Segovia, a la cola regional, deja de invertir 39 millones de euros en obras oficiales

Hace pleno de descensos con respecto al mismo semestre de 2024. Entre los meses de enero y junio, ambos incluidos, las tres administraciones -la central del Estado, la regional de la Junta y la local de los ayuntamientos- han ralentizado aún más el ritmo de adjudicaciones de todos los tipos de obras que recoge el informe en el ecuador del ejercicio que elabora la Cámara de Contratistas.

El freno afecta tanto a las infraestructuras civiles, ya sean hidráulicas, de transporte, sanitarias o educativas, como a la construcción o rehabilitaciones en viviendas y edificaciones de titularidad pública. Más que un parón es un retroceso, otro más, porque el signo negativo de la resta figura en cada apartado que desgrana el análisis. Si se echa mano de la calculadora y se suman unas tras otras las reducciones experimentadas en la comparación con los primeros seis meses del año pasado, la inversión total abierta a adjudicación se queda en 36,8 millones de euros.

No solo es la consignación más pobre de las licitaciones tramitadas en todas las provincias de la comunidad, sino que además, en términos relativos, supone un hundimiento de casi el 52% si se enfoca el espejo retrovisor un año atrás. El estudio de la Cámara de Contratistas de Castilla y León pone de manifiesto la sangría acontecida a lo largo del primer semestre, una hemorragia de financiación que el sector público se deja por el camino equivalente a 39,4 millones de euros. Ese es el montante económico que han dejado de licitar la Administración General del Estado, el Gobierno autonómico y los ayuntamientos de la provincia segoviana.

Este es el resultado de adelgazar la cartera de proyectos de obras civiles a llevar a cabo en la provincia. En seis meses, el volumen de procesos abiertos de contratación ha quedado menguado, pasando de los 105 que había en total sumados los tres ámbitos públicos entre enero y junio del pasado año a los 88 incoados en el mismo periodo de tiempo del presente 2025.

Las empresas implicadas en estos procedimientos, desde las constructoras hasta el grupo de compañías auxiliares como carpinterías, fontanerías o de abastecimiento eléctrico, acusan el desplome. Lo que venía siendo un mercado ya de por sí reducido y limitado, en el primer semestre del año se ha empequeñecido aún más. La tarta de la obra oficial deja menos trozos para repartirse y los que salen de los proyectos que han empezado los trámites son más modestos.

Lo peor no es únicamente esta caída, sino la tendencia que marca en el ámbito territorial de Segovia, que padece una concatenación de contextos poco propicios para la contratación promovida por el sector público, ya sea a través del Estado, de la Junta o por medio de las corporaciones de la entidades municipales.

Para muestras, algunos botones de esa actividad aletargada. Por ejemplo, el retraso acumulado de unas semanas en la licitación de las obras para renovar cuatro plazas en el barrio de Nueva Segovia, lo que ha obligado a reducir los plazos de ejecución establecidos por el Ayuntamiento de la capital para que la compañía adjudicataria se apresure a cumplir con el tiempo de ejecución establecido en el proyecto de fondos europeos que financia esta rehabilitación.

La Consejería de Sostenibilidad Ambiental del Consistorio es una a la que los contratistas esperan como agua de mayo, ya que tiene pendientes ocho actuaciones que ha de sacar a licitación en breve, con un valor conjunto de 2,7 millones de euros para completar el programa 'Acueductos de Biodiversidad', cuya financiación goza de la inyección de fondos europeos. De ahí que tengan que se estrictos en los plazos y en la justificación del acabado de las obras.

Los ayuntamientos son los que menos pierden en la comparación con el primer semestre del curso anterior. El descenso de la cuantía invertida en el cómputo de los 63 procedimientos que han salido a licitación entre enero y junio es de prácticamente el 14%. De los 10,4 millones de euros que promovieron en obra oficial los consistorios al llegar al ecuador de 2024 se ha pasado a 8,9 millones, según los datos publicados por la Cámara de Contratistas de Castilla y León en su informe.

Prácticamente uno de cada cuatro euros presupuestados por las administraciones públicas sale de arcas municipales. Al menos así ha sido en el primer semestre del presente año. Por su parte, la Junta es la que, en proporción, más porción de tarta pone en juego.

El 44% de las iniciativas de obra civil que se han promovido para su adjudicación entre enero y junio en la provincia corresponden a infraestructuras de titularidad autonómica. Entre ellas, un plato fuerte por la relevancia del proyecto, porque arrastra dos decenios de reclamaciones por parte de la sociedad para que sea una realidad y también por la cuantiosa previsión inversora. Se trata del futuro centro de salud de Cuéllar. Cabe recordar que el Consejo de Gobierno de la Administración regional autorizó en abril el inicio de la licitación por un importe de más de 8,1 millones de euros. A finales de mayo se publicó y el proceso está ahora en fase de evaluación de las ofertas.

Sin embargo, la Junta de Castilla y León es la institución pública en la que más se han recortado las contrataciones. Si bien en el cuanto al volumen de obras oficiales la merma no es demasiado notoria -de 19 a 17 proyectos-, donde más se nota el retroceso es en el montante económico invertido en el primer semestre de este año. El Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco se ha dejado 34,2 millones de euros por el camino andado durante los últimos doce meses. Ha pasado de promover licitaciones valoradas en 50,4 millones a hacerlo por 16,2 millones de euros. La caída es de casi el 68%. Aun así, es la partida más cuantiosa de los tres sectores públicos.

La Administración central también tiene su parte de responsabilidad en la bajada de la inversión global dedicada a obras civiles en la provincia segoviana. Y es que el estudio provisional realizado por la Cámara de Contratistas de Castilla y León para analizar el comportamiento del primer semestre del ejercicio da cuenta de un retroceso del 24,5% en la financiación asignada a infraestructuras públicas impulsadas por el Estado. El presupuesto conjunto de las ocho iniciativas emprendidas este curso desciende a 11,6 millones de euros frente a los 13,4 millones promovidos en los primeros seis meses del pasado año.

Esta disminución está en buena parte ocasionada porque ha habido menos adjudicaciones en liza, como también se extrae del informe profesional. De hecho, la nómina de proyectos de licitación de infraestructuras públicas impulsadas por el Ejecutivo de la nación ha quedado reducida a la mitad si se compara con 2024, cuando el Estado inició dieciséis expedientes.

Ni las edificaciones ni las obras oficiales como pueden ser las carreteras o depuradoras, por ejemplo, se libran del desplome. En cuanto a las primeras, en la mitad del año se han abierto 39 licitaciones, siete menos que en el mismo periodo del curso anterior. Los ayuntamientos son los más activos, con veintitrés promociones, mientras que la Junta está detrás de diez y el Estado, de seis. En esa comparación temporal, también sale perdiendo este 2025, que en el intervalo que va desde enero a junio ha registrado 49 contrataciones que empezaron la andadura burocrática para encontrar empresas que las ejecuten. Son diez menos que las que salieron doce meses antes, como recoge la cámara autonómica.