El Juzgado rechaza la petición de León de la Riva de retrasar el juicio por desobediencia

No se juega con el calendario. No hay cambio de fechas. El alcalde, Javier León de la Riva, se sentará en el banquillo acusado de desobedecer a la Justicia el 27 de abril de 2015, a un mes de las elecciones municipales. El juez ha desestimado la solicitud de aplazamiento realizada por el actual alcalde, quien pidió que se adelantara o retrasara la fecha de su juicio para no coincidir con las elecciones (que con toda seguridad serán el 24 de mayo). Por lo tanto, a día de hoy, León de la Riva deberá responder el 27 de abril del próximo año por un presunto delito de desobediencia en el cumplimiento de la sentencia de derribo de los áticos de la plaza de Zorrilla.

El escrito presentado por el procurador del regidor explicaba que «aunque es prematura la designación formal de candidaturas a dichas elecciones municipales, previsiblemente será también el candidato de su partido para ser elegido alcalde», por lo que entiende que la celebración del juicio provocaría una «innegable interferencia política» en el proceso. «Va a distorsionar demasiado y a condicionar el debate sobre el conjunto de los temas municipales», recogía el escrito, donde se reflejaba la idea de que las elecciones deberían celebrarse «sin interferencias de ningún tipo». León de la Riva ha manifestado en reiteradas ocasiones que su intención no era retrasar el juicio, sino cambiarlo de fecha (incluso antes)_para que no estuviera tan cerca de la cita con las urnas. El juzgado de lo penal número 2 de Valladolid, donde se presentó el escrito, ha resuelto mantenerla el 27 de abril y así se lo comunicó ayer a las partes personadas en el proceso. La Fiscalía pide quince meses de inhabilitación para el desempeño de un cargo público y la Federación de Vecinos Antonio Machado ha elevado esta petición hasta los dos años. En ambos casos consideran que León de la Riva que siempre ha mantenido su inocencia entorpeció el cumplimiento del fallo del Tribunal Superior de Justicia que obligó a demoler por un exceso de viabilidad (las obras costaron un millón de euros) los áticos del bloque de la plaza de Zorrilla, donde él mismo reside. La causa fue sobreseída inicialmente en noviembre y el caso, reabierto el pasado 11 de febrero.