La Audiencia de Valladolid ratifica que Rafael Delgado se sentará en el banquillo por la trama eólica
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El auto se fija en los testimonios de cargos del EREN que aseguran que el número dos de Economía decidió los socios locales y qué parques se autorizaban
La Sección Segunda de la Audiencia de Valladolid ha desestimado el recurso de apelación presentado por el exviceconsejero de Economía y Empleo, Rafael Delgado, contra ... el auto del pasado marzo emitido por el Juzgado de Instrucción 4 que cierra las diligencias de investigación y sigue el trámite para el enjuiciamiento por el procedimiento abreviado. Esto significa que el que fuera número dos del consejero Tomás Villanueva (fallecido durante el procedimiento) se sentará en el banquillo de la Audiencia, en fecha todavía por determinar, acusado de los delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, cohecho y pertenencia a organización criminal. Unos delitos por los que la Fiscalía Anticorrupción pide que se le impongan penas que suman 42 años de prisión y multas que globalmente ascienden a 239 millones de euros.
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El tribunal rechaza las alegaciones planteadas al auto de imputación del juez instructor y considera que hay indicios suficientes de la participación de Delgado en los hechos. Da crédito, en este sentido, a las manifestaciones realizadas ante el juez instructor por Ricardo González Mantero, que fue en el periodo investigado director general del Ente Regional de la Energía (EREN y actual jefe del departamento de Relaciones Externas y Formación de este organismo de la Junta, así como a las de Tomás Ciria, también jefe de diversos departamentos desde hace más de veinte años. Según detalla el auto, González Mantero declaró que fue Rafael Delgado quien «se inventó» en el trámite administrativo para la concesión de autorizaciones de parques eólicos un paso que no existía, «la competencia de la avocación» y era aquí donde se incluyó el criterio de que «tenía que haber un socio local» en las empresas promotoras solicitantes.
Además, señaló que fue el entonces viceconsejero de Economía quien decidió controlar la planificación «retirando algunos parques cuando quería que participara algún socio local» y que fue él quien solicitó la reunión con los Servicios Territoriales de la Junta para proporcionarles los listados de los parques que había que tramitar. Además, afirmó Mantero que Delgado le pidió que incluyera a la empresa San Cayetano –de los hermanos Esgueva, supuestos mayores beneficiarios de la trama, también acusados– en los parques con 500 megavatios y después de 2007 intentó incluir parques nuevos. Corroboró que se paralizaron los de Canon Power en el momento de la avocación «porque se quería que llegaran a un acuerdo con algún promotor local» y que era Delgado «quien decidía cuándo se avocaban los parques y proponía los socios locales para cada uno de ellos».
González Mantero le dijo al juez instructor que el exviceconsejero «se inventó» el trámite de la avocación
Otro testimonio de cargo contra el exsecretario que valora la Sala para rechazar su alegación de que él «se limitaba a firmar» las propuestas que los planificadores pasaban, sin tomar parte en ellas, es el de Tomás Ciria. Este veterano cargo del EREN dijo al juez instructor que Delgado hizo todo lo posible porque prosperaran los parques Hoyo, Nava y Cruz, que él mismo indicó que se incorporaran en la planificación. Estos parques eran de otro de los empresarios encausados, César Hernández Chico, quien «presionó» alegando su amistad con Delgado. El recurso de este también ha sido rechazado por la Audiencia.
Defraudación
Menciona el auto otros indicios como el informe de la Agencia Tributaria sobre la defraudación detectada en los IRPF de Delgado y sus «sociedades interpuestas» y bienes de orígenes «no aclarados o justificados».
Anticorrupción solicitó el pasado octubre la apertura de juicio oral y formuló escrito de acusación contra 16 excargos de la Junta y empresarios que presuntamente se beneficiaron de la concesión irregular de las autorizaciones de los parques eólicos en la comunidad. En conjunto, se enfrentan a penas que suman 140 años de cárcel y multas de 835 millones.
La Audiencia ha tumbado ya 12 de los 16 recursos planteados por los investigados (imputados) contra el enjuiciamiento. Este es el último paso en la instrucción de la primera macrocausa de corrupción política en Castilla y León que comenzó en 2017 para investigar supuestas «mordidas» (que la Fiscalía cifra en unos 80 millones de euros) por parte de excargos de la Junta y empresarios por la agilización en la tramitación de determinados parques eólicos entre los años 2000 y 2015.
El exdirector general de Energía «revistió de legalidad» saltarse a los jefes de servicio
Otro excargo de la Junta de Castilla y León que también está acusado en la trama eólica por Anticorrupción, que fue director general de Energía y Minas durante dos legislaturas (1999-2003 y 2003-2007), Manuel Ordóñez Carballada, también irá a juicio porque la Audiencia ha tumbado asimismo su recurso. La Sala considera que Ordóñez ha podido incurrir en responsabilidad penal al ser quien dictó la instrucción 2/2004 de 14 de abril para la «avocación» que permitió a Rafael Delgado dejar fuera de juego a los jefes de los servicios territoriales, quienes hasta entonces se habían ocupado de otorgar las concesiones administrativas de los parques eólicos, una función «que les correspondía legalmente».
Este habría sido el mecanismo utilizado, señala el auto, «a la vez, para extorsionar a los promotores de los parques para que cedieran una participación en los mismos a aquellas personas o sociedades que designaba Delgado Núñez».
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