Condenado en Valladolid a 12 años de cárcel el presidente de Parqueolid

El presidente de Parqueolid Promociones S.A, Luis María García Clérigo, ha sido condenado a una pena de doce años de prisión y al abono de una multa de casi 39 millones de euros, tras ser hallado culpable de fraude a la Hacienda Públicacometido en los ejercicios de 2005 y 2006 en connivencia con el administrador de Soincom Ingeniería S.L, José Manuel Castro Piedrafita, quien le habría girado facturas por servicios ficticios que perseguían una fraudulenta desgravación impositiva, según publica Europa Press.

El máximo responsable de Parqueolid y uno de los propietarios del colegio El Salvador, objeto de deseo del equipo de gobierno municipal para ubicar el Campus de la Justicia, ha sido hallado responsable de cuatro delitos contra la Hacienda Pública -uno de ellos agravado- y cooperador necesario de otro de falsedad en documento mercantil, con la atenuante de dilaciones indebidas, según el fallo del Juzgado de lo Penal 4 -consta de un total de 191 páginas- al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas.

Junto a los doce años de privación de libertad y la multa millonaria, con responsabilidad solidaria de Parqueolid Promociones S.A, el condenado habrá de indemnizar al fisco con 3.235.700 euros, que es la cuantía global que García Clérigo defraudó con las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto del IVA de los ejercicios de 2005 y 2006, en las que contó con la necesaria cooperación del administrador de Soincom Ingeniería S.L, José Manuel Castro Piedrafita.

Éste, que compartió banquillo con García Clérigo, ha salido algo mejor parado -le absuelven de del delito de fraude del IVA de 2005 por prescripción del mismo-, pero ha sido condenado a nueve años de privación de libertad, al pago de una multa de 27,5 millones y al abono solidario a la Hacienda Pública, junto con el anterior, del dinero defraudado en las operaciones investigadas.

Las acusaciones pública y particular, esta última ejercida por la Abogacía del Estado, sostuvieron en el juicio que el presidente de Parqueolid, en su calidad de obligado tributario, a sabiendas de la inveracidad de las facturas objeto de investigación, pues era él quien se encargaba personalmente de darles el visto bueno, autorizó su pago y se dedujo como gasto contable fiscalmente deducible las citadas declaraciones de 2005 y 2006, ocasionando un perjuicio al fisco de más de 3 millones de euros.

En concreto, las operaciones fraudulentas objeto de la condena se circunscriben a facturas que el también condenado Castro Piedrafita giró a García Clérigo, a través de las mercantiles Soincom, Proyectos O'Donell y General de Servicios Mayorga S.L, por supuestas gestiones de intermediación y asesoramiento en distintas operaciones inmobiliarias, una de ellas relativa a la compra de una parcela en el sector industrial 'San Cosme' II de Villanubla, otra por la adquisición y posterior venta de las fincas 'Vistamar' en Estepona y una última por una operación en el SAU 15 de Arroyo de la Encomienda.

En todos los casos, como así ha estimado probado el juez de la causa, José Luis Chamorro, las facturas recibidas no se correspondían con verdaderos servicios prestados, ni sus importes con la actividad realizada, tratándose de recibos simulados, todos ellos expedidos por Castro Piedrafita a García Clérigo, previamente concertados.

La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, contrasta con el fallo absolutorio solicitado por las defensas de ambos imputados. En el caso del presidente de Parqueolid, éste aseguró en el juicio no recordar ningún detalle de las distintas operaciones bajo sospecha tras alegar que padece un importante deterioro cognitivo fruto de un accidente cerebro-vascular sufrido en 2007, si bien el juez le considera imputable tras recordar que los hechos son anteriores a tal circunstancia.

Por su parte, José Manuel Castro Piedrafita mantuvo su inocencia y defendió la existencia de los servicios prestados a Parqueolid por parte de su mercantil, algo que tampoco ha sido estimado por el juzgador.

Conducta «egoísta» y «poco solidaria»

Éste le reprocha haber montado un entramado instrumental de sociedades y por evidenciar el "desparpajo con el que, ora si ora también, elaboraba y emitía facturas para justificar los gastos (irreales y simulados o sea falsos) que luego propician la conducta egoísta, poco solidaria pero, en todo caso, delictiva de los que dejan de pagar los impuestos con los que deben contribuir al sostenimiento del Estado".

"Si no hubiese falsificadores y empresas 'factureras' que se aprestasen a colaborar con los que evaden impuestos (cometiendo delitos, es posible que la conducta delictiva siguiese existiendo pero, sin duda, sería más difícil la comisión del ilícito", apunta Chamorro.

La acusación pública había solicitado una pena de cuatro años de prisión para cada uno de los acusados, mientras que la acusadora particular, en representación de la Abogacía del Estado, había llegado a pedir para cada un total de catorce años, dos menos de los impuestos por el juez a García Clérigo y cinco menos de los recaídos sobre su colaborador.

En su sentencia, el juez fundamenta la severidad del castigo en que estamos ante un caso en que la defraudación alcanza notables y/o exageradas cuantías, "con lo que parece razonable que se aplique el 'ius puniendi" -derecho o facultad del Estado para castigar- a fin de reprimir esas conductas incluso con contundencia".

Partiendo de lo dicho, el juez incide en la gravedad de la conducta de los acusados, "no sólo por el beneficio insolidario y desmesurado que comporta para quienes lo comenten (generalmente gente pudiente y que difícilmente podrán gastarse en toda su vida lo que de este modo -y de otros reprobables- obtienen de arteras formas) sino porque, en mayor o menor medida, atacan al bien jurídico protegido y contribuyen a que el resto de la sociedad vean disminuidos los fondos públicos, limitando y mermando las posibilidades de redistribución de la riqueza".

Pendientes de otros juicios

Se da la circunstancia de que ambos compañeros de banquillo se encuentran imputados por hechos similares en otras dos causas distintas.

El denominador común de los tres procesos seguidos en los Juzgados de Instrucción 3, 2 y 6, siempre según la tesis de los acusadores, sería el mismo: la intención de Luis María García Clérigo de defraudar al fisco a través de tres sociedades donde ocupa el cargo de administrador, como la citada Parqueolid, Urban Proyecta PM3 S.L. y Hotel San Pablo Valladolid S.L.

Para ello tendría siempre la supuesta colaboración del empresario José Manuel Castro Piedrafita.