Valladolid

El cabecilla del crimen de La Circular asume 3 años y medio por la trama de préstamos fraudulentos

Alonso, que ha llegado a la sala bajo la custodia de agentes de la Guardia Civil desde la prisión de Villanubla, donde ya cumple una condena de once años y medio de prisión como ideólogo del crimen de La Circular, ha visto rebajada la pena de cinco años que inicialmente solicitaba la Fiscalía a tres años y medio por la comisión de dos delitos de estafa en concurso medial y falsedad en documento privado, ambos de forma continuada. Asume también una multa de seis meses a razón de tres euros diarios, más la responsabilidad civil que solicite la entidad Deutsche Bank y que se concretará en la sentencia.

El conjunto de las penas pactadas por los otros encausados, que oscilan entre los nueve y los 22 meses de prisión, suman 14 años. Las más altas, de 22 meses de privación de libertad, para cuatro de ellos: Jonathan C.G, Melanio V.R, Alexis J.P. y Adrián E.T. Mientras que Miguel Ángel M.C, Pablo Andrés B.R, Juan Antonio A.A, Esther E.J. y José Alejandro P.V. se han conformado con un año de cárcel. La menor de las penas ha sido para Francisco G. R., que asume nueve meses de privación de libertad con la atenuante de reparación del daño, al haber abonado 12.000. Darwin R., para quien la Fiscalía pide dos años y medio, es el único de los prestatarios que no ha aceptado un acuerdo que implicaba una rebaja de la pena.

La causa, que prosigue para él y para la gestora de la entidad, Carmen C. P., podría caer para todos ellos pese al reconocimiento de los hechos que implican las conformidades alcanzadas. Siempre y cuando los magistrados de la sala estimen la nulidad del procedimiento solicitada por la defensa de la empleada, quien gestionó los préstamos y a quien la acusación pública sitúa al frente de la organización junto a Ruben Alonso. Una petición a la que se han adherido todos los letrados. Para ella, la acusadora pública ha solicitado otros cinco años de cárcel, al considerar que actuaba en connivencia con el protésico dental con la finalidad de repartirse el dinero, junto con una tercera persona que no ha sido identificada y que se dedicaba a captar a los titulares de los préstamos.

La defensa, ejercida por el exdecano del Colegio de los Abogados de Valladolid, Javier Garicano, ha solicitado la nulidad del procedimiento desde la incoación de las diligencias previas por un defecto formal, al considerar que ha estado «viciado» desde el inicio, por no respetar «el derecho a la privacidad de las comunicaciones» de su representada. El letrado además ha tildado la instrucción de «prospectiva» al solicitar los agentes a cargo de la investigación todos los préstamos en los que había intervenido la encausada, vulnerándose la «privacidad de los datos personales» y sin que dicha petición fuera acotada en el tiempo. Igualmente ha hecho alusión, en base a los plazos de la instrucción en el contexto de la pandemia que se impuso el propio juzgado de instrucción, a que la mayor parte las actuaciones se llevaron a cabo "con la investigación caducada".

La presunta estafa, según han expuesto con posterioridad los agentes a cargo de la investigación, se destapó a raíz del volcado del teléfono del empresario dental solicitada por el juzgado de Instrucción 3 en el marco de otra investigación por robos. Entre el contenido del dispositivo se encontró un chat de Whatsapp con la empleada de la financiera, en el que esta le daba «pautas» de "cómo proceder" para gestionar los impagos.

Durante una tensa testifical en la que la defensa ha tratado de desmontar la investigación de los agentes para demostrar la inocencia de su patrocinada, estos han explicado que "los términos de la conversación", en las que le indicaba a Rubén Alonso "cómo debían hacerse los pagos o qué personas debían hacerlos" - según consta en el escrito de calificación estos dejaban de pagarse a los pocos meses - así como la "relación entre Rubén y ella" constituían "indicios" de que podía haber facilitado el acceso a estos préstamos a sabiendas de que la documentación era falsa.

"En uno de los casos nos llamó la atención que en un extracto de documentos bancarios el número de cuenta tenía un dígito demás", ha ejemplificado uno de los investigadores, pertenecientes a la unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional, considerando que "saltaba a la vista" y que cualquier empleado de banca podría detectar que era falso. Con posterioridad, tanto la directora de oficina como dos compañeras, han defendido la inocencia de Carmen C. P., de quien "nunca llegaron a desconfiar", alegando que en aquel momento -2016- no tenían "ninguna facilidad" para verificar la autenticidad de los documentos. La propia directora de la entidad ha llegado a explicar que ella misma fue víctima de un "engaño" por parte de Rubén, a quien llegó a conceder un préstamo para autónomos para la apertura de otra clínica en La Rubia, aparte de la que ya tenía en Delicias.