con una legislación más favorable al perdón de las deudas.

También se pretende reducir el plan de pagos de 5 años, que hay en España, a tres. Se busca unificar la condonación total respecto a los créditos públicos, que en España solo implica una parte y siempre que el deudor haya abonado una cuantía de esa deuda.

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