La cúpula de Urbanismo de 2003 en Valladolid, al banquillo por alterar el PGOU

El exconcejal José Antonio García de Coca, en una declaración en los juzgados en 2013. /Fernando Blanco
El exconcejal José Antonio García de Coca, en una declaración en los juzgados en 2013. / Fernando Blanco

La Audiencia abre este martes el juicio contra el exedil del PP García de Coca y tres técnicos municipales acusados de favorecer a propietarios

Jorge Moreno
JORGE MORENOValladolid

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial sienta en el banquillo desde el martes 18 y, en principio, durante cinco jornadas más hasta 27 de septiembre, a la cúpula del Área de Urbanismo del Consistorio de Valladolid durante el mandato del PP, entre el 2003 a 2007, por unas diligencias penales abiertas en 2008 referidas a la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Diez años de procedimiento hasta el juicio oral, que se han visto retrasados por las decenas de recursos y documentación urbanística que integra este caso, en el que tanto la Fiscalía como acusación particular, representada por la Federación de Vecinos Antonio Machado, sitúan como principal responsable de la trama al exconcejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca.

Tanto a él, como a otras doce personas más, entre ellas tres técnicos municipales y varios promotores inmobiliarios, se les acusa de delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación, tráfico de influencias y un delito sobre el patrimonio histórico. Para el concejal y los técnicos Luis Álvarez Aller, Modesto Mezquita Gervás y José Luis Cerezo Bada, la Fiscalía solicita condenas de cuatro años de cárcel para cada uno, así como penas de inhabilitación de hasta ocho años para puestos relacionados con vivienda, urbanismo e infraestructuras. Además a García de Coca le pide el abono de multas que superan los 34.000 euros.

Según la fiscal del caso, Ana Valle, el Ayuntamiento de Valladolid, presidido por Javier León de la Riva, comenzó en el año 2002 la revisión del PGOU para adaptarlo a la ley de 1992 y a la regional de Urbanismo de 1999, una iniciativa administrativa con la que se trataba de aprovechar también las modificaciones del Plan Especial del Centro Histórico (PECH).

La manipulación sirvió para que la antigua harinera La Perla pudiera ser residencial mixto

Por este motivo, en el Área de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, al frente del cual se encontraba Modesto Mezquita, y en el que ocupaba un puesto relevante el arquitecto Luis Álvarez Aller, se formó un equipo de trabajo encargado de realizar el inventario de parcelas y edificios protegidos, así como de elaborar el Estudio Económico y Financiero. Este grupo estaba integrado también por cinco técnicos municipales que contaron con la colaboración externa de la consultora Inzamac, que debía de ajustarse a las indicaciones de los expertos locales. Aunque inicialmente, el 3 de septiembre de 2002, el Pleno Municipal aprobó la documentación elaborada por el equipo redactor, y posteriormente se sacó a información pública, meses después se constató que los planos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia en 2004 no coincidían respecto a algunas de las parcelas y edificios con lo dictaminado por los técnicos, a los cuales se fue apartando.

Irregularidades

El Ministerio Público señala entre las manipulaciones, el aumento de la edificabilidad en el barrio de Ciudad Jardín, cuyas parcelas se gestionaron por el Grupo Capitol, que entre 2006 y 2007 estuvo vinculado con el Ayuntamiento como patrocinador del equipo de baloncesto. La fiscal recuerda que precisamente uno de los acusados, Modesto Mezquita, fue nombrado vicepresidente del club.

También se cambió de uso el solar donde se encontraba el edificio de Cáritas, en la calle José María Lacort, para que la promotora Parkosa pudiera construir aparcamientos en el subsuelo. El TSJ declaró en sentencia, de abril de 2010, la nulidad de este Estudio de Detalle «por considerar que podía haberse incurrido en delito de falsedad documental por la manipulación de los planos».

La demolición, en diciembre de 2006, del edificio de Bajada de la Libertad 17, un inmueble catalogado, al que se permitía elevar la fachada, o la autorización para apartamentos tutelados en una zona del Pinar de Antequera, cuando lo que se buscaba era «una edificación residencial», son otras dos irregularidades.

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