Las comunidades de propietarios de Valladolid se blindan para limitar los pisos turísticos

En Valladolid, el registro de la Junta de Castilla y León tiene dadas de alta 133 viviendas de uso turístico en la ciudad. El Instituto Nacional de Estadística (INE) no reconoce Valladolid capital como un punto relevante para disponer de datos específicos, pero en el total de la provincia habla de 196 apartamentos, con 735 plazas estimadas, en unas cifras actualizadas al mes de septiembre de este 2023. Justo un año antes, la provincia contaba con 150 pisos y 549 plazas de alojamiento. La oferta se ha incrementado un 33%. Eso, en las viviendas de uso turístico regladas, sin contar con los pisos pirata que operan, sobre todo, a través de páginas web.

Ante esta situación, «cada vez más comunidades de vecinos» plantean a sus administradores qué posibilidades tienen para limitar en sus fincas la implantación de este tipo de apartamentos. Desde el colegio profesional explican que este tipo de consultas vivieron una explosión en los años previos a la pandemia, especialmente entre 2017 y 2018. La covid redujo esta preocupación, que se ha vuelto a acrecentar en los últimos meses.

Aquella inquietud prepandemia derivó en una modificación (el 6 de marzo de 2019) del punto 12 del artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal. Allí se contempla la posibilidad de que la comunidad de vecinos (reunida en junta de propietarios) «limite o condicione» la prestación de este tipo de servicios turísticos en pisos del inmueble.

El problema es que la normativa no habla directamente de «prohibir», sino que utiliza esos verbos de limitar o condicionar, lo que ha derivado en una controversia jurídica que no ofrece absoluta seguridad para la prohibición de la instalación de estas viviendas turísticas.

Ese acuerdo de limitación ha de alcanzarse en una junta (y este punto debe quedar expresamente reflejado en la convocatoria y el orden del día de la reunión) con el acuerdo de tres quintas partes de los propietarios y que representen a las tres quintas partes de las cuotas de propiedad.

Así, se exige una doble mayoría para adoptar medidas que pueden ir encaminadas a un posible incremento de gastos especiales e incluso de las cuotas (de hasta el 20%), que no se pongan cerraduras automáticas o que el acceso al inmueble se haga por determinadas entradas (si es que tiene varias).

La comunidad también podría acordar que no se establezcan pisos turísticos, pero el interesado en hacerlo podría recurrir este acuerdo, impugnarlo, ya que la norma no deja clara esa prohibición. En todo caso, la recomendación de los administradores de fincas es que estos acuerdos se lleven al registro de la propiedad, para que también afecten a los futuros compradores o propietarios de pisos en el inmueble.

Este auge de los apartamentos turísticos en la capital tiene cifras, procedentes del Instituto Nacional de Estadística. En los tres primeros trimestres del año (de enero a septiembre), Valladolid recibió a 26.181 viajeros que se hospedaron en algún establecimiento de este tipo.En tan solo un año, se ha duplicado (un crecimiento del 113%) el número de turistas alojados en estos pisos.

En el mismo periodo de 2022, fueron 12.257 viajeros, con un total de 40.339 pernoctaciones. Hasta septiembre de 2023 han sido 75.984 pernoctaciones. Es un incremento del 88%, ligeramente por debajo del de los viajeros. Esto supone que ha venido más gente, pero se ha quedado durante menos tiempo en la ciudad.

Eso sí, la estancia media en estos apartamentos (3,06 días de media en lo que va de año) está por encima de la registrada, en el mismo periodo, en los hoteles y hostales de la ciudad (que se sitúa en 1,73). Este tipo de establecimientos hoteleros han recibido a 535.737 viajeros durante los nueve primeros meses del año (frente a los 26.181 alojados en apartamentos turísticos), con 931.052 pernoctaciones (frente a 76.984 en este tipo de viviendas).