Las denuncias por okupaciones crecen un 16% en Valladolid en el último año

Solo hay que echar la vista atrás para recordar casos como el de La Cistérniga, donde varias personas se adueñaron a principios de 2022 y durante 20 días de la vivienda de un matrimonio de octogenarios de la localidad. A ese episodio se le suman casos de okupación como el de la calle Bailarín Vicente Escudero, en el que una familia, al trata de acceder de forma ilegal al edificio, halló el cuerpo momificado del hombre que residía en el inmueble. También en la calle Azorín, donde la Policía Nacional halló el pasado 27 de enero el cuerpo sin vida de una inquilina que residía de forma ilegal en la casa que posteriormente fue tapiada con el cadáver dentro, hecho que los agentes siguen investigando. En Laguna de Duero, tanto en la calle Maldonado como en la calle Huertas, hay constancia de varios okupas que llevan meses generando problemas de convivencia.

Son una pequeña lista formada solo por algunos casos que trascienden a los medios, pero ni de lejos los únicos. De hecho, el Sistema Estadístico de Criminalidad referente al número de hechos conocidos y denunciados por ocupación de inmuebles señala que, de enero a noviembre de 2021 se produjeron 92 okupaciones en Valladolid frente a las 107 que tuvieron lugar en el mismo periodo de 2022. Es decir, una variación porcentual positiva del 16,3%. Los casos han aumentado en territorio vallisoletano, que junto a Soria (pasó de 1 a 8 okupaciones entre enero y noviembre de 2021 y 2022) son las únicas provincias donde se ha producido un incremento de invasiones de inmuebles.

El resto reflejan descensos más o menos llamativos, como sucede en Zamora, que pasó de 19 a 5, o en León, de 38 a 25. A nivel general, Castilla y León ha registrado un 11,3% menos de ocupaciones ilegales de inmuebles en los periodos comparados hasta alcanzar las 259 casos detectados en 2022 (fueron 292 en 2021).

Plataformas como la de Afectados por la Ocupación, una entidad a nivel nacional, explica lo que consideran que lleva años sucediendo. «El número de denuncias que baraja el Ministerio no son un reflejo de la realidad, porque se está llegando al desalojo por caminos extrajudiciales en vista de que los afectados se sienten desamparados ante la ley», así lo asegura el portavoz de la entidad, Ricardo Bravo.

Asegura que, lejos de descender a nivel nacional, el problema de la okupación se está cronificando. «Las víctimas no confían en el sistema, muchas veces no denuncian, se han paralizado los desalojos, hay retrasos en los juzgados y se suma además el conocimiento de los límites para los que ocupan».

Bravo se refiere a un cambio de tendencia en los últimos años en los que la mayoría de los casos se dan por usurpación o 'inquiokupación' (impago del alquiler), «pero hay que explicarlo bien», asegura. «La usurpación se produce cuando entran en viviendas no habitadas de grandes propietarios, bancos, fondos de inversión o segundas viviendas y el allanamiento se produce cuando la propiedad es de un particular que habita en ella y se la arrebatan, estos casos son prácticamente residuales. El problema está cuando algunos allanamientos de segundas residencias se tratan como usurpación a nivel judicial», aclaran desde la entidad.

Les consta que en casos de usurpación (como serían los de las calles Maldonado y Huertas de Laguna de Duero, o el caso de la calle Azorín en Valladolid) están ligados a mafias organizadas. «Se hacen con el control de zonas y van a por pisos propiedad de bancos o de fondos de inversión, la gente tiende a pensar que en estos casos los perjudicados son los propietarios sin darse cuenta de que las víctimas reales son los vecinos que tienen que convivir con los okupas, que muchas veces generan graves problemas de convivencia», añade Bravo.

Recomiendan denunciar y pedir medidas cautelares contra los inquilinos que tratan de adueñarse de lo que no es suyo. «Ese es el camino correcto, porque muchas veces se cierran tratos económicos entre las partes para que se marchen o se recurre al pago de empresas especializadas para que los echen, por eso, las cifras no reflejan la cantidad de víctimas que realmente existen», finaliza.