Los hosteleros acusados de fraude culpan a su asesor: «Hicimos a pies juntillas lo que nos dijo»

El primer acusado en declarar fue Francisco Javier Martínez Beltrán, quien aseguró que él «participaba en las sociedades pero no llevaba el negocio» y que era su hermano Miguel quien se ocupaba de «hablar con el asesor y lo que nos aconsejaba, lo hacíamos», pero que ellos, sobre todo, trabajaban en el bar. «De temas de cuentas y eso, no sabemos», ha insistido. Cuando el fiscal le preguntó el motivo por el que constituyeron «una empresa tras otra» (Marbel Castilla y León, en 2010; JYMMM Producciones y Gestión de Eventos de Castilla y León en 2013; Asociación de Alimentos de Valladolid, en 2015; y Degusta Valladolid con Sabores, en 2017), se remitió de nuevo a que le preguntaran a su hermano.

La acusación pública sostiene que se trata de la misma empresa pero que, a medida que iban acumulando deudas, constituían una nueva sociedad y trasvasaban a los trabajadores para eludir el pago de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social. El fiscal cifra la deuda en 169.000 euros, cantidad a la que suma un fraude a varias mutuas de 240.983 euros. El acusado negó deudas y conocer los impagos a la Seguridad Social y, respecto de las cuantías cobradas por las sucesivas bajas encadenadas (y algunas, solapadas) durante años aseguró que sus dolencias eran reales, «hay historiales en el Clínico» y que esas bajas no eran falsas, sino que «son dadas por los médicos», insistió. Sí reconoció que una de las mutuas llegó a ponerles un detective ante tanta baja.

Tanto él como su hermano Miguel cargaron las tintas sobre el tercer acusado, el asesor Pablo Martínez Lobato, cuya entonces esposa, que le ayudaba en la asesoría, utilizó su certificado electrónico para confeccionar contratos simulados en los que ella aparecía. «Me quiso pagar 10.000 euros por hacerme cargo de cosas que yo no sabía qué eran, me estaba intentando comprar. Menos mal que grabé la conversación», aseguró Javier.

La letrada de la Seguridad Social le preguntó el motivo por el que no pagaban las cuotas de sus trabajadores. «Cuando no se paga no es por capricho, es porque no hay», zanjó. «¿Tenían beneficios en las sociedades?», inquirió la acusadora. «Desde 2008, pocos beneficios. Ha sido un cúmulo de mala suerte», respondió el acusado, que unas veces figuraba como administrador y otras como empleado contratado por su hermano.

Miguel Ángel Martínez Beltrán afirmó «desconocer que hubiera problemas económicos» en su empresa y mantuvo durante su declaración ante la jueza la misma estrategia que su hermano. «Yo me fiaba de lo que me decía el asesor y era él quien recibía todas las notificaciones de deuda y el certificado electrónico», indicó. Tampoco reconoce las cantidades de deuda que le atribuyen las acusaciones y su letrada, Alicia Ferrero, insistió en solicitar a la Fiscalía y las mutuas las cuantías exactas «porque se han dado varias cifras y no coinciden».

El tercer acusado, Pablo Martínez Lobato, señaló que empezó a trabajar para los hermanos en mayo de 2015 y que nunca le entregaron ni la contabilidad ni un solo papel ni presentaron nunca cuentas anuales. Abundó en el caos de gestión de estas sociedades y les acusó de «no pagar nunca los seguros sociales». A las preguntas del fiscal incidió en que «ellos saben sus obligaciones y no las han cumplido, tienen una experiencia empresarial terrible, desde 1998 y han estado haciendo esto mismo toda la vida, no pagar los seguros sociales. Son expertos en crear sociedades. Nos han mantenido engañados. Yo no sabía ni que estaban de baja», se defendió.

Lobato admitió «el daño» realizado por su exmujer y afirmó que asumió la cuantía económica del «error» cuando la inspección le presentó contratos, salarios y documentos que había realizado ella como si trabajara para varias empresas.

Por su parte, los trabajadores de las sociedades de los hermanos que testificaron, la mayoría, camareros, aseguraron que les «trasvasaban» de una sociedad a otra, algunas veces, sin enterarse. Además, les dejaban a deber mensualidades y finiquitos y cuando defendían sus derechos, les decían que «les denunciaramos al Fogasa si queríamos cobrar». Incluso, relató una de sus extrabajadoras, que cuando ella subió en la Red lo que le habían hecho, llegaron a amenazarla con que «con todos los contactos que tenían, que no volvería a trabajar en la hostelería en toda mi vida».

Los policías que investigaron el caso a partir de la denuncia de la inspección laboral corroboraron que eran muchas sociedades pero la misma empresa, que se había producido un trasvase de trabajadores entre sociedades pero que la sede social era la misma, la dirección del negocio permanecía y también los teléfonos. «Cuando se generan deudas, o las pagas o la única manera de obtener un certificado libre de cargas es crear una empresa nueva», explicaron. Respecto del asesor, subrayaron que «el gestor siempre es el mismo, tenía que saberlo todo desde el principio hasta el final».

Eran seis los acusados que iban a sentarse este lunes en el banquillo del Juzgado de lo Penal 4 de Valladolid pero al final, se quedaron en tres porque las tres mujeres encausadas (la mujer del asesor y dos trabajadoras) llegaron a acuerdos de conformidad para reducir la pena y reconocieron que habían cobrado prestaciones simulando contratos laborales que no existían. Estos contratos salieron del mismo sitio y con los mismos protagonistas: el despacho del asesor Pablo Martínez Lobato y las sociedades de los hermanos hosteleros Francisco Javier y Miguel Ángel Martínez Beltrán. El juicio por defraudar a la Seguridad Social continuará el próximo lunes con la declaración, entre otros, del inspector que destapó el fraude y las acusaciones y las defensas presentarán sus conclusiones. La Fiscalía pedía inicialmente para los empresarios y los otros cuatro acusados penas que sumaban 20 años de prisión por impago de cotizaciones y falsear documentos oficiales, aunque la petición se ha reducido con las tres conformidades de última hora.