UGT y CC.OO piden más prevención para reducir los accidentes laborales en la región

Varias personas se plantaron en la Plaza de Zorrilla para «poner de manifiesto el derecho de los trabajadores y trabajadoras a tomar el control sobre las condiciones laborales y a exigir un trabajo sin riesgos». Ante las 59 muertes de trabajadores en su puesto de trabajo de este 2018, CC.OO y UGT exigieron una «prevención real» con el «aumento de las inspecciones de trabajo», que los empleados puedan «decidir y participar» en todo aquello que afecte a su salud y la implantación de la figura del delegado provincial en todas las empresas de la Comunidad.

La protesta adquirió un tinte político a las vísperas de las elecciones generales del próximo 28 de abril, fecha que coincide con el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo. La localización del acto también fue decisiva: el ruido de las protestas sindicales silenciaron el himno del Partido Popular que susurraba desde la calle Santiago. A la izquierda de los manifestantes -en la Plaza Zorrilla camino a Miguel Íscar- estaba la caseta de Vox.

Bajo ese contexto, la secretaria de salud laboral y juventud de CC.OO, Azucena Pérez, recordó la importancia del voto de los ciudadanos en las elecciones del próximo domingo. Pérez reclamó la «derogación de la reforma laboral» aprobada por el PP en 2012, que ha llevado a que los accidentes en un entorno de trabajo se eleven un cinco por ciento cada año en la Autonomía, según los datos que recogen los informes sobre siniestralidad que elabora la Junta de Castilla y León.

La secretaria del sindicato obrero y Sheila Mateos, con cargo análogo en UGT, extrajeron los datos del último informe anual de la Junta sobre la siniestralidad laboral. Los datos -de acceso público- indican que se produce un accidente mortal cada 6 días. El documento indica que en 2018 se produjeron 28.326 accidentes. De ellos 28.024 fueron leves, 243 graves y 59 mortales. Pérez ha advertido de que los accidentes han aumentado «en todos los sectores» y en todas las provincias, «salvo en Salamanca». A su vez, en 2018 se diagnosticaron 123 enfermedades asociadas a los entornos de trabajo.

Mateos expresó que «los empresarios tienen responsabilidad» en los accidentes laborales y que las administraciones públicas «deben involucrarse» y hacer «cumplir» la ley de prevención laboral. Las representantes sindicales proponen «reforzar las inspecciones laborales» y la implantación de la figura del delegado territorial para revertir los datos que desprenden los informes de siniestralidad laboral.