Los 653 empleados de Justicia eligen a sus delegados en el proceso más reivindicativo
Romper la brecha de pluses regionales de hasta 600 euros al mes, jornada de 35 horas y elevar el pago por las guardias son sus retos
Los 653 empleados que tiene la Administración de Justicia en Valladolid (con excepción de fiscales y jueces), están llamados a elegir a sus 17 representantes ... sindicales en un proceso que se presenta como el más reivindicativo de los últimos años, tras la década de la crisis. Las cuatro centrales sindicales que se presentan (CSIF, CC OO, STAJ y UGT) aspiran a obtener, cuando se abran las urnas este miércoles, la máxima representación, todo con un programa con el que buscan romper la brecha salarial que tienen los funcionarios de Justicia con sus compañeros que hacen el mismo trabajo en comunidades como País Vasco, Navarra, Madrid, Valencia, Asturias, Cantabria o La Rioja.
Solo por el complemento específico de destino, un empleado en estas autonomías, que tienen traspasadas las competencias de justicia, cobra hasta más de 600 euros más al mes que uno de Valladolid (ver cuadro superior), importes que se suman al sueldo y los trienios.
Censo
La plantilla de Justicia en Valladolid (652, la más grande de la región) tiene una dimensión como la de Renfe Operadora (668), Telecyl (600), Auvasa (496), o la teleoperadora Intrum (595). Pese a que en estas compañías las movilizaciones para revertir los recortes durante la crisis han tenido más éxito (incluso en otras administraciones públicas), en Justicia de Valladolid las diferencias salariales siguen siendo importantes en categorías como los gestores procesales, tramitadores y auxiliares (antiguos agentes).
Pese a que el censo incluye también a los letrados de Justicia, antes secretarios judiciales, ninguno de los 53 que hay en los órganos de la provincia (8% de la plantilla) forman parte de las 4 candidaturas. «Ellos tienen sus asociaciones, que aquí no se presentan, pero está claro que lo que se decida en una negociación con el Ministerio también les afectaría», dicen los cuatro sindicatos.
Representación actual
En la actualidad, CSIF es la organización que mayor número de delegados tiene (8), seguida de CC OO (6) y el Sindicato de Trabajadores de Justicia-Staj (3). UGT, que ha estado fuera estos cuatro años, aspira a recuperar también, con un programa reivindicativo, la presencia que tuvo en los inicios de 2000.
Aseguran todos que los recortes que como funcionarios públicos han tenido desde el 2010 se han llevado el 5% de sus salarios.
Además de romper la brecha con otras regiones, los sindicatos reclaman la extensión del pago por productividad a todos los cuerpos, «no solo a jueces, fiscales y letrados. Un importe con el que el Ministerio retribuye en función del número de expedientes que se sacan al año».
En este sentido, los cabezas de lista censuran que la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, haya incrementado las percepciones a la cúpula judicial y fiscal en el último año, olvidando al resto de cuerpos.
También plantean la recuperación de la jornada semanal de 35 horas (hoy es de 37,5). No se oculta, dicen los representantes sindicales, que de aplicarse el control de horario por parte del Ministerio «el número de horas demostraría la carga de trabajo que tenemos».
Los programas electorales que se han presentado plantean la revisión al alza de las retribuciones del personal destinado en los juzgados de Paz, así como los importes que se abonan por el Ministerio durante las guardias que realizan en Instrucción y los forenses. Los candidatos critican la dispersión de las sedes en la capital y reclaman un acuerdo para aglutinarlas en un campus.
Para la votación se ha fijado una mesa en el Palacio de Justicia, en Angustias, y otra en Medina del Campo. En la primera pueden votar también los funcionarios de Rioseco. El horario será de 9 a 14:30 horas.
«No puede ser que una región pague más que otra»
María Jesús Zamorano (CSIF) es tramitadora con 28 años en la Administración de Justicia. Preside además la Junta de Personal y es muy crítica con la consolidación de las diferencias retributivas con otros de sus compañeros del estado. Su sindicato fue mayoritario en las elecciones de 2015.
«Salarialmente estamos mal. Hay diferencias con respecto a otras comunidades, según categorías, de entre 300 y casi 700 euros más al mes. No puede ser que una comunidad pague más que otra. A muchos funcionarios no se les compensan las horas de más que hacen en los registros», afima.
«La implantación de nuevas tecnologías ha sido un desastre»
Raúl Franco (Comisiones Obreras) es gestor procesal y licenciado en Derecho, Franco lleva 16 años en Justicia y ha pasado por Soria, Villalón, Fresno el Viejo y Valladolid.
«La implantación de las nuevas tecnologías ha sido un desastre en Valladolid. Tenemos caídas diarias que impiden el servicio público. Los trabajadores de Justicia no transferidos somos los peor pagados. Incluso hasta los policías han conseguido mejoras. Hemos denunciado falta de ascensores y arcos», dice.
«La gestión de la ministra ha sido nula, y nos movilizaremos»
Vallisoletano de 48 años, y desde el 2003 rotando por varios tribunales (en Medina del Campo, Majadahonda, Arévalo y Valladolid), Mario Bravo Lobato (STAJ) ha pasado por órganos de lo Penal, Familia y de Primera Instancia.
«Somos un sindicato específico para Justicia, y nuestro objetivo son las mejoras salariales de los funcionarios. Los que estamos en territorio del Ministerio nos hemos quedado atrás y no es posible. La gestión de la ministra Delgado ha sido nula y nos vamos a movilizar», apostilla.
«El personal no transferido está perdiendo dinero»
El sindicato UGT pretende recuperar la representación en la Junta de Personal. Jaime Rodríguez, del cuerpo de Tramitación y destinado en el TSJ, encabeza la candidatura socialista.
«Los recortes no han permitido crear más plazas. Tenemos las mismas obligaciones que otros compañeros, como en Madrid o País Vasco, pero cobramos menos. El personal no transferido está perdiendo dinero. Por otro lado, los juzgados de Instrucción tienen mucha más carga», dice.
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