El juez investiga el caso de una bebé prematura que dio positivo en droga en el Clínico la víspera de Navidad

Aunque también se intentó que la Junta tomara cartas en el asunto y abriera un expediente de protección provisional sobre el recién nacido, no se consiguió contactar con nadie del servicio que tiene a su cargo la protección de la infancia, «al menos hasta el 27 de diciembre, cinco días más tarde», afirmaron fuentes del caso. El Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid, esa semana en funciones de guardia, tiene abiertas diligencias de investigación.

El caso de la niña Sara vuelve a proyectar su sombra estas Navidades sobre el ala de Pediatría del Hospital Clínico de Valladolid, cuatro años después de su muerte por maltrato reiterado y agresión sexual. Entonces, desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se lanzó un «nunca más» y se prometió reforzar Servicios Sociales con más medios, entre otros, con un sistema de localización de 24 horas para dar respuesta inmediata a los casos urgentes de desprotección infantil y evitar lo que le ocurrió a la pequeña de La Rondilla, que estuvo 24 días desprotegida desde que los primeros pediatras detectaron sígnos de maltrato hasta que la Junta retiró la tutela a la madre cuando ya era demasiado tarde, al pie de la cama del hospital, donde la niña de 4 años ingresó inconsciente y nunca despertó. Fue el 3 agosto de 2017, fin de semana y vacaciones de verano.

Han pasado cuatro años y ese servicio urgente de 24 horas sigue sin existir, de forma que cuando los pediatras del complejo hospitalario trataron de notificar a la Administración competente en materia de protección de la infancia el caso de esta bebé prematura con trazas de haber ingerido droga a través de la leche de su madre, se encontraron sin respuesta. «En estos casos, un fax o un formulario por correo o Internet no sirven, porque no hay destinatarios que los reciban de inmediato al otro lado fuera del horario de oficina, así que la comunicación y la coordinación se resiente», manifestaron fuentes próximas a la investigación.

Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se indicó ayer que, «los protocolos establecidos se han cumplido» y que, en estos momentos, la menor está bajo la tutela de los Servicios Sociales. Insisten en que la prioridad «es la protección de la menor y está garantizada».

Hacen referencia al Decreto 1/2021, de 14 de enero, en el que se determina que, «ante ingresos de menores sobre los que existan sospechas o evidencias de maltrato grave, el alta hospitalaria no se producirá sin los informes correspondientes de la autoridad judicial o Ministerio Fiscal o de los Servicios Sociales». Y «este es el procedimiento que se ha seguido», apostillan desde la Junta, sin hacer referencia al servicio de recepción de avisos urgentes 24 horas comprometido hace cuatro años para cubrir las incidencias de maltrato o abandono de menores fuera de horario de oficina, las tardes de diario, festivos y vacaciones.