Valladolid

El Ayuntamiento destina 67.521 euros a retirar las uralitas tiradas a la vía pública

El problema al que se enfrentaban hasta ahora los trabajadores del Servicio de Limpieza es que este tipo de material, prohibido para su uso en España desde 2001 por la presencia de amianto -un material muy cancerígeno- en su composición, no puede ser manipulado salvo por operarios de empresas autorizadas y especializadas en su tratamiento -recogida y posterior destrucción.

«Hasta ahora se realizaban contratos menores para contratar este tipo de servicios ante casos puntuales», explican fuentes municipales antes de concretar que en adelante, y así lo ha aprobado este lunes el órgano de gobierno municipal, van a contratar un servicio permanente para la retirada de la vía pública y posterior gestión de los residuos de fibrocemento. Dicho servicio saldrá a licitación para su adjudicación en las próximas semanas con un presupuesto inicial para el próximo trieno de 67.521 euros (16.880 en 2025, 33.760 en 2026 y 16.880 en 2027).

El Consistorio contará así en adelante con un servicio al que recurrir cada vez que los operarios municipales se topen con restos de uralita tirados en las calles de Valladolid, algo relativamente habitual ante los elevados costes que supone la retirada legal, y evidentemente obligatorio, de dicho material.

Cabe recordar que la ordenanza municipal de 'Recogida selectiva de residuos domésticos y limpieza viaria', aprobada el 22 de octubre de 2024, contempla multas de entre 750 y 3.000 euros por «el abandono o vertido incontrolado de cualquier tipo de residuos en lugares distintos a los especificados por el Ayuntamiento» y considera como una infracción muy grave el vertido ilegal de materiales peligrosos, como la uralita, castigado con multas de entre 1.500 y 3.000 euros.

El Ayuntamiento ya inició años atrás una guerra contra este tipo de vertidos ilegales, que afectan con mayor incidencia a distintos parajes sin viviendas de la capital -véase el caso de los terrenos de La Florida en Delicias, de la cuesta del Tomillo en Los Santos Pilarica o del camino que discurre entre la avenida de Gijón y el camino de la Virgen de La Merced-, con la colocación de carteles advirtiendo de las citadas sanciones y de la presencia de vigilancia con drones para intentar identificar a los responsables de los vertidos que han convertidos estos parajes en peligrosas escombreras repletas de restos de uralita, ruedas y otros residuos contaminantes.

El problema, según apuntan municipales, es que las competencias para la retirada de restos de uralita puede recaer en los propietarios de las parcelas de titularidad privada o de distintas concejalías en función de si se trata de vías urbanas o de parajes naturales.

La capital, al menos, contará en adelante con un servicio específico a cargo de la Concejalía de Salud Pública para retirar las uralitas que 'aparezcan' en sus vías públicas.

Todo ello en una ciudad en la que, según recoge el último informe municipal, elaborado el año pasado, una de cada tres edificaciones (nada menos que 5.162) cuenta con algún elemento que contiene amianto en sus cubiertas e instalaciones.

La uralita (o fibrocemento) fue un elemento muy utilizado especialmente en la construcción durante la segunda mitad del siglo XX y su presencia, no obstante, no supone riesgo alguno salvo en caso de fractura o manipulación. La presencia de amianto, un mineral altamente cancerígeno, en su composición es la que conllevó la prohibición definitiva de su uso en 2001.