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Rodrigo Jimémez
La defensa solicita la puesta en libertad para la hija del propietario de El Salvador

La defensa solicita la puesta en libertad para la hija del propietario de El Salvador

«Lo único que empieza a valer 400.000 euros es el perjuicio que se le está ocasionando con esta injusta prisión preventiva», afirma

M. J. Pascual

Valladolid

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Miércoles, 27 de febrero 2019, 21:12

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El representante legal de la familia Morchón presentó un recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia de Valladolid para que se ponga en libertad provisional sin fianza a la hija del propietario de la funeraria, que trabajaba ocasionalmente en la empresa de pompas fúnebres de la familia, según el escrito. En la apelación se sostiene que la afirmación de que la joven «no podía ser ajena a las actividades de cambio de féretros» por la que la jueza decidió dictar la prisión provisional bajo fianza «no se sostiene tras más de un año de duración de la instrucción que no recoge indicio incriminatorio alguno».

Se indica que, «no es hasta la entrada y registro» del 1 de febrero, cuando «se sabe de la existencia de doña Laura» y subraya la defensa que «no hay una sola referencia a ella en más de un año de investigación judicial» y que simplemente ella acompañó a la Policía en los registros domiciliarios y las instalaciones de la funeraria como representante de la familia. «No se le atribuyen hechos concretos, ni fecha de los hechos que se le pudieran atribuir, ni cuál es su participación ni qué delitos corresponde a esos hechos», indica el recurso.

«Iba a echar una mano»

La hija del propietario de las funerarias explicó durante su declaración, el pasado 15 de febrero, que durante su vida laboral iba al tanatorio «para echar una mano, como hace todo hijo que ayuda en el negocio familiar». Para la defensa, ella «se encuentra en prisión por ser hija de su padre» y considera que debe ser puesta en libertad sin fianza «pues lo único que empieza a valer 400.000 euros es el perjuicio que se le está ocasionando con esta injusta prisión preventiva».

La jueza decidió mantener la prisión comunicada bajo fianza por entender que desde que fue dada de alta como trabajadora en la funeraria «ya se estaban llevando a cabo las actividades de sustracción de féretros».

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