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M. J. Pascual
Viernes, 22 de febrero 2019, 09:58
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Los diez detenidos en la última entrega de la operación Ignis están siendo interrogados en estos momentos en el juzgado de instrucción 3 de Valladolid, que está de guardia. Fuentes próximas a la defensa, que representa tanto a los propietarios del grupo funerario El Salvador, como a los empleados a quienes se está tomando declaración, han expresado su convencimiento en que, tras los interrogatorios, serán puestos en libertad como ocurrió con sus otros trece compañeros que fueron detenidos en una segunda fase como presuntos autores de delitos de estafa continuada y pertenencia a grupo criminal por el supuesto cambiazo de casi 6.000 ataúdes en los servicios de cremación por otros de menor valor.
Mientras tanto, en la sala de vistas 4 de los juzgados de la calle Angustias la instructora del caso toma declaración a una testigo, extrabajadora de la empresa, quien podría probar que las prácticas ilegales no solo se circunscriben al periodo investigado de 1995 a 2015, sino que se habrían prolongado más allá.
Solo el dueño, Ignacio Morchón, y dos de sus hijos se encuentran en prisión; el primero, sin fianza; su hijo, bajo fianza de 800.000 euros (que asegura que no abona porque no quiere dejar solo a su padre en la cárcel) y una hija, a la que se le ha impuesto una fianza más baja, de 400.000 euros. El representante legal de la familia está esperando la respuesta al recurso de apelación presentado para que se le retire la fianza a la joven y sea puesta en libertad.
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