Valladolid

A juicio el cerebro del crimen de la Circular por una trama de préstamos fraudulentos

Así se desprende del escrito de la Fiscalía, que pide penas que en su conjunto suman los 33 años de prisión. Las más elevadas, de cinco años para cada uno de los impulsores de estas operaciones: Carmen C. P, gestora de la oficina de Deutsche Bank en Duque de la Victoria, financiera que concedió al menos un total de 12 préstamos a los presuntos miembros de la trama; y Rubén Alonso Rocher, protésico dental titular a través de una sociedad de la clínica Rubaldent para la que se solicitaba la financiación de los tratamientos, condenado en 2022 a 11 años y medio de prisión como cerebro del crimen de la Circular, que tuvo lugar en 2018 con posterioridad a estos hechos. Aquel homicidio tuvo lugar durante el robo fallido, ideado por el protésico dental, en la vivienda de María Aguña, una mujer de 73 años que murió en su domicilio de la plaza Circular tras ser golpeada, amordazada y maniatada en el asalto a su propia casa, el 17 de octubre de 2018, perpetrado por cinco sicarios, también condenados a 11 años y medio de cárcel cada uno por estos hechos.

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La acusación pública califica su actuación como constitutiva de un delito de estafa y falsedad documental, de manera continuada. Además ambos deberán indemnizar conjuntamente, respondiendo solidariamente por cada uno de los prestatarios, con las cantidades adeudas a Deutsche Bank. Adicionalmente el protésico dental y cada uno de los beneficiarios de los préstamos solicitados en segundas entidades con finalidad distinta, deberán responder frente a Cofidis y Cetelem por las cantidades adeudadas. Todas ellas impagadas a fecha de calificación de los hechos, en 2020, según figura en el escrito del Ministerio Público.

Por un delito de estafa y falsedad en documento privado, están también acusadas las 12 personas captadas que solicitaban el crédito, con peticiones que oscilaban entre 10.000 y 21.000 euros. Cinco de ellos, que en fechas próximas solicitaron otras financiaciones haciendo uso de la misma documentación, se enfrentan a dos años y seis meses por el agravante de continuidad en la estafa. Y para los restantes, la Fiscalía solicita un año y seis meses de prisión.

Solo en un caso se ha acordado el sobreseimiento de la causa para uno de los titulares del préstamo, al encontrarse incapacitado judicialmente y sometido a la tutela de una hermana, ajeno a los hechos. En su lugar se acusa a un hermano, que al igual que en el resto de casos, según sostiene la fiscalía «llevó a cabo todas las actuaciones necesarias con los otros dos acusados, percibiendo a si mismo su parte del dinero», de un préstamo que ascendía a los 15.500 euros.

El juicio, que estaba previsto que se celebrase el pasado dos de diciembre y que tuvo que ser suspendido por enfermedad de uno de los abogados, se retomará este lunes en la Seccción Segunda de la sala de lo Penal de la Audiencia Provincial, con una vista oral que se prolongará durante tres sesiones.