El Gobierno rebajará por ley a 22 los alumnos por clase en primaria y a 25 en ESO
Los estudiantes con discapacidad o autismo contarán por dos para las nuevas ratios y se reforzarán las aulas de los centros con más escolares desfavorecidos
El Ministerio de Educación negocia con los sindicatos de trabajadores de la enseñanza una ley que, de ser aprobada después por el Parlamento, recortará a ... partir del próximo curso las horas máximas de clase que los profesores deben dar cada semana (horas lectivas) y comenzará a reducir en los tres cursos siguientes de forma sustancial y progresiva las ratios escolares, el número máximo de alumnos que hay por clase. La aplicación total de las nuevas ratios terminaría en seis años, en el curso 20231-32. La propuesta que el ministerio ha entregado hoy deberá ser valorada y pactada con los sindicatos en una próxima reunión.
En concreto, el borrador de anteproyecto entregado hoy por Educación prevé que el máximo de estudiantes por aula pasaría en primaria de los 25 actuales a 22 y que en la ESO el tope de aforo de las clases se reduciría en cinco alumnos, pasando de los 30 actuales a los 25. El texto también avanza la obligación de reducir las ratios en Bachillerato y Formación Profesional, pero no indica números concretos y dice que el ministerio fijará los nuevos máximos en un real decreto que se elaboraría en el plazo tope de un año desde la entrada en vigor de esta nueva ley.
El anteproyecto especifica que a la hora de cumplir con las nuevas ratios en cada centro educativo cada uno de los alumnos con necesidades especiales que haya en ese aula contará como dos personas para el cálculo de los escolares por clase. Se trata de estudiantes con discapacidades intelectuales, auditivas o visuales o con trastornos autistas, del comportamiento o del lenguaje. Con la medida se busca que puedan recibir una atención educativa más individualizada y rebajar la carga de trabajo sobre el docente para que pueda dedicar tiempo a las necesarias adaptaciones pedagógicas y organizativas. Hay unos 290.000 alumnos en esta situación escolarizados.
El texto también señala que las autonomías, que son las que deben cumplir las nuevas ratios como gestoras de los centros educativos, «procurarán una distribución equilibrada de dicho alumnado (con necesidades especiales) entre los centros sostenidos con fondos públicos y, asimismo, los centros educativos distribuirán a dicho alumnado de forma equilibrada para favorecer un contexto adecuado de desarrollo y aprendizaje». Para ello, añade que las autonomías «dotarán a los centros educativos de los recursos humanos y materiales necesarios para la atención adecuada de todo el alumnado que presente necesidades educativas especiales y que esté escolarizado en aulas ordinarias».
El borrador de ley que se negocia avanza que el real decreto que se elaborará en un año desde la aprobación de esta ley incorporará medidas concretas para mejorar los centros que concentran una gran complejidad social (familias pobres, alta inmigración), que son los que más precisan de grupos reducidos y de refuerzos educativos por ser también los de mayor riesgo de repetición y fracaso escolar. Las medidas, apunta, facilitarán una atención específica de este alumnado y podrán suponer una mayor reducción tanto de las ratios máximas establecidas como de los medios humanos y materiales. En colaboración con el INE, Educación va a definir en el decreto un índice que medirá la vulnerabilidad educativa para detectar los centros donde la rebaja de ratios es más necesaria. La gran mayoría de ellos serán escuelas e institutos públicos, pues es donde se concentra el 80% de estos casi 840.000 alumnos con necesidades de apoyo educativo.
La misma ley que bajará las ratios será la que establezca los nuevos máximos semanales de horas lectivas que tendrán que impartir los docentes a partir del curso próximo. Son las horas efectivas de clase, a las que para completar la jornada laboral mensual de los profesores se deben sumar las que usan para reuniones, tutorías, correcciones o elaboración de material docente y preparación de las clases. Como ya adelantó Pedro Sánchez, serán un máximo de 23 horas en Primaria y de 18 en ESO y Bachillerato.
Implantación gradual
El borrador de ley establece un calendario para poner en marcha todas estas medidas. Los nuevos topes semanas del horario lectivo y la doble contabilidad para la ratio de los alumnos con necesidades especiales se aplicarían ya el próximo curso. En el siguiente, en el curso 2027-28, se empezarán a aplicar de forma progresiva y a partir del primer curso del segundo ciclo de educación infantil y del primer curso de primaria las nuevas ratios. Dentro de tres años, en el curso 2028-29, se empezarían a aplicar de forma progresiva y desde el primer curso de la ESO las nuevas ratios máximas para esa etapa, y en el curso 2029-30 se iniciaría la aplicación de las futuras ratios de Bachillerato desde el primer curso. Todas las etapas tendrán aplicadas a todos los cursos las nuevas ratios como máximo en el curso 2031-32.
El presidente del Gobierno también adelantó que habrá un plan para otorgar la gratuidad en las aulas de cero a tres años a todos los hijos de familias con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, que se dotará con un presupuesto inicial de 175 millones de euros para los dos primeros años, y medidas para lograr un descenso de la carga burocrática que hoy soportan los docentes, materia esta última que no se trató en la reunión de este martes.
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