Valladolid

Alertan del uso de pisos turísticos para explotar sexualmente a mujeres

La selección de noticias no es casual, sino un reflejo de la carga de trabajo que supone cada una de estas formas de delincuencia para esta unidad especializada. «La trata de seres humanos con fines sexuales es la más prevalente en Valladolid», afirma sin titubeos el inspector jefe de la UCRIF en Valladolid, Diego Sacristán, al ser preguntado por los delitos que más preocupan, pero sobre todo ocupan, a seis investigadores de esta unidad. Sacristán, que huye de encasillar la realidad de las redes de explotación sexual que operan en Valladolid, solo hace otra afirmación categórica durante toda la entrevista: «investigar estos delitos es una de las cosas más difíciles».

Las noticias, más que ser trofeos, constituyen una especie de recordatorio del resultado satisfactorio de unas diligencias que se pueden extender entre «seis meses y un año», pero que terminan por dar sus frutos. «El mayor reto siempre supone conseguir liberar a las víctimas y que luego tengan la posibilidad de que se cumplan sus esperanzas. La complejidad de la estructura de organización no lo es tanto porque de una u otra a base de diligencias de investigación se consigue desmantelar», explica Sacristán, que rehusa de las medallas al ser preguntado cuál es la operación más compleja de las que han llevado a cabo a lo largo de los seis años que lleva al frente del grupo. Apela, en su lugar, a la «satisfacción» de conocer a posteriori que «han podido rehacer su vida y traer a sus hijos pequeños del país de origen».

Pese a ello, durante la conversación pronto sale a relucir la 'Operación Tentaciones', que copa además varios de los titulares que empapelan la sala. Fue a finales de 2022 cuando la UCRIF desmantalaba un piso de citas en un antiguo hostal situado en plena Avenida de Burgos, donde 12 mujeres paraguayas eran obligadas a prostituirse las 24 horas al día. Sometidas a un férreo control de sus proxenetas, cinco compatriotas, vivían hacinadas en el cuarto de calderas de un piso repleto de cámaras y micrófonos del que tenían prohibido salir. Ahora la Fiscalía pide para sus tratantes penas que suman en su conjunto los 112 años de cárcel por un total de catorce delitos, los más graves cinco de trata de seres humanos con la finalidad de la explotación sexual, según ha adelantado Europa Press.

«En lo que respecta a la trata de seres humanos, a nivel judicial cada víctima es un delito independiente», detalla el inspector, que pone en valor la profundidad de las diligencias que llevan a cabo, ante la necesidad de acreditar cada una de las distintas fases ante las autoridades judiciales. «Hay que tener en cuenta que la trata abarca una captación de las víctimas, un traslado, un acogimiento y una explotación posterior, con lo cual hay que ir documentando todo para reflejarlo en un atestado que se pondrá a disposición de los investigadores, por eso suelen ser investigaciones bastante largas», defiende el inspector, sobre un trabajo «arduo» pero que da «buenos resultados».

El miedo de las víctimas de trata a denunciar -la mayoría de ellas son captadas en sus países de origen con mentiras o en base un «consentimiento viciado», lo que las sitúa en una situación de de mayor vulnerabilidad-, hace que la labor de la UCRIF sea esencialmente «proactiva». «La declaración de una víctima está claro que tiene un peso fundamental, pero hay muchas más diligencias con las que se puede confirmar la existencia de una estructura criminal», asevera el inspector, que apunta a las «inspecciones periódicas» en clubes de alterne, pero sobre todo en viviendas privadas. A raíz de la pandemia han «proliferado» los pisos de prostitución, lo que en muchos casos dificulta la labor de los investigadores, por el caracter privado de estos lugares, que también cuentan con un componente de temporalidad.

«En los casos en los que las víctimas están siendo trasladadas a otras ciudades, la organización consigue alojamientos de una estancia muy limitada, en torno a dos semanas. Ahí también influyen las plataformas de alquieres vacacionales», sostiene el inspector. Los tiempos de permanencia tampoco difieren en exceso cuando se trata de redes asentadas en Valladolid, como la desmantelada la semana pasada en dos viviendas de la capital en el marco de la operación Cabila.

«Lo mismo están uno o dos meses y después se cambian a otro piso, por lo que incluso a veces no ha dado tiempo a que los vecinos tengan conocimiento de lo que pasa», señala el inspector, que apunta al valor de la colaboración ciudadana para perseguir la criminalidad de la trata, con un correo y una línea telefónica para denuncias anóminas que pongan a los investigadores sobre la pista de posibles indicios de criminalidad.