Valladolid

El juicio contra la familia acusada de vender una tierra contaminada proseguirá sin la acusación particular

El viernes lo harán los tres acusados de la Fiscalía tras la práctica de las periciales, después de que el tribunal, tras retirarse a deliberar, haya concedido a las defensas modificar el orden de las pruebas para que sus representados se pronunciaran en último término. La sala, que ha estimado la petición ante la ausencia de oposición de las otras partes, ha recordado a los letrados que dicha petición debería haber constado en el escrito de acusación.

Las sesiones se reanudarán además con una merma en el banquillo de los acusados, después de que la representación particular de las denunciantes, que dirigía los cargos contra dos personas más -otra hermana y la madre- que la Fiscalía, haya alcanzado un acuerdo con las defensas. Sin que hayan trascendido los detalles del mismo, implica por su parte la resolución del procedimiento civil y penal que habían puesto en marcha.

Las penas solicitadas inicialmente por esta parte para cada uno de los implicados ascendían 6 años y tres meses por un atentado contra los recursos naturales. Así como otros 3 años y medio por un delito de estafa, una multa de 2.700 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de actividades relacionadas con la gestión de residuos durante el tiempo de condena. Adicionalmente la sociedad jurídica debía responder con una indemnización de 3.805.479 euros, acorde con el coste que supone la recuperación de los terrenos, otros 20.0000 euros en daños morales, así como una 32.400 euros y la prohibición de realizar sus actividades durante dos años y medio.

No obstante, el proceso judicial prosigue con los cargos del ministerio público contra José María C. S., Francisco Javier. C. S. y María De la Flor C. S, para quien la fiscal pide penas que en su conjunto suman 13 años y dos meses de cárcel, 21.600 euros de multa y dos años de inhabilitación especial para cada uno de ellos en el oficio de ejercicios relacionados con el tratamiento de residuos.

La mayor de las condenas solicitadas para cada uno de ellos, tres años y medio y una sanción de 7.200 euros a razón de 15 euros diarios durante 16 meses, se corresponden con un delito contra el medio ambiente, destapado a raíz de la denuncia por estafa de las dos mujeres a las que vendieron el terreno contaminado, donde tenían previsto instalar un centro de hípica, sin informarles de la situación de los terrenos. Por este hecho la fiscal solicita otros diez meses de cárcel por un delito de estafa, que dio origen a las diligencias del Seprona en noviembre de 2021.

Los tres acusados son los propietarios de una planta de gestión de residuos metálicos que operó en Renedo de Esgueva entre 2006 y 2018 sin autorización ambiental, tras serle retirada pocos meses después de que los acusados heredaran el negocio familiar, según recoge el escrito de calificación de la Fiscalía. Por aquel entonces la empresa tenía sus instalaciones en una finca de 13.640 metros cuadrados, con dos naves y un «parque de chatarra» de 10.000 metros cuadrados en la parte trasera, en el que almacenaban «directamente sobre terreno natural» restos sobrantes que no eran aprovechables, tales como hierros, chapas y maquinaria en desuso.

La carencia de la autorización, «sobradamente conocida» por todos los acusados, incide la Fiscalía, «no fue obstáculo» para que prosiguieran con el almacenamiento en las instalaciones al menos hasta 2018, «enterrando o dejando abandonados en distintos puntos de la parcela parte de los residuos». La actividad prosiguió hasta 2018, cuando la empresa se trasladó a La Cistérniga, quedando los terrenos en desuso hasta que tres años después, en octubre 2021, vendieron una parte de la parcela por 25.000 euros, ocultando «deliberadamente» la situación de los terrenos, de la que eran «plenamente conocedores».

La contaminación existente, ignorada por las denunciantes, imposibilitaba su uso para el negocio que había motivado la compraventa. Aspecto que las adquirientes corroboraron al poco de comenzar el acondicionamiento del terreno, cuando detectaron «restos de metal dispersos, la presencia de una sustancia de color negruzco», así como un líquido «que desprendía un fuerte olor a amoníaco».

Los hallazgos fueron denunciados en la comandancia de la Guardia Civil de Tudela de Duero, dando pie a una inspección del Seprona en noviembre de ese mismo año. Tras comprobar los aspectos denunciados, los agentes procedieron a una toma de muestras en diversos puntos del terreno, así como en dos bidones metálicos de 200 litros que encontraron enterrados.

El análisis arrojó que la contaminación de los suelos examinados suponía un «riesgo grave e inadmisible» para la salud de los potenciales receptores de las aguas subterráneas, incluidos los trabajadores del centro ecuestre, dadas las «alta concentraciones de metales». Con una incidencia «semejante o mayor» para los caballos que se ejercitaran en el centro, «estando expuestos a la ingesta de partículas de suelo contaminado» dada su naturaleza de rumiantes. Afecciones que hacían necesario acometer trabajos para la recuperación del suelo que hubieran supuesto un desembolso para las denunciantes de casi cuatro millones de euros.