Valladolid

El Ayuntamiento salda su deuda con las empresas vinculadas a un exfuncionario condenado

Estas facturas quedaron suspendidas a raíz del expediente disciplinario abierto a Luis Alberto Samaniego después de destaparse que el empleado público encargaba a firmas de su entorno más cercano la realización de trabajos para la Administración Local. Su conducta terminó con una condena del Supremo en 2021, que revisó a la baja las penas impuestas por la Audiencia dos años antes, por los delitos de negociación prohibida a funcionarios, estafa a la Administración y falsedad. También fueron condenados por su condición de cooperadores su hijo, el citado primo y ahora reclamante, Antonio Samaniego, y el contable en algunas de las empresas. Además, se estableció una responsabilidad civil conjunta a pagar al Ayuntamiento valorada en 177.955 euros.

El fallo del Supremo hizo suyos los hechos recogidos en la resolución de la Audiencia vallisoletana, que acreditó el sobrecoste pactado entre el exfuncionario y los otros acusados para perjudicar a la administración y, por otro lado, la confección de facturas falsas con el mismo fin, documentando algunas que «no respondían a obras efectivamente ejecutadas». Es decir, eran obras fantasma.

La decisión que toma ahora el Ayuntamiento está avalada por un informe del interventor general, Rafael Salgado, quien apunta que examinados esos documentos que se reclaman es procedente el pago, ya que de otra manera el Consistorio incurriría en «un enriquecimiento injusto». Así, se entiende que en estos siete casos se ha comprobado por parte de los responsables municipales que los trabajos sí se llevaron a cabo.

La sentencia 68/2023 del Juzgado de lo Contencioso número 2 que esgrime Antonio Samaniego para avalar su reclamación hace referencia a una factura por importe de 6.312,51 euros del 23 de mayo de 2014 por trabajos de mejora y adecentamiento de túneles en la ciudad. En esa resolución judicial, se considera que esta no es constitutiva de infracción penal, porque consta que la obra se ejecutó, no se aumentaron los precios y no está incluida en la relación de hechos probados de la sentencia de la Audiencia Provincial.

El informe del interventor considera que lo mismo ocurre con las otras siete facturas, emitidas entre el 9 y el 30 de mayo de 2014 con importes que varían entre los 2.044 y los 6.069 euros. Así, el Ayuntamiento ha acordado su abono previa presentación por parte del reclamante de varios documentos que acrediten no tener deudas con Hacienda ni con la Seguridad Social.