Unión de Campesinos de Segovia denuncia la falta de control en el sector apícola

Un apicultor trabaja en una colmena./E. N.
Un apicultor trabaja en una colmena. / E. N.

La organización quiere que tanto la Unidad Veterinaria de la Junta como los propios apicultores cumplan con la legislación vigente

MARÍA SOPENASegovia

El incumplimiento de la legislación por parte de los apicultores trashumantes, que viajan sin la documentación apropiada, y por la propia administración es un problema que, asegura la Unión de Campesinos de Segovia (UCCL), lleva arrastrando el sector durante muchos años. A Segovia y a las zonas altas y frescas viajan decenas de miles de colmenas cada año, fundamentalmente desde el Mediterráneo y Andalucía. «Hay una legislación que intenta regular la ganadería, en este caso el proceso de movimiento de colmenas, somos ganaderos y queremos que se cumpla con la legislación como en cualquier otra ganadería», comenta Juan Carlos Pérez, responsable de apicultura de la Unión de Campesinos de Castilla y León.

«El problema es que les da igual ir a la colmena que al teatro»

Uno de los problemas que hay con los colmenares estantes, las colmenas que permanecen siempre en el mismo sitio, es la enfermedad de la varroa. En los últimos años se ha incorporado mucha gente a esta ganadería como consecuencia de la crisis ya que esta especie ganadera permite poner una explotación con menos presupuesto que otras. Esta ganadería, desde el punto de vista sanitario, es mucho más peligrosa que otras porque no se puede confinar el ganado a una granja, «los zánganos y las abejas viajan a kilómetros a buscar miel donde hay colmenas muertas y corren el riesgo de contagio de enfermedades, algunos apicultoresno conocen la enfermedad con lo cual abandonan el colmenar y se mueren esas colmenas». «Hay mucha gente que ha comprado colmenares por emplear su tiempo libre en algo, lo cual es totalmente legítimo, el problema es que les da igual ir a las colmenas, al teatro o a pasear. Lo que no es legal es que muchas de esas colmenas estén medio abandonadas», concluye Juan Carlos Pérez.

La organización agraria solicitó una reunión con el director general de Producción Agropecuaria, Agustín Álvarez, que aún no han mantenido: «Pensamos que si se tratase de vacas, cerdos u ovejas y viajaran sin guía, la administración hubiese actuado rápidamente; todo este incumplimiento de las leyes deja en mal lugar a la administración, molesta a los vecinos y hace que se compita en producción de manera descarada».

Minoritarios, pero los hay

Uno de los afiliados a UCCL Segovia en la zona de Sepúlveda padece en su explotación este problema con otro colmenar que se encuentra muy próximo a él. Esta circunstancia se dio a conocer a la Unidad Veterinaria correspondiente de la Junta de Castilla y León y a la Guardia Civil hará unos 15 días, añadió Juan Carlos Pérez. «Vamos a hacer un seguimiento para ver cuánto tarda la administración en actuar», declaró. Son minorías aunque importantes, como aseguró Pérez, los agricultores trashumantes que incumplen la legislación. Una de las infracciones más graves que se produce es la mala identificación de las colmenas. «Estamos obligados a grabar las colmenas de forma indeleble y a fuego para demostrar que la colmena es tuya y que además, no es robada», explicó.

«Pensamos que si se tratase de vacas, cerdos u ovejas se hubiera actuado rápidamente» Juan Carlos Pérez, apicultor de Unión de Campesinos

Otro incumplimiento importante es no comunicar a la Unidad Veterinaria que un colmenar viaja de un sitio a otro y, comentó Pérez, «presuntamente el colmenar que estamos investigando no cumple con esa cuestión». Desde UCCL han pedido por escrito a la administración que les confirme la fecha en que este colmenar comunicó sus movimientos para ver si se produjo dicho aviso.

Otro de los problemas es que los ayuntamientos no conocen dónde se encuentran algunas de las explotaciones ganaderas de este sector, comunicación a la cual están obligados por la Ley de Prevención Ambiental. Y una infracción más que cometen los apicultores tiene que ver con el incumplimiento de las distancias establecidas entre las colmenas y ciertos lugares, que son por ejemplo, 400 metros a lugares públicos, 100 metros a viviendas rurales habitadas o 25 metros a caminos, que es el problema del colmenar investigado, pues se encuentra a menos de diez metros del camino más próximo. La distancia entre las dos colmenas, la del afiliado y la otra, es de 140 metros pero teniendo en cuenta el tamaño de las dos, deberían estar separadas por aproximadamente 700 metros.

El problema que resaltan es que si la administración tarda mucho tiempo en intervenir «las personas que lo incumplen cuando pasa un tiempo vienen, recogen la floración y se van, fastidian al que está legal». Unión de Campesinos está a la espera de que la Junta de Castilla y León se ponga en contacto con un colmenar u otro para pedirles la documentación.