«Le insistí en que no subiera a los montones de azúcar», declara un testigo del accidente mortal en Olmedo

A Rodrigo Barrio Dolz se lo tragó literalmente poco más de metro y medio de azúcar el 28 de septiembre de 2016. Ni el compañero que en ese momento estaba con él paleando en el interior del silo número uno de la factoría de Acor en Olmedo ni el operario que desde fuera vio «sus botas asomar» y paró de inmediato el proceso de abrir las bocas, pudieron evitar que el trabajador novato fuera abducido por una tolva y se asfixiara entre kilos de polvo blanco. Los testigos han relatado este viernes al juez que tardaron más de una hora en poder rescatar el cuerpo. Todos los trabajadores que han declarado minimizaron el hecho de que no se utilizara para ese espacio ni arnés (tampoco para escalar por una escalera metálica desde el exterior a la «escotilla» de entrada, a unos cuatro metros de altura) ni el resto de medidas de protección que el propio manual de prevención de riesgos laborales de la empresa contempla para zonas de la fábrica denominadas «espacios confinados y con atmósfera explosiva», entre ellos, los silos. Durante toda la vista se puso de manifiesto la escasa conciencia del riesgo entre los propios trabajadores.

Zacarías Rico López, amigo del fallecido y la persona que le consiguió el trabajo en la factoría, fue tajante. «Yo estuve dos horas con él explicándole lo que tenía y no tenía que hacer. En ese momento estaba yo de encargado y le advertí expresamente que no se subiera a los montones de azúcar, que pisara el suelo firme». Cree este operario que a lo mejor lo hizo porque «al ser el primer día quería ganarse el puesto y a lo mejor cometió el error de subirse donde no se veía la boca». Para el testigo, el hecho de que no existiera una soga conectada con el exterior o un arnés no tuvo que ver con el resultado fatal. Por el contrario, considera que dentro del silo «no hay que poner arneses, porque las tiras pueden ser absorbidas por las tolvas y provocar accidentes».

Rubén Sanz estaba con Rodrigo mientras los otros dos compañeros habían ido a almorzar y asegura que estaba de espaldas dejando la pala y que no vio cómo se subía al montón de azúcar . «Es de lógica: si te arrimas a las bocas te puedes caer, es de sentido común», respondió al fiscal cuando le preguntó si todos ellos habían recibido formación previa sobre los riesgos. El trabajo que tenían que realizar, aseguró el operario, «era sencillo» y «no tan peligroso» como otros que se realizan habitualmente en la fábrica. Ir picando el azúcar de las paredes, palear y barrer hacia las tolvas para limpiar el silo, una acción que se realizaba una vez cada dos años por orden de Hacienda. Para eso se había formado una cuadrilla de cuatro personas. Rodrigo Barrio, de 40 años, casado y con tres hijos, vecino de Matapozuelos, acababa de empezar a trabajar ese mismo día de autos, pasadas las siete de la mañana. Según el fiscal, aunque le dieron el librillo con las prescripciones sobre seguridad, ni tan siquiera le habría dado tiempo a leerlo, pues empezó de inmediato su tarea en el silo después de pasar por la oficina y firmar los papeles.

Para la acusación pública, la responsabilidad penal del director técnico de la planta y del administrador y responsable de personal que se han sentado en el banquillo por no verificar que se cumplían las medidas de seguridad, está clara y para ello esgrime el informe de la Inspección de Trabajo que sancionó a Acor con sendas multas administrativas de 4.000 y 60.000 euros después de ocurrir el accidente, al comprobar la inspectora que no existía una evaluación del riesgo de ser absorbido por la tolva. Pide para cada uno de los acusados dos años y seis meses de prisión por un delitos contra la seguridad de los trabajadores y otro de homicidio por imprudencia.

El representante del ministerio público no ha modificado su calificación de los hechos, a pesar de que tanto los acusados como la mayoría de los testigos han coincidido en señalar que los trabajos para limpiar el silo y, por tanto, las medidas de protección que se debían implementar para realizarlos eran responsabilidad directa del servicio de fabricación y no de administración o de la dirección técnica.

El primero de los acusados en declarar, José Antonio Esteban, el administrador de la planta de Olmedo, ha incidido en que la acusación «ha confundido las funciones» porque él «no es gerente ni administrador único, sino un oficial administrativo» y ha subrayado que su competencia en materia de prevención de riesgos laborales se limita al personal de su propio departamento y no al resto de áreas de la factoría, «ni mucho menos, a los operarios del silo, que pertenecen al servicio de fabricación». Y ha insistido en su alegato final, antes de que el juicio haya quedado para sentencia, que en todos sus años de trabajo en la empresa nunca ha firmado permisos para trabajos especiales que precisan de una evaluación de riesgos como la limpieza del silo.

Durante la vista oral no se ha despejado la incógnita de quién ordenó que se llevara a cabo ese trabajo, aunque hubo una reunión previa de todos los jefes de servicio la semana anterior en la que el administrador comunicó que en el silo había unas 4.000 toneladas de existencias y en dicha reunión se indicó que al lunes siguiente se iba a entrar a limpiar. Ni el contramaestre, Ángel Alfonso, responsable del servicio de fabricación y, por tanto, de planificar la seguridad de instalaciones como el silo, asumió haber dado la orden. «Yo no firmé la autorización porque nadie me la pidió. El vigilante tenía que haberme dicho que iban a entrar a limpiar, pero vamos, la primera regla es que no se suban a los montones de azúcar. Se tiene que tirar un tío a la boca para que le pase algo». Y subrayó que en 30 años nunca había ocurrido algo parecido. Comparte la tesis de que usar arneses en el interior daría lugar a más accidentes «porque si la cinta entra en la boca puede partirte en dos».

El segundo de los acusados, el director técnico de la planta, Guillermo Domínguez ha insistido en que era facultad del servicio de gestión integrada la puesta en marcha de los planes de prevención que, a su vez, eran elaborados por una empresa externa y que «no estaba dentro de sus funciones verificar» los protocolos pues «daba por supuesto que las medidas de seguridad se estaban cumpliendo» en los distintos departamentos.

Las defensas han solicitado la libre absolución para sus patrocinados porque no ven dolo, sino un trágico accidente producto de la imprudencia del propio trabajador. El letrado Carlos Castro, defensor de Guillermo Domínguez, ha solicitado que se tenga en cuenta, además, en el caso de que su patrocinado sea condenado, la atenuante de dilaciones indebidas, al haberse prolongado el procedimiento durante tres años. También considera que en el auto de imputación no se hizo expresamente la acusación de homicidio por imprudencia, motivo por el que solicita al magistrado del Juzgado de lo Penal 4 que solo se juzgue a su cliente por el delito contra la seguridad de los trabajadores. A estas peticiones se sumó también Jesús Verdugo, el letrado de José Antonio Esteban, quien incidió en sus conclusiones finales en que, en este caso, la Fiscalía «se ha equivocado de acusados».

Ahora será el juez quien tendrá que responder en su sentencia a la pregunta que formuló en voz alta el fiscal: ¿Qué habría ocurrido si se hubieran cumplido todas las condiciones de seguridad, se habría evitado el resultado fatal?