Soria

Retirar la legítima en los testamentos, principal debate del derecho civil

María Teresa de la Fuente y Carlos Amérigo./Julián García
María Teresa de la Fuente y Carlos Amérigo. / Julián García

Rebajar el impuesto de sucesiones es también otra necesidad que ya recogen los partidos políticos en sus programas electorales y que ha sido abordada en el Ciclo de Justicia organizado por El Norte de Castilla

ISABEL G. VILLARROELSoria

Está en los programas electorales de todos los partidos políticos en campaña y el nuevo gobierno de Andalucía ya lo ha modificado. Es el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y es que aceptar una herencia puede salir caro, como le resultó a la palentina Paloma Alonso, quien heredó bienes por valor de dos millones de euros, pero no pudo pagar los 600.000 del gravamen y ahora tiene una deuda de más de 1,2 millones. «Pero es que en otra comunidad que no es Castilla y León, ese gravamen habría ascendido a 65.000 euros, porque hay 17 legislaciones diferentes según cada región, y que ocurra eso en España es algo absolutamente escandaloso», apuntó la notaria vallisoletana María Teresa de la Fuente Escudero durante su ponencia en el marco de séptimo ciclo de Justicia de El Norte de Castilla celebrado ayer en Soria.

'Las herencias envenenadas' fue el tema de debate, un debate de plena actualidad porque la falta de información, la carencia de testamento y la aceptación de algunas herencias que llevan aparejadas deudas, pueden llevar a la ruina a quien se hace cargo de ellas. Así lo relató María Teresa de la Fuente, vinculada desde siempre al Colegio Notarial, primero desde 1995 hasta finales de 2001 como secretaria del Colegio de Valladolid y después formando parte de la primera junta del Colegio de Castilla y León desde 2009-2017, como secretaria y como decana. Actualmente, es delegada de Valladolid.

En la misma dirección se explicó su compañero de mesa, el registrador Carlos Amérigo, licenciado en Derecho de la promoción de 2007 por la Universidad Complutense de Madrid, donde fue Premio Extraordinario en el área de Ciencias Sociales, además de obtener el segundo premio nacional de fin de carrera de Derecho. Aprobó las oposiciones a Registradores en 2010 y desde entonces realiza su actividad en Arévalo. Insistió en que «la maldición fiscal de las herencias es la regulación del derecho de sucesiones y donaciones, es un auténtico disparate, lo hemos dejado pasar y la situación es completamente injusta, sin embargo no se espera una solución a corto plazo».

Un buen notario es el principal eje de una herencia completa, sana y bien atada, a la hora de redactar un testamento; «el primer paso es evitar voluntades contaminadas, tener la capacidad de reconocer que el testamento que se va a hacer es libre o por el contrario es un mandato de un familiar, lo cual no puede plasmarse en un documento oficial», añadió Amérigo. 

Los problemas jurídicos aparecen, después y a menudo, con las legítimas. «Las legítimas aparecen en la ley y nacen de la necesidad económica que registraban las sociedades antiguas, pero la sociedad ahora ha evolucionado y no tiene sentido delimitar de esta manera la facultad y deseo de quienes quieren repartir sus bienes».

De esta manera, el gran debate del derecho de sucesiones y del derecho civil en la actualidad, y que se va a prolongar los próximos años, es la supresión de las legítimas, la porción de los bienes que reserva la ley para los descendientes, ascendentes, cónyuge viudo o colaterales. «Recientemente el ministerio de Justicia ha ordenado la redacción de un proyecto que regule de forma novedosa las legítimas de derecho común que propone su supresión total y absoluta», hay quien está a favor y quien está en contra respecto a esta novedad, por lo que la decisión será complicada en años venideros.

Finalmente, Amérigo, concluyó explicando que «las herencias malditas se rechazan desde que apareció la crisis económica en 2007 porque el heredero responde a las deudas de la herencia con los bienes propios, además de con los bienes que aparecen en la propia herencia. En los últimos 10 años en Castilla y León se ha triplicado el número de renuncias hereditarias, lo que tiene como consecuencia un problema importante como es el de decidir cuál es el destino de los bienes una vez que el renunciante ha rechazado la herencia de forma unilateral. Primero se llama a los sustitutos, y si éstos renuncian, no se sabe bien a quién hay que llamar, todos los descendientes vivos o concebidos en el momento del testamento estarían implicados, incluidos los menores de edad sobre los que hay que pedir autorización judicial, y se inicia una cadena de trámites y problemas que es infinita».

Castilla y León recauda a través del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en algo menos de 200 millones de euros al año; en 2018 los castellanos y leoneses rechazaron 2.714 herencias de un total de 26.140, lo que representa el 10,4%. Este porcentaje triplica a las 917 herencias a las que renunciaron en 2008, cuando apenas representaron el 4% de las 22.977 registradas. La renuncia tiene consecuencias fiscales «si la renuncia se hace a favor de otra personas que no tenía derecho a recibir ninguna parte, se considera donación y conlleva un coste elevado». 

María Teresa de la Fuente recalcó que «la falta de testamente es la primera situación que puede producir malestar y envenenamiento porque es la ley la que prevé a través del código civil el destino de los bienes y a veces no tiene nada que ver con la intención del fallecido. Después, hay que localizar a los herederos y a veces es un trabajo muy costoso porque viven en el extranjero o no se conocen ni entre ellos». En caso de que efectivamente se suscriba un testamento, pueden contener desheredaciones por ejemplo a hijos, «y estos lo pueden impugnar, y además corresponde a quien hereda la labor de demostrar el motivo que el fallecido alegó para llevar a cabo el desheredamiento, en muchos casos son malos tratos físicos, psicológico o denegación de alimento».

 La solución que propuso María Tersa de la Fuente «es de los pactos sucesorios, en nuestro derecho están prohibidos pero en Galicia se regulan y funcionan bien; un acuerdo de apartamento entre los padres, los hijos y las ex parejas, o un pacto de mejora hacia personas con incapacidad». Los pactos fue precisamente una de las preguntas que el público trasladó a la mesa en Soria, en el marco del Ciclo de Justicia patrocinado por el Banco Santander y Registradores, con la colaboración del TSJ, los colegios de abogados y procuradores y las universidades de Castilla y León.