El Congreso aprueba la ley que permite abortar a las chicas de 16 y 17 años sin permiso paterno

El proyecto recibirá en el pleno el respaldo de los dos socios en el Gobierno, de las formaciones de izquierda y de los nacionalistas. La ley, que no incorporará ninguna de las objeciones del Poder Judicial (CGPJ), recibirá el no rotundo de PP y Vox y otro no de Ciudadanos, pero en su caso solo por su desacuerdo con que declare la maternidad subrogada explotación reproductiva.

La nueva ley del aborto podría entrar en vigor entre los próximos meses de febrero y marzo dependiendo de lo que se dilate la tramitación en Senado, que se hará por el procedimiento de urgencia. Estos son algunos de sus puntos principales:

Los plazos no varían respecto a la ley de 2010. El límite para la interrupción voluntaria son las 14 semanas de gestación, pero permite la intervención hasta la 22 si se dan malformaciones fetales o riesgo para la madre.

Las chicas de 16 y 17 años o las que tienen discapacidad intelectual ya no precisan de permiso paterno. Se crea un procedimiento judicial urgente y tasado para resolver las discrepancias entre menores de 16 y sus progenitores. El juez estará obligado a nombrar un defensor judicial que garantice los derechos de la menor y el fiscal intervendrá.

Suprime el período de reflexión de tres días, el tiempo que debía esperar la mujer antes de ratificar su intención de abortar. De igual manera, dejará de recibir, salvo que lo pida, el sobre sellado con la información acerca de ayudas de apoyo a la maternidad.

El punto central es que garantiza los abortos en hospitales públicos. Para lograrlo, regula de forma más estricta la objeción de conciencia. Habrá un registro autonómico para que las autoridades puedan organizar los servicios. La objeción será individual, previa, escrita y vetará los abortos en la pública y en la privada.

La mujer tendrá derecho a que la interrupción se haga en el hospital público más cercano, esté en su región o en una vecina.

Crea una baja específica para que mujeres con menstruaciones muy dolorosas e incapacitantes puedan descansar en casa. La baja será sufragada íntegramente por el Estado y no fija número de días concreto. Será el médico quien indique la duración. No hará falta mínimo de tiempo cotizado.

Todas las embarazadas tienen derecho a una baja desde la semana 39 hasta el parto. El permiso ha menguado durante la negociación. Igualdad lo pedía desde la semana 36.

Garantiza la financiación pública de todos los métodos anticonceptivos hormonales, con preferencia de los de última generación. Las autonomías crearán centros de atención sexual y reproductiva que darán gratis la píldora del día después.

La gestación subrogada es una práctica ilegal en España que pasa a definirse como «explotación reproductiva». Se prohíbe y sanciona la publicidad de los intermediarios (agencias, clínicas y abogados) que burlan la ley poniendo en contacto a españoles con vientres de alquiler en el extranjero y gestionando el proceso.

Los hospitales tendrán protocolos idénticos de buenas prácticas en todas las etapas del embarazo. Se deberá recabar siempre el consentimiento informado de la paciente, que será quien decida qué procedimientos autoriza y cuáles no. Se perseguirá el abuso de cesáreas y de episiotomías.

Modifica la ley de publicidad y declara de forma expresa que es ilícito todo anuncio que «promueva la prostitución», por lo que lo que tanto el autor como el difusor pueden ser perseguidos y sancionados con las fuertes multas.

Además de la gestación subrogada, el texto incluye también explícitamente como formas de violencia machista, prohibidas y perseguibles en España, la esterilización forzosa de mujeres con discapacidad intelectual y el embarazo y aborto forzados.