Aumenta la espera para obtener la dependencia, que vuelve a aproximarse a un año

El fuerte aumento de la inversión estatal en atención a la dependencia, con una mejora de la financiación del 150% desde 2020 a 2024 y con un plan de choque entre 2021 y 2023, supuso hasta el año pasado un notable impulso del sistema, muy dañado por los fuertes recortes gubernamentales de la década anterior, que entre otros datos le permitió reducir los solicitantes en espera en más de un 40% y bajar el tiempo de espera (el que trascurre de la solicitud a la ayuda) en más de dos meses en solo cinco años. Sin embargo, los últimos datos oficiales apuntan a que este impulso se ha frenado. El tiempo de espera vuelve a aumentar, y bastante, y la lista de espera todavía baja, pero ya a un ritmo muy pobre.

A 30 de junio, había 180.794 españoles que habían solicitado ser reconocidos como ciudadanos con derecho a recibir algún tipo de ayuda del sistema de la dependencia y que estaban a la espera de que las autoridades autonómicas de servicios sociales les respondiesen y pusiesen en marcha la prestación que les correspondía. Según la estadística del Ministerio de Derechos Sociales, eran 4.356 personas en espera menos que un año antes, lo que quiere decir que en los últimos doce meses el volumen de esta lista se ha recortado en un 2,4%.

Los datos indican que el ritmo de reducción de quienes esperan se ha ralentizado en estos últimos doce meses de forma notable. De hecho, es cuatro veces más lento que entre marzo de 2024 y marzo pasado, cuando la reducción lograda en la población en espera fue del 9,4%, con una rebaja de 18.832 personas, según los datos facilitados en abril por el propio ministerio. Derechos Sociales justifica ahora la bajada del ritmo por el fuerte aumento de nuevos solicitantes, que en doce meses habrían crecido en 133.155 ciudadanos, un 6% más.

La lista de espera, según el cómputo oficial, baja, pero con lentitud. Sin embargo, según las cuentas que hacen con los mismos datos oficiales la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, los ciudadanos en espera en realidad habrían crecido desde junio de 2024 y serían 286.861, 16.536 más que un año antes. ¿Dónde está la explicación de este desfase? En que el ministerio y las autonomías solo incluyen en la lista de espera a quien presentó la solicitud hace más de seis meses -que es el tope que marca la ley para que le den una respuesta y la ayuda- mientras los gerentes cuentan a todo el que está a la espera de una contestación a su solicitud.

En lo que sí están de acuerdo unos y otros es en que el tiempo que tiene que esperar un ciudadano para que las autonomías le digan si tiene o no derecho a una prestación por dependencia y se la den ha vuelto a aumentar, y no poco. La media estatal de los últimos doce meses marca una espera de 342 días, lo que significa un aumento de once días en un solo año (un 3%). El lapso en que el solicitante está en el limbo de la dependencia vuelve a aproximarse a un año (son ya once meses y ocho días) y es casi el doble del máximo de tardanza que admite la ley (seis meses). En la actualidad, se tarda más de ocho meses en decirle al ciudadano si tiene derecho a la dependencia y en qué grado y unos tres meses en que la comience a recibir la ayuda. Es un tiempo excesivo y el propio ministerio reconoce que bajarlo es «uno de los grandes retos del sistema».

Pero en esta espera abusiva no todos los territorios tienen la misma parte de culpa. De hecho, solo hay cuatro autonomías, que son las administraciones competentes en la gestión de la dependencia, que cumplan lo que ordena la ley. Castilla-La Mancha y Aragón resuelven las solicitudes en cinco o seis meses, el País Vasco en poco más de cuatro y Castilla-León, en tres y medio. Sin embargo, en otras cuatro comunidades la tardanza es máxima. En Galicia roza el año, en Canarias tardan un año y cinco meses largo y en Andalucía y Murcia son 19 meses (sobre un año y siete meses). En concreto, las comunidades que han contribuido a que la media de espera nacional haya subido once días en el último año han sido Murcia y Madrid, con aumentos de 49 y 46 días en doce meses; La Rioja, con una subida del retraso de 24 días, y Asturias, con 16 más.

El Ministerio de Derechos Servicios ha destacado que la fuerte inversión que ha inyectado en el sistema en los últimos años ha permitido un aumento notable de las personas que reciben ayudas en el hogar y en su entorno de residencia, que ya son el 56% del total de las prestaciones. Ha supuesto, indican, una fuerte subida de la teleasistencia, de la ayuda a domicilio y las horas prestadas per cápita y de las plazas de centros de día desde 2020, lo que permite cimentar, entienden, la tendencia que persiguen, que es que el máximo de dependientes puedan vivir con autonomía en sus casas, que es donde quiere estar la mayoría.

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