El Real Sitio pide ayuda al Gobierno y la Junta para desarrollar suelo residencial

El precio medio del metro cuadrado en el Real Sitio es más alto de los 1.601 euros de Segovia capital, según un estudio elaborado por la inmobiliaria Siete Picos. El último dato de venta en mayo lo eleva a 2.480 euros, un 11,1% más que el año anterior. Al ampliar la perspectiva a los últimos cuatro años, el incremento en los pisos (un 32.6%) duplica el de las casas (15,8%), una tendencia que se mantiene en el último año: las casas han subido un 4,1% y los apartamentos, que son más en la bolsa de inmuebles disponibles, un 14,2%.

El alcalde del Real Sitio, Samuel Alonso, habla de «un problema casi histórico» que su Ayuntamiento, defiende, «ha ido atendiendo» pese a que las competencias en la materia son de la Junta. «Se han ido poniendo viviendas a disposición en los últimos 25 años, sobre todo a través de cooperativas vecinales». El desarrollo paulatino de esas bolsas de suelo municipal se ha traducido en unas 250 o 300 viviendas, con diferentes calificaciones de protección. Aquello desembocó en un cuello de botella. «En los últimos ocho o diez años, el suelo es de otras administraciones supramunicipales [Patrimonio Nacional o ministerios como el de Hacienda o el de Transición Ecológica]». En ese contexto, la baza municipal es sacar esas pequeñas bolsas. La última, tras cuatro años de trámites, pondrá en el mercado 21 parcelas en la Pradera de Navalhorno, que saldrán en bloque, frente a la petición de IU de distribuirlas en lotes más pequeños para facilitar que accedan a ella pequeños propietarios. Alonso replica que las parcelas están sin urbanizar y quien las adquiera deberá hacerlo para ponerlas después a disposición como solares. «Ojalá fuera una cooperativa». Aunque podría ser una promotora.

A eso se unen otras iniciativas privadas cuyos precios varías según la zona. El alcalde subraya que la obra nueva en el casco histórico o cerca del palacio en La Granja siempre ha sido para una economía «medio-alta», pero admite que la falta de oferta hace que el mercado sea efímero. «Si un piso sale en los precios normales, se vende de manera rápida. En alquiler, lo mismo. Ya no es que sean caros o baratos, es que apenas encuentras». Un desequilibrio que explica porque los desarrollos urbanísticos han sido «muy ajustados», especialmente en lo referente a viviendas unifamiliares. «No son tan prolíferos como en otros municipios de alrededor. Aparte de que no son posibles legalmente».

En su Plan General de Ordenación Urbana, el Ayuntamiento tiene proyectados los futuros ensanches de La Granja y Valsaín –el primero es privado, el segundo es de Segipsa, parte del Ministerio de Hacienda– «complejos trámites, pero posibles» para desarrollar viviendas «con algún tipo de protección». Más de la mitad en Valsaín y un 80% en La Granja, pero eso requiere que el propietario desarrolle los suelos. «¿Qué ocurre? Están proyectados a medio plazo y el problema lo tenemos en la mesa de manera inmediata». Alonso admite que ese perfil inmobiliario cotiza menos. «Se apuesta más por una vivienda 'libre' para economías más altas. Por eso sería importante que las Administraciones desarrolláramos vivienda pública en el medio rural. No solo en nuestro municipio. Hables casi con quien hables, tienen demanda, pero no oferta suficiente. Y la que tienen, al ser privada, no cumple las expectativas económicas de los vecinos».

El alcalde apunta a que la vivienda vacía es residual en el Real Sitio, donde sí proliferan las segundas residencias que triplican su población en verano hasta superar los 20.000 habitantes reales. «Edificios que habían estado abandonados durante décadas están siendo rehabilitados y puestos en el mercado». Una práctica rentable para inversores y propietarios rasos. En la Plaza de los Dolores hay pisos que superan los 250.000 euros y en la zona cerca de las piscinas o el campo de palo están en 160.000. «Ahí sí que han comprado vecinos del pueblo. Sí que hay una diferencia importante en función del lugar, aun siendo La Granja, que está todo cerca».

Con ese diagnóstico, Alonso ha pedido a la Junta y al Ministerio de Vivienda «sacar algún tipo de promoción para gente joven que ya está asentada laboralmente que puede permitirse una vivienda a un precio normal porque en estos momentos no existe esa oferta en el municipio». Admite que hay promociones –muchas impulsadas por la familia Aguinaga, uno de los grandes tenedores–, pero aboga por cubrir lo que llama «una oferta más social». Un quiero y no puedo. La materia de vivienda en pueblos por debajo de 20.000 habitantes es competencia regional. «Nosotros lo peleamos y estamos gestionado diferentes expedientes de suelos municipales con la idea de poner en el mercado todo aquello que sea posible para paliar de alguna manera esa sobredemanda que tenemos».

Y no sobran alternativas. «Hasta hace unos años, la gente se iba de alquiler a un pueblo de alrededor, hago un poco de hucha y me planteo comprar una vivienda, pero es que los precios ya no se diferencian de una manera exagerada». Habla de Palazuelos de Eresma, La Lastrilla o incluso Bernuy de Porreros. «Es verdad que nosotros no podemos sacar de repente a la venta 50 parcelas, pero no creo que los macrodesarrollos deban ser nuestra filosofía porque los recursos naturales cada vez escasean más. Y la gente quiere vivir aquí por su tranquilidad». Una paradoja quizás sin solución a la vista. «No es algo de La Granja o Valsaín, es un problema de Estado que se tiene que solucionar de manera coordinada y sin guerras políticas. Aquí tenemos un problema serio, pero hay sitios en los que no hay quien viva».