Juicio por la trama eólica

Begoña Hernández niega que diera instrucciones para investigar los parques impulsados por Delgado

«Yo no he dado esa instrucción y no sé si la daría el consejero (Tomás Villanueva) en su momento, pero desde luego yo no la he dado», ha precisado, a preguntas del letrado del empresario Patricio Llorente sobre una supuesta consulta realizada en el registro mercantil en torno a unos parques participados inicialmente por varias sociedades como Collosa, titularidad de su representado. Respecto a la supuesta pérdida de confianza, ha aseverado que no le consta que los parques se dieran «por criterios ajenos» a lo establecido en el procedimiento ni que Delgado interviniera en esa composición de los parques, aunque «desconoce lo que se tramitara desde un punto de vista informal».

Sobre el hecho de que se mantuviera en vigor la instrucción para que la autorización administrativa se concediera desde la Viceconsejería ya durante su etapa, ha explicado que se procedió siguiendo las indicaciones de los servicios jurídicos y que su papel se reducía a una firma como «acto público debido» que plasmaba siempre que la tramitación del expediente propuesto para autorización hubiera sido la correcta.

«Conmigo no había despachos hasta que me llegaba el expediente, si el expediente estaba completo yo procedía a la firma», ha aclarado. A este respecto, el fiscal le ha recordado que echó para atrás un parque promovido por Cronos, empresa a su vez participada por San Cayetano, sociedad de alguno de los hermanos Esgueva acusados en el procedimiento. Algo que no ha recordado pero que achaca a «algún defecto formal» y no a la composición de su accionariado, que «nunca mandó indagar».

Más luz ha arrojado la declaración del ex jefe del servicio territorial de Industria de Burgos entre 2001 y 2024, Mariano Muñoz, que ha llegado a asegurar que Delgado le pidió «que se callara la boca» durante una reunión mantenida en marzo de 2005, en la que le trasladaron un listado con los parques eólicos que debían tramitar y que de facto implicaba que el resto se quedaban sin «ninguna posibilidad» de salir adelante.

«Nos enseñaron una hoja sin firma, ni sello, ni rótulo de la Consejería y se nos dijo que esos eran los que iban a ser avocados cuando llegara el momento y que era en los que nos teníamos que centrar», ha detallado. Tras comprobar la ausencia de los parques de Ibervento en dicho listado, que estaban «listos para autorizar desde comienzos de 2014» se quejó. «Me dijo que no estaba por la labor de autorizar parques alemanes, que no los iba a autorizar y que me callara la boca. Fue un momento bastante tenso porque él se puso tenso», ha recordado.

Ibervento llegó a denunciar al testigo por la inacción de su expediente, aunque el caso quedó desestimado por la existencia de la instrucción de avocación que les impedía «firmar nada» que no viniera indicado por el viceconsejero. Una instrucción que, ha contextualizado, se materializó en 2004 después de que expresara su disconformidad con algunas órdenes verbales que «venían de arriba» y que le llegaban inicialmente a través de Manuel Ordóñez, al frente de Energía y Minas hasta 2007.

Con posterioridad a la reunión, Gonzaléz Mantero le envió un correo informándole que el problema con Ibervento con respecto al «incumplimiento de los criterios de capacidad económica o interés socio económico» ya estaba solucionado, tras su compra por parte de Collosa, empresa de la presunta trama. Un problema que para el testigo nunca fue tal. «Era una empresa con poco capital social que tenía dos socios alemanes con capacidad suficiente para construir un parque éolico, por lo que se consideraba que esa situación era válida y que se cumplía con ese requisito. Si no hubiera existido esta historia de la avocación yo si hubiera otorgado la autorización administrativa a esos parques eólicos», ha confirmado.

A raíz de lo indicado en el correo y tras comprobar que en ese listado inicial y en otros posteriores en los que, de forma contradictoria al caso de Ibervento, si figuraban empresas en «fases iniciales» que no tenían superada la competencia o que no disponían de autorización ambiental, fue cuando empezó a entender que todo de «se iba a vehicular» a través de Iberdrola. Siendo además una «práctica habitual» que en las resoluciones de avocación que les mandaban firmar figurase en los promotores un accionariado distinto al inicial que había solicitado el trámite en su servicio territorial.

A la vehiculización de los parques a través de Iberdrola ha apuntado también Rafael Ayuste, quien fuera jefe del departamento de renovables del EREN, encargado de elaborar los informes sobre competencia que eran un poco «laxos» en cuanto a los requisitos económicos, al entender que en el mercado «había suficiente capital» para que todos los proyectos salieran adelante.

Ayuste ha diferenciado la existencia de dos fases, ya que inicialmente se les trasladó que se iba a tener en cuenta la inversión de los diferentes promotores en un fondo para financiar proyectos de la Junta, pero que, a finales de 2004, les trasladaron que «ese criterio iba a cambiar». Siendo necesario trasladar a las promotores que debían «facilitar la entrada de empresas locales dentro del accionariado de sus parques eólicos a través de Iberdrola». «La idea genérica era que Iberdrola participara de un determinado porcentaje en los parques y que después esta repartirían con las empresas locales», ha apostillado.