La 'resistencia' segoviana a la Ley de Memoria Histórica

El alcalde de Cantalejo, Máximo San Macario, supervisaba en 2016 la sustitución de las placas de calles con reminiscencias franquistas. /Antonio Tanarro
El alcalde de Cantalejo, Máximo San Macario, supervisaba en 2016 la sustitución de las placas de calles con reminiscencias franquistas. / Antonio Tanarro

Fuenterrebollo, Honrubia de la Cuesta y Turégano, entre los municipios que de momento se han negado a cambiar la nomenclatura franquista de sus calles

César Blanco Elipe
CÉSAR BLANCO ELIPESegovia

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha actualizado la lista de localidades que o bien no han suprimido los vestigios de la dictadura franquista de sus callejeros o edificios, o bien se han negado a ello. En la provincia de Segovia, el representante de la formación política valenciana incluye en la nómina catorce localidades a cuyos ayuntamientos ha instado para que cumplan con la ley sobre la memoria histórica.

Algunos están en vías de dejar de figurar en esta nómina, ya que han aportado las actas plenarias en las que se da fe de la intención de retirar símbolos o nomenclatura evocadores del franquismo. Otros han facilitado la petición al Instituto Nacional de Estadística para que dé de baja de su censo de calles las denominaciones que la Ley de la Memoria Histórica prohíbe. Y los menos tienen encima la lupa del senador por rechazar el requerimiento de Mulet. Uno es Fuenterrebollo, donde el catastro sitúa en torno una docena de calles con reminiscencias del franquismo.

El más claro ejemplo es la avenida del Generalísimo. El portavoz de Compromís tiene colocada una equis junto al nombre de este pueblo y una anotación al lado que dice «altamente impertinente», en alusión a las negativas que ha recibido en sus intentos por que el Consistorio modifique esa nomenclatura.

Anterior a la Guerra Civil

Otro es Honrubia de la Cuesta. El Ayuntamiento de este término contestó a los requerimientos del senador y aportó documentación para sustentar su posición, que no es otra que no va a sustituir la actual denominación de la plaza Primo de Rivera. En una respuesta al Senado enviada este mismo año, el Consistorio esgrime que ese enclave de la polémica se llama así desde antes de que estallara la Guerra Civil en 1936.

De hecho, en su respuesta adjunta la partida de nacimiento de una vecina datada el 7 de abril de 1926 en la que ya figura en nombre de plaza de Primo de Rivera, «por lo que entendemos que dicha calle no está afectada por la Ley de Memoria Histórica», concluye el escrito del Ayuntamiento de Honrubia de la Cuesta remitido a la Cámara Alta a mediados del pasado mes de julio.

El tercero de los municipios segovianos que se le resiste a Mulet es Turégano, al que el portavoz en el Senado por Compromís ha instado en numerosas ocasiones a que aporte la documentación necesaria para comprobar si existe la plaza de José Antonio en la villa o si el Ayuntamiento ha tramitado con el INE la baja de dicha nomenclatura en aras del cumplimiento de la legislación. Entre 2017 y este año que ahora acaba ha habido numerosas notificaciones, tal y como recoge el senador en su balance de actividad. Sin embargo, en las conclusiones al cierre del ejercicio es que el Ayuntamiento tureganense no cambia la denominación.

En una respuesta registrada en agosto del año pasado, los portavoces de los tres grupos municipales con representación en la corporación (PP, PSOE y Cs) rubrican que el Consistorio no pretende esquivar la normativa, aunque sí se queja de que el Estado no ha dotado con un solo euro la aplicación de la legislación, lo que la deja en cierto modo incompleta.

Sí cambian

En cualquier caso, esta contestación reconoce la existencia de una plaza dedicada al fundador de la Falange; sin embargo, apostilla «no tener datos para saber sus antecedentes». Asimismo, hace hincapié en que el Ayuntamiento de Turégano «no dispone» de los medios que requiere la retirada de unos símbolos «de considerable tamaño y peso». Dicha supresión y la posterior remodelación supondrían un coste de unos 15.000 euros, «cantidad que no ocupa una prioridad en las necesidades del municipio».

En el capítulo de cumplidores, Carbonero el Mayor, Veganzones, Lastras de Cuéllar, Fuentepiñel, Cabezuela, Boceguillas, Sanchonuño, Cantalejo, Zarzuela del Pinar, Labajos y Cuéllar. Este último municipio ha trasladado al INE el cambio de nombre de la plaza del Caudillo.