El Gobierno no puede impugnar las medidas antiaborto porque solo son «intenciones»
«No se puede emplear esta vía frente a una mera declaración en una rueda de prensa», afirma Juan María Bilbao, catedrático de Derecho Constitucional de la UVA
El catedrático de Derecho Constitucional, Procesal y Eclesiástico del Estado de la Universidad de Valladolid (UVa) Juan María Bilbao explicó que el conflicto de incompetencia anunciado por el Gobierno contra Castilla y León se debe interponer, según la ley orgánica del Constitucional, sobre «disposiciones, resoluciones o actos», y, a su juicio, hasta la fecha solo ha habido «declaraciones políticas» sobre las medidas de atención a la mujer, es decir, «nada impuganable». «Unas declaraciones en una rueda de prensa no constituyen un acto, resolución o disposición que se pueda impugnar», dijo a Ical.
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Bibao se preguntó si unas declaraciones de intenciones pueden considerarse una «disposición, resolución o acto» y sentenció: «Lo dudo mucho». «¿Esas declaraciones se han traducido en algún tipo de decisión administrativa, de resolución, de modificación? Si se ha traducido habrá que verlo, a ver qué se puede impugnar», aseveró.
Este experto de la UVA sentenció que al Gobierno le interesa «políticamente» mantener el debate en torno a las medidas antiaborto de Vox, pero «no tiene base jurídica». «No se puede emplear esta vía de impugnación frente a una mera declaración de intenciones en una rueda de prensa», repitió.
El catedrático quiso esperar a ver en qué términos se redacta el requerimiento pero repitió que le resulta «complicado» justificar ese recurso tras escuchar las declaraciones del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que «no se traducen en nada, no se ha modificado nada, es propaganda, los profesionales no han recibido nada». «Si solo es una declaración política de intenciones no se puede impugnar porque no es una acto jurídico y mucho menos una disposición».
«Es lo que hay que aclarar. No ha habido nada. Ni una orden de Sanidad», prosiguió, para remarcar el «papelón» del consejero del ramo, Alejandro Vázquez, «mirando para otro lado». «Debería haber en todo caso como mínimo una orden de la Consejería de Sanidad que es la competente y mientras no haya esto no hay nada».
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Por último aclaró que este mecanismos anunciado por el Gobierno, es un «paso previo» que puede utilizar antes de acudir al Constitucional, para que se pueda resolver el litigio sin llegar al alto tribunal. «Se le da la oportunidad a la Junta de reconsiderar su posición», dijo, para precisar que se debe plantear en el plazo de dos meses y Castilla y León tiene un mes para contestar y si no responde se considera que lo rechaza (silencia negativo).
En este contexto, si el Gobierno considera que la Junta no ha atendido ese requerimiento de incompetencia y no ha rectificado, plantea el conflicto ante el Constitucional, e invocará el 161.2 para suspender cinco meses, al menos, el acto o disposición correspondiente.
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