Segovia

El TSJ ratifica la condena a prisión por estafa millonaria de un empresario y una empleada bancaria

La Audiencia Provincial de Segovia dictó sentencia en diciembre de 2024, al considerar probados los hecthos delictivos que llevaban a la imposición de cinco años y medio de prisión, además de una multa de 15 meses con cuota diaria de quince euros, al dueño y administrador único de la entidad mercantil Recambios Pezcauto, ubicada en Segovia. Por otro lado, una responsable bancaria de Caja Viva Caja Rural fue culpada a cuatro años de cárcel y multa de doce meses, como cooperadora necesaria del delito. Las penas privativas de libertad llevan aparejadas las accesorias de inhabilitación y el pago una parte de las costas procesales.

Las defensas impugnaron la resolución al considerar que se había infringido la presunción de inocencia y se había errado en la valoración de la prueba, entre otros motivos. Sin embargo, el TSJ decidió desestimar los recursos de apelación al considerar que existen pruebas suficientes para acreditar la participación de los condenados en los hechos y que el procedimiento realizado por la Audiencia de Segovia fue correcto. Por tanto, ha ratificado el fallo que les envía a prisión.

Los hechos a los que se refiere la pena se remontan a principios de 2019, cuando el dueño de la tienda de motocicletas aprovechó la firma de un protocolo de colaboración con la entidad bancaria para financiar las compras de sus clientes . No obstante, «aprovechando la facultad de intermediario» y alegando la mala situación económica que atravesaba, procedió a efectuar 63 operaciones de préstamo al consumo en beneficio propio, mediante el sistema de 'papel pelota'. El acusado se servía de la identidad de terceras personas -familiares y amigos- para simular la financiación de productos que vendía y así quedarse con el dinero.

El auto judicial hace hincapié en que, para «perfeccionar las obtenciones ilícitas», el condenado contaba con la colaboración de una empleada de Caja Viva. La responsable bancaria tenía capacidad de aprobar el pago de préstamos por importe de menos de 30.000 euros, por lo que autorizó las operaciones «a sabiendas de su origen ilícito y de la carencia de elementos esenciales para su admisión a cambio de percibir una parte de las cantidades obtenidas», detalla la sentencia.

La dinámica delictiva se prolongó hasta 2021, cuando la cuantía relativa a los préstamos obtenidos ascendió a 1.136.680 euros. El acusado tan solo había abonado 244.280 euros hasta esa fecha, lo que llevó a la entidad bancaria a detectar y cancelar estos procesos fraudulentos, asumiendo los perjuicios que se pudieran haber causado a los titulares.

La investigación del caso por parte de la Audiencia Provincial duró más de tres años. Durante este periodo, se analizaron las declaraciones de ambos acusados. El hombre reconoció parte de lo sucedido e inculpó a la empleada de la entidad bancaria, la cual negó los hechos. También participaron en el proceso otros trabajadores de Caja Viva Caja Rural en calidad de testigos. A ello se suman sendos expedientes de las operaciones fraudulentas, extractos de cuentas y un mensajes de WhatsApp cruzados entre los condenados que resultan «más que sospechosos».