Cinco localidades de Valladolid sin oficinas bancarias tendrán un cajero de acceso universal

En la calle Ginebra de La Pedraja de Portillo, a escasos metros de la Plaza Mayor, la vida es otra desde hace cinco años. Entonces, estaba «repleta de gente todo el día», especialmente por las mañanas. Ahora, tan solo un goteo de vecinos transita por la zona. La sucursal bancaria que desde hace décadas permaneció instalada en una de sus viviendas echó el cierre y dejó huérfanos a sus 1.139 habitantes censados. No había cajero automático, pero atendía a los residentes en gestiones como abrir una cuenta, pagar impuestos y retirar e ingresar dinero. Pero la desertificación bancaria había hecho mella en la provincia.

Desde aquel día, cada vez que los pedrajeros, al igual que los vecinos de los 171 municipios vallisoletanos que carecen de una entidad de estas características, quieren realizar alguna de estas operaciones, tienen que desplazarse a algún pueblo cercano que disponga de una. «Desde que se fue nos quedamos sin nada; no nos queda otra que ir por ejemplo a Portillo a hacer algo tan simple como sacar dinero», afirmó la alcaldesa, María Henar González. «La verdad es que es un incordio para todos», continuó.

Pero tanto su situación como la de Valdestillas (1.643 habitantes), Matapozuelos (1.058), San Miguel del Arroyo (668) y Alcazarén (635) cambiará, si todo marcha bajo lo previsto, a lo largo del año. La Diputación Provincial ha escogido estas cinco localidades para poner en marcha un «proyecto piloto» de servicios financieros de proximidad, mediante el cual se implantará un cajero automático que permitirá retirar dinero con la tarjeta de cualquier entidad bancaria y cumplir con las obligaciones tributarias con la institución. Así lo confirmó ayer el vicepresidente primero, Víctor Alonso, quien desglosó los detalles de un programa que contará con un presupuesto inicial de 60.000 euros. «Estos cierres suponen un claro perjuicio para nuestros vecinos, especialmente los mayores; creemos que es una iniciativa muy interesante, pero ahora hay que ver cómo funciona», señaló.

Así, la intención es que se prolongue durante al menos ocho años para «garantizar la amortización que se realiza». Cada cajero implicará un gasto anual de 12.000 euros, de los que la Diputación asumirá el 80% y los ayuntamientos, el 20% restante. Si bien la institución provincial se hará cargo de cuestiones como la tramitación de la contratación del suministro, los pueblos deberán ceder el espacio donde se ubicará el cajero y responsabilizarse de los costes de instalación y mantenimiento.

Además, el vicepresidente anticipó que, aunque aún están por determinar los criterios (la Junta de Gobierno dará luz verde al programa la próxima semana y a partir de ese momento las localidades tendrán que dar su visto bueno para sacar a licitación el proyecto y fijar la entidad que lo asume), la pretensión es que los cajeros sean de acceso universal y que se puedan realizar gestiones «sin comisiones». «Nuestra intención es esa, pero en caso de que tenga, intentaremos que sea la menor posible».

En caso de que alguno de estos cinco pueblos, seleccionados en base a un criterio poblacional, «no pueda o no desee participar», se continuará con los ayuntamientos siguientes, de mayor a menor número de habitantes. Asimismo, de cara a futuros ejercicios, Alonso apuntó que «hay que esperar a ver cómo funciona», aunque aseveró que «si hay demanda y marcha bien, la Diputación seguirá con ello».