La Junta investigará el posible abuso a una niña de 4 años pese a que no ha recibido orden judicial para actuar

Fuentes médicas cercanas al caso explicaron este lunes que los doctores que atendieron a la niña lógicamente se sorprendieron cuando los análisis arrojaron la presencia de una patología de transmisión sexual. Así, el centro hospitalario se puso en contacto con los juzgados para comunicar estos hechos, según se determina en el protocolo establecido para estas situaciones.

Pero el episodio no quedó ahí. Las mismas fuentes señalaron que «unos días después» la madre volvió a acudir a Urgencias pediátricas del Río Hortega con su hija para ser atendida de una lesión en la mano y un corte en la ceja. Al parecer, la pequeña tenía «un dedo roto y la extremidad magullada», además de la herida junto a uno de sus ojos.

El personal sanitario no daba crédito a esta nueva visita. Esperaban que tras un primer aviso urgente a las autoridades judiciales se hubieran tomado medidas de protección a la menor hasta que se aclararan los hechos.

A su cabeza, explican, regresó el recuerdo del caso de la muerte de la niña Sara en Valladolid, por la que la madre fue condenada a 13 años de cárcel y por la que el novio de esta cumple la pena de prisión permanente revisable por los delitos de asesinato y abusos sexuales. Entonces, una cadena de errores entre diferentes administraciones desembocó en una desprotección de la menor, que acabó con el asesinato de la pequeña por parte de la pareja de su progenitora.

Este periódico consultó ayer a primera hora de la mañana con la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León para saber si estaban abordando ya este caso. Desde el departamento aseguraron que a la Gerencia de Servicios Sociales aún no ha llegado ninguna comunicación sobre el asunto. Los letrados de esta Administración explicaron que si hay algo sospechoso los médicos trasladan un parte al juzgado y es este el que dirige la investigación y ordena si hay alguna medida que adoptar, según explicaron en el gabinete de prensa.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades confirmaba más tarde que los Servicios Sociales del Ejecutivo autonómico no han recibido ningún aviso por parte del juzgado que ha iniciado las pesquisas. De momento, el Ministerio Público no aprecia un caso de desprotección o desamparo, porque la niña está siendo atendida por su madre, según ha trasladado Fiscalía a la Gerencia de Servicios Sociales. No obstante, y a pesar de no contar con ningún mandato de los tribunales, el área que gestiona la consejera Isabel Blanco anunció que realizará un seguimiento de lo acaecido hasta el momento con esta menor y de la situación de la pequeña en su entorno familiar.

Así, está previsto que los trabajadores sociales inicien una investigación para conocer los hechos de manera exhaustiva con el objetivo de tomar las medidas que fueran necesarias para garantizar la integridad y los derechos de la niña.