Segovia

Las sanciones de Inspección de Trabajo cuestan 1,5 millones de euros a las empresas

La oficina provincial de Inspección de Trabajo cuenta con un total de 18 efectivos, por lo que Segovia se convierte, junto a Soria, en la provincia de Castilla y León con menos personal dedicado a la supervisión del cumplimiento de la normativa laboral. El equipo está compuesto por un jefe de inspección, cuatro inspectores, seis subinspectores y siete empleados de apoyo encargados de iniciar procedimientos para detectar posibles infracciones laborales, lo que incluye la visita a empresas o la apertura de expedientes sancionadores.

Estos trabajadores vigilan y exigen el cumplimiento de las leyes, reglamentos y el contenido normativo de los convenios colectivos de los diferentes sectores, aunque también prestan servicios de asistencia técnica, así como de arbitraje, conciliación y mediación. Son los responsables de ordenar las relaciones sindicales, de informar sobre la aplicación de nuevas iniciativas de carácter social y de controlar las ayudas o subvenciones públicas, entre otras muchas tareas.

A lo largo de 2024, los inspectores y personal colaborador participaron en cerca de 7.000 actuacionesen la provincia, que en su mayoría concluyeron con requerimientos para remitir cierta documentación o para llevar a cabo la adaptación a determinadas normativas. No obstante, también hay constancia de la notificación de 400 infracciones, lo que lleva aparejada las correspondientes multas.

El último informe elaborado por el Consejo Económico y Social de Castilla y León, que analiza datos del último ejercicio cerrado, permite conocer los resultados de la labor diaria de Inspección de Trabajo. Esta se divide en varias materias, donde sobresale la economía irregular y el trabajo de extranjeros, un asunto que acapara las sanciones más graves y cuantiosas, hasta superar los 663.000 euros en multas. Los expedientes abiertos por presuntas infracciones cometidas durante 2024 se dispararon a 81, lo que supone un incremento del 32% en comparación con el año anterior.

Los comportamientos penados por este asunto, que han requerido la realización de cuatro visitas a los centros de trabajo por parte de los inspectores, son principalmente la existencia de irregularidades con los permisos de trabajo de foráneos o conductas ilícitas a la hora de contratar personas extranjeras. Sin embargo, el ámbito que suma más infracciones en términos absolutos es el de la Seguridad Social, ya sea por fraudes relativos a las situaciones de paro o bajas médicas o por la falta de alta de los trabajadores al sistema público de empleo, entre otros ejemplos.

La Inspección de Trabajo abrió 3.085 procedimientos para investigar el cumplimiento de la normativa en materia de Seguridad Social en Segovia, de los cuales 161 concluyeron con sanción. Esto eleva el promedio a más de 13 multas al mes, un hecho que se traduce en el desembolso de 492.000 euros por parte de las empresas culpables. Precisamente, el informe del Consejo Económico y Social calcula que las infracciones cometidas perjudicaron a un millar de personas. La resolución de los casos supuso a su vez 474 empleos aflorados, todo ello a partir de la labor supervisora de los inspectores.

Los requerimientos efectuados en 2024 fueron numerosos por cuestiones de seguridad y salud laboral. Hubo 65 infracciones identificadas en más de 700 visitas llevadas a cabo por el personal de Inspección de Trabajo en diferentes establecimientos de la provincia, lo que supuso a las empresas un coste de 206.000 en concepto de sanciones. En este sentido, se abrieron 37 actas para exigir la adaptación a los planes de prevención de riesgos laborales. También destacan los avisos emitidos en materia de relaciones laborales, donde las comunicaciones enviadas a los negocios segovianos en las que se advertía de aspectos que debían solucionar repuntaron un 13%.

La mayoría de las infracciones observadas se correspondían con la obligación de transformar contratos temporales en fijos. A ello se une el requisito de implementar de planes de igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el seno de las empresas, así como el respeto a la jornada laboral, el periodo de vacaciones y el derecho a la desconexión digital. El incumplimiento de estas condiciones supuso el pago de 147.266 euros en multas por parte de empresarios de la provincia.