La Audiencia devuelve a la jueza la causa contra el exalcalde de Íscar para que amplíe las diligencias

El exalcalde de Íscar, Alejandro García, junto a su letrado, Fernando Cantalapiedra, en su última comparecencia en el juzgado, el pasado junio. /R. Jiménez
El exalcalde de Íscar, Alejandro García, junto a su letrado, Fernando Cantalapiedra, en su última comparecencia en el juzgado, el pasado junio. / R. Jiménez

La instructora denegó en noviembre de 2018 a las defensas que testificaran técnicos y funcionarios municipales sobre la obra de la Plaza de Toros y ahora la Sala estima la apelación

M. J. Pascual
M. J. PASCUAL

La Audiencia de Valladolid ha estimado los recursos de apelación planteados por la defensa del exalcalde 'popular' de Íscar, Alejandro García Sanz, que está investigado por supuesta prevaricación y malversación en relación al contrato de las obras del centro multiusos y también coso taurino de la villa, de manera que la jueza instructora tendrá que llamar a testificar a técnicos y funcionarios municipales que intervinieron en el contrato antes de cerrar las diligencias y que se abra juicio oral. En el mismo sentido recurrió el arquitecto técnico municipal José Luis Pérez de Frutos, también investigado, junto con el exconcejal de obras del Ayuntamiento, Juan Carlos Lázaro Alonso, que se adhirió a la apelación.

En contra de la providencia de la jueza, fechada en noviembre de 2018, la Sala considera «pertinente y necesaria» la práctica de todas las testificales solicitadas por las defensas pues «tienen una relación directa con la ejecución de dichas obras», al tratarse del representante de la empresa Pejarbo, redactora del anteproyecto, el arquitecto técnico y jefe de obras, Óscar Rodríguez Gómez, el arquitecto redactor del proyecto, José María Martín Pérez, el asesor jurídico del Ayuntamiento, José Luis Álvarez Nuñez, y el interventor, Hector Martín Aceves.

La investigación judicial tiene su origen en la auditoría que el actual equipo de gobierno, dirigido por Luis María Martín García, encargó en 2015 a una empresa externa en cumplimiento del programa electoral. El estudio de las cuentas municipales entre 2002 y 2015 elaborado por la empresa NuVe Consulting fue puesto en manos de la Fiscalía, que lo derivó al juzgado. Las diligencias se siguen desde 2016.

Las modificaciones del contrato inicial habrían superado el 20% del límite permitido, por lo que tendrían que haber salido a concurso público

Según la auditoría, se habrían detectado irregularidades en las obras de la Plaza de Toros o Centro Multiusos, cuyo presupuesto inicial era de 2,3 millones de euros y finalmente se disparó hasta los 5,7 millones, de los que el Consistorio afrontó de sus propios fondos 3,8 millones y el resto, 1,9, vía subvenciones (el 34%). La auditora constató la existencia de un único contrato inicial adjudicado y «numerosas e importantes desviaciones» y «modificaciones sustanciales» que habrían superado los límites permitidos del 20%, motivo por el que el contrato tendría que haber salido a concurso público, en lugar de ser ejecutadas por la misma empresa.

En el informe se advierte de que el director de obra no tiene capacidad de modificar el contrato, sino de proponer su modificación al órgano de contratación (el pleno), que es el que debe aprobar el proyecto modificado, algo que no se realizó pese a los informes en contra de Intervención, emitidos los días 7 y 9 de julio de 2009, lo que sería causa suficiente para la resolución del contrato.

Honorarios

Junto con lo ocurrido respecto del Centro Multiusos -cuyo anillo superior de gradas se quedó sin terminar y podría suponer un mayor coste- NuVe Consulting recomendó también iniciar acciones legales para analizar posibles irregularidades en los honorarios que el entonces arquitecto técnico, José Luis Pérez, percibió en esta etapa, en la que existía un acuerdo plenario para abonarle el 50% de sus honorarios cuando actuara como arquitecto superior. Sin embargo, en la mayor parte de las facturas no especifica el descuento correspondiente. El arquitecto municipal percibió durante dicha etapa 488.464 euros, superando las cantidades establecidas por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para poder ser adjudicados directamente, con lo que tales servicios deberían haber sido licitados.

En la auditoría se hace también referencia a los más de 75.000 euros que el arquitecto percibió del Consistorio en concepto de indemnización por su despido (32.745 euros en 2014 y 42.974 euros en 2015), cuando el indemnizado se encontraba a punto de jubilarse.

El juzgado investiga, asimismo, si el arquitecto incurrió en un conflicto de intereses en los modificados de obra del Centro Multiusos porque, además del puesto técnico que ejercía en el Consistorio, obtenía también ingresos por las sucesivas modificaciones del proyecto, al encargarse